sábado, 26 de noviembre de 2011

Despido Libre

Todavía no entiendo los motivos por los que el Estado obliga al empresario a indemnizar a un trabajador en caso de despido. En ocasiones se cita el término "protección" del trabajador y determinados agentes sindicales y políticos aluden a supuestos derechos. Una posible explicación sería reconocer que la parte que rompe el vínculo laboral debiera indemnizar a la otra en virtud de un supuesto perjuicio ocasionado pero aún así no llego a comprender a qué perjuicio se refiere. Tampoco es entendible que el citado perjuicio se produzca desde el empresario hacia trabajador pero nunca a la inversa. 

En esta crisis que parece no tener fin, algunos sesudos políticos -de ideología colectivista- han sugerido que si las indemnizaciones hubieran sido más altas no hubiera habido tantos despidos; desde esa lógica, se debería despedir con 90 días o 180 días por año trabajado y todo arreglado. ¿Sencillo, verdad?. Lo malo de la ideología es que la gente piensa con el hígado en lugar de usar el cerebro. La ideología colectivista, por lo que parece, se construye en parte sobre el paradigma cristiano de que la riqueza es pecaminosa: "Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos". Solamente así es posible considerar al empresario como un ser malvado y que el Estado deba proteger a los trabajadores de sus posibles abusos. Argumentaré porqué no considero apropiada la indemnización por despido:

1º. Es una injerencia del Estado en la empresa, y como propiedad privada que es, compete en exclusiva a sus legítimos dueños tomar decisiones que afecten a su estructura interna. 
2º. La indemnización por despido ocasiona en algunos trabajadores una sensación de seguridad que lo va equiparando, a medida que transcurren los años, al estatus de impunidad laboral propia de un funcionario.
3º. En otros casos, los trabajadores se convierten en rehenes de su propia indemnización y, aunque desearían cambiar de trabajo, no lo hacen por no perder aquella. A veces sucede que el trabajador decide cambiar de trabajo y utiliza estrategias abyectas para forzar el despido improcedente; por ejemplo, disminuyendo su rendimiento laboral.
4º. Por último, la indemnización por despido se convierte en el mayor obstáculo a la contratación. Cuanto mayor sea la primera, menor será la segunda. 

Todo esto que expongo es vox populi entre empresarios e incluso entre los propios trabajadores pero los descerebrados que nos gobiernan no son capaces de entenderlo. Pueden comprender -y estoy de acuerdo- que debería ser igual de fácil casarse que divorciarse pero no quieren aplicar este mismo principio en el ámbito laboral. Mientras tanto el empleo no despega, se suceden los ERE,s, nuestros hijos bien cualificados deben emigrar y mucha gente se ve forzada a la economía sumergida. La economía es una ciencia social y en sus orígenes nació como ciencia moral (Adam Smith fue profesor de filosofía moral). El despido libre es una medida absolutamente moral, legítima y además conveniente para crear empleo y riqueza.

sábado, 12 de noviembre de 2011

Contra la Fundación Tripartita (I)

Muchas personas han oído hablar de la Fundación Tripartita. Desde 2004 llevo trabajando con ella puesto que mi empresa es "Entidad Organizadora" de los cursos que se imparten en las empresas. Me gustaría compartir con ustedes algunas reflexiones sobre este sistema estatalista de promover la formación continua de los trabajadores e intentaré argumentar, desde una óptica liberal, que se trata de un sistema perverso.

El sistema funciona así: Cada vez que un empleado cobra su nómina y cada vez que un empresario paga los seguros sociales, el Estado les detrae (a ambos) una cantidad de dinero que luego debe ser empleada necesariamente en la formación de los trabajadores que integran una empresa. La cantidad detraída durante un año natural a toda la plantilla es el crédito que la empresa dispone para gastar al año siguiente en cursos. Las empresas contratan a formadores o envían a sus trabajadores a diferentes cursos y pagan las facturas correspondientes. Las cantidades satisfechas son devueltas a la empresa mediante bonificaciones en los seguros sociales (TC1). Si la empresa no gasta en formación o le sobra dinero a final de año, el Estado se embolsa el sobrante y materializa un "saqueo" más, de los muchos a los que estamos sometidos en nuestro actual sistema colectivista. 

Hecha esta introducción, expondré algunas consideraciones:
1. Al actuar de esta forma, el Estado presupone que tanto empresarios como empleados son seres irresponsables incapaces de invertir en formación y por eso es preciso quitarles su dinero de forma preventiva "por su propio bien" para forzarles a que hagan cursos.
2. Las normas que regulan la realización de los cursos bonificados y los trámites que se realizan a través de una aplicación telemática suponen unos costes extra para la empresa. Por ejemplo, deben contratar personal extra para usar el sistema o bien deben contratar empresas de formación y consultoras -como es mi caso- para que les realicen estos trámites. Esta barrera de conocimiento, ocasionada por la regulación estatal, ha ocasionado que muchas PYMES no hayan sabido usar el sistema y hayan perdido año tras año su dinero.  
3. En los últimos años han proliferado las empresas de formación que ofrecen "cursos gratis" bonificados para que las empresas gasten su dinero, a veces sin criterio ni sentido. Consumir el crédito antes de fin de año para que no se lo quede papá-Estado suele ser un argumento de ventas. 
4. Otro problema recurrente es que cualquier error en los trámites supone una disconformidad de la F. Tripartita con la consecuente devolución de parte del dinero.
5. Los empresarios y autónomos están excluidos del sistema y no pueden beneficiarse de los cursos.

Es una contradicción que el Gobierno enaltezca la competitividad de las empresas y haga todo lo contrario. La acción preventiva del Estado y las regulaciones -en este y otros aspectos- sobre las empresas es un lastre para su competitividad. Hemos visto un ejemplo de cómo el Estado, actuando tal vez de buena fe pero con un paradigma equivocado, perjudica gravemente a los ciudadanos; como algunos padres que alegan querer a sus hijos pero los hacen infelices. Lo que yo he observado es que muchas empresas sobreviven, no gracias a la acción del Estado, sino a su pesar. Existen causas objetivas que explican la precaria situación económica de España. La principal, a mi entender, es poseer creencias falsas.

miércoles, 9 de noviembre de 2011

Debate Rubalcaba-Rajoy: Lo que no se dijo

El "Gran Debate", como pomposamente titularon los organizadores del pasado cara a cara televisivo entre Rubalcaba y Rajoy resultó ciertamente decepcionante. Cada candidato se presentó con la lección aprendida y más que un debate la discusión parecía seguir un guión preestablecido. De hecho, Rajoy, por dos veces espetó a Rubalcaba: "Sabía que usted me lo iba a decir...". En fin, asistimos a un montaje espectacular de medios y marketing televisivo para tan poca cosa.
Es cierto que en España hay 5 millones de parados y que los aspectos económicos y laborales son una gran preocupación de los ciudadanos. Sin embargo, en España somos 46 millones y a todos -parados y activos- nos interesan muchas cosas que a modo de "pacto entre pillos" no se dijeron. 

Ni una sola mención a la corrupción política, a mi entender, principal problema de España. 
Ni una sola mención a la politización y manipulación de la Justicia y tampoco a su lentitud e ineficiencia.
Ni una sola mención (salvo el asunto de las Diputaciones) al cáncer que supone la estructura política del Estado, con 4 niveles administrativos, y que todos debemos sostener a costa de rascarnos el bolsillo. 
Ni una sola mención a eliminar el Senado, institución claramente prescindible. 
Ni una sola mención para eliminar las asignaciones económicas que reciben los partidos políticos y sindicatos. 
Ni una sola mención para citar el papel mafioso de los sindicatos, corresponsables de tantas empresas destruidas. 
Ni una sola mención a las miles de empresas públicas creadas principalmente por PP y PSOE en todos los niveles de la Administración y que han servido para robar el dinero a los ciudadanos (vía impuestos) y regalárselo a sus afiliados, amigos, primos, cuñados, queridas y demás fauna que habita en el clientelismo político. 
Ni una sola mención para modificar el sistema electoral. Rubalcaba mencionó (poner una cruz) tímidamente instaurar las listas cerradas, y la pregunta es: ¿por qué en 7 años no lo han hecho?
Ni una sola mención a las miles de empresas y autónomos jodidos porque los ayuntamientos no les pagan sus facturas y los mandan a la quiebra; ¿cuantos alcaldes han ido a la cárcel por no pagar?; eso sí, en el primer pleno de cada legislatura todos los concejales votan por unanimidad su propia subida de sueldos. ¡Menuda panda de mamones!
Ni una sola propuesta para rebajar las tasas excesivas que los ciudadanos debemos pagar a notarías y registros de la propiedad. 
Ni una sola propuesta para eliminar la obligatoriedad de pertenecer, por cojones, a los Colegios Profesionales; cuando debería ser voluntario tal y como se hizo con las Cámaras de Comercio. 
Ni una sola propuesta para reducir el estatus faraónico y ostentoso de los altos cargos públicos, diputados, senadores y demás "señorías" cuando están en activo y cuando se jubilan. 
Ni una sola mención para abolir los privilegios manifiestamente inconstitucionales de la Iglesia Católica y la asignación de 10 mil millones de euros que recibe del Estado. 

En fin, no quiero extenderme más, pero lo importante del "pequeño debate" y "gran farsa" no fue tanto lo que dijeron sino lo que culposamente ambos pillos callaron. Señores Rucalcaba y Rajoy, algunos españoles no somos idiotas y todavía nos queda algo de sesera para culpar a los dos grandes partidos de la mierda de país que tenemos.