domingo, 27 de octubre de 2013

Nelson: ¿héroe o pirata?

Entre el 22 y el 25 de julio de 1797 el almirante de la Real Marina Británica, Lord Horacio Nelson, atacó la ciudad de Santa Cruz de Tenerife con la intención de someter esta isla canaria al mandato de la Corona Británica. Las fuerzas invasoras contaban con 4 navíos, 4 fragatas y 900 hombres para realizar el desembarco. La defensa, al mando del general Antonio Gutiérrez de Otero, estaba compuesta principalmente por milicias populares, unos 1.700 efectivos, pues la plaza contaba con pocos militares. Las pérdidas humanas fueron, por parte británica, 349 bajas: 44 muertos en combate, 177 ahogados, 5 desaparecidos y 123 heridos; entre ellos el propio Nelson que perdió el brazo derecho durante el ataque. Las bajas canarias se redujeron a 72: 32 muertos y 40 heridos. No es mi intención hacer un relato histórico de la gesta sino reflexionar sobre el culto que tradicionalmente se les ha dispensado a los invasores y conquistadores. No creo que el hecho de agredir, matar, destruir o amenazar usando la violencia, sea en nombre propio -como los piratas- o en nombre de una nación -como los militares- pueda ser considerado digno de elogio. Solamente la defensa privada o pública de la vida y la propiedad puede ser tenida por un acto legítimo y noble. La admiración por la gestas militares ha sido tan alta en la historia, que la propia ciudad de Santa Cruz de Tenerife, olvidando el oprobio del inglés atacante y deshonrando la memoria de sus defensores muertos y heridos, posee una calle dedicada al insigne pirata. 

El único homenaje a las víctimas del ataque de 1797 lo constituye una estatua de bronce "El grito" o "La mujer embarazada", alegoría a la desesperación y el dolor de una madre que pierde a su hijo. Y también, la modesta calle dedicada al héroe de la defensa, general Gutiérrez. 
Que la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, después de haber borrado los nombres de muchos militares españoles que participaron en la guerra civil (1936-1939), mantenga la calle dedicada a Horacio Nelson, un pirata al servicio de la corona británica, es una ofensa a la memoria de los canarios que defendieron la ciudad, a sus descendientes y a los actuales ciudadanos de Santa Cruz. Nunca sabremos si los muertos, heridos y familiares de los caídos en la contienda hubieran perdonado tan infame e injustificada agresión pero, aunque así fuera, no parece apropiado que los gobernantes de un pueblo digno y honrado, como el santacrucero, honren la memoria del jefe de una banda de criminales. Por ello, propongo que el nombre de la referida calle Horacio Nelson, situada en el barrio de Salamanca de la capital tinerfeña, sea sustituido por el de "Defensores del 25 de Julio" o "Héroes del 25 de Julio".


miércoles, 18 de septiembre de 2013

Sobre la renovación de la planta hotelera en Canarias

Escucho con frecuencia en la radio a políticos, periodistas y tertulianos varios hablando sobre qué estrategias son más convenientes para el turismo en Canarias y no puedo sentir otra cosa que una mezcla de tristeza y cólera frente a tanto desatino. No es que yo tenga la solución para que los hoteles se llenen de turistas, ni mucho menos, el problema es que ellos: jerarcas de la política canaria, indigentes intelectuales que jamás han abierto un libro de economía, esos que nunca han pisado la empresa privada, ni llevado un negocio propio y mucho menos dirigido un hotel, pretenden saber mejor que nadie qué conviene a empresarios y turistas. Es difícil encontrar, a la vez, tanta arrogancia e idiocia.

Los empresarios no son infalibles, ni mucho menos, pero si alguien está capacitado y avalado por la experiencia para tomar las mejores decisiones empresariales son ellos. Los políticos deberían de abstenerse de intervenir en la economía y, en este caso, en el turismo. En primer lugar, los hoteles y los terrenos para construir nuevas instalaciones son propiedad privada y, a nadie, excepto a sus propietarios, corresponde decidir sobre ellos. Impedir la construcción de nuevos hoteles y subsidiar la rehabilitación de los viejos es un acto arbitrario e ilegítimo que viola los derechos de propiedad. En el primer caso, se viola la libre disposición de un terreno particular y en el segundo, se beneficia al hotelero subsidiado a expensas del dinero expropiado a los ciudadanos.
Además, en ambos casos, siempre existe la posibilidad de que políticos y funcionarios prevariquen favoreciendo a sus amigos o exijan mordidas a cambio de favores. Recordemos que intervencionismo y corrupción política van siempre de la mano. Por este motivo, entre otros, a los políticos les encanta intervenir y "reparar" las imperfecciones del mercado. Lo que siempre sucede es que la "mano invisible" del mercado se sustituye por la "patada visible" del Gobierno.

Otra intervención perniciosa sería forzar a las entidades bancarias a otorgar créditos preferentes para la rehabilitación de la planta hotelera, es decir, a un interés inferior al que fijara libremente el mercado financiero; o presentar avales públicos en favor de los hoteleros que pidan créditos. De este modo, el mayor riesgo crediticio se traslada artificialmente a los bancos o a los contribuyentes, según cada caso.  
No parece, por tanto, extraño que el lobby hotelero (ASHOTEL) se frote las manos y pida "mayor dotación económica para la renovación de la planta hotelera".


Los políticos, no entienden -o no quieren entender- cómo funciona el mercado. No admiten que los turistas, tal vez, prefieran alojarse en hoteles viejos a cambio de un precio menor. Tampoco entienden que los empresarios, que arriesgan su dinero, opten por agotar la propiedad y no invertir si no vislumbran suficientes ganancias futuras. No existe diferencia conceptual alguna entre agotar la vida útil de un hotel y la de otro negocio cualquiera, ¿por qué empeñarse en rehabilitar los hoteles y no los bares, taxis u hospitales? Si alguien decide no pintar su casa o mantener en uso un coche viejo ¿qué problema hay? Subsidiar la renovación de un edificio es igual de nocivo que el plan PIVE: se beneficia a las industrias hotelera y automovilística, respectivamente, a expensas del contribuyente.

Querer diseñar, mediante la coacción legislativa, un "modelo turístico" arbitrario interfiriendo los deseos del mercado es una ensoñación propia de ilusos que sólo perjudica a empresarios, turistas y contribuyentes. Una gran virtud del liberalismo es precisamente tener la humildad de reconocer que la información necesaria para tomar buenas decisiones económicas está dispersa en el mercado y nunca en la mente de unos cuantos políticos iluminados.

sábado, 17 de agosto de 2013

El robo del I.B.I.

El pasado mes de junio recibí el cargo correspondiente al Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) conocido popularmente como la "contribución". El pago era referido a un piso de 109 m2 en la ciudad de Santa Cruz de La Palma (Canarias). Entre los años 2004 y 2008, el incremento del IBI fue similar al aumento del coste de la vida (IPC) pero desde que entramos en esta crisis los ayuntamientos han aplicado, cada año, subidas realmente confiscatorias y abusivas. En mi caso, pagué 156€ en 2008 y 342€ en 2013; es decir, más del doble en cinco años. O sea, mientras el IPC ha subido 5,5% (datos INE, provincia S/C Tenerife) en los últimos cinco años, el IBI de Santa Cruz de La Palma lo ha hecho 118%. ¿Acaso no es esto un atraco?

El IBI se calcula multiplicando el Valor Catastral (V) por el tipo de gravamen (G). El primero lo fija el Catastro (Ministerio de Hacienda) y nada tiene que ver con el valor de mercado del inmueble, sólo se trata de un valor discrecional con fines recaudatorios. El segundo, lo fija discrecionalmente cada Ayuntamiento pero entre un mínimo de 0,4% y un máximo de 1,1%; esta horquilla, a su vez, se fija de forma arbitraria por la Administración. Según esto, si V es bajo, basta con incrementar G lo suficiente para obtener una determinada recaudación, esto hizo el Estado hasta 2008. A partir de 2009, lo que han hecho es aumentar V y mantener G. En concreto, el valor catastral de mi piso era 24.263€ en 2008 y 74.606€ en 2009. El Catastro triplicó el valor del inmueble para poder, durante los próximo 9 años, triplicar también el importe del IBI (cuota tributaria). En los próximos cuatro años, si no le ponemos remedio, tendremos subidas del IBI de 20% anual. Pero no nos dejemos confundir con cálculos arbitrarios, como decía Murray Rothbard, lo importante de un impuesto no es cómo se calcula la cuota ni tampoco si es directo o indirecto, lo relevante es la cantidad finalmente pagada. 

De esta manera, los políticos han actuado como lo que son: vulgares ladrones que anteponen sus necesidades de financiación a las necesidades de individuos y familias que apenas tienen para malvivir. Si no tienen dinero, reduzcan el Estado, quiten funcionarios, vendan sus onerosos inmuebles y coches de lujo, privaticen sus ruinosas empresas públicas, supriman sus vergonzosas dietas, eliminen su "personal de confianza", renuncien al clientelismo político y respeten nuestro dinero, malditos hijos de puta. 

El pasado 2 de agosto me reuní con el alcalde de S/C Palma y la concejal de hacienda para quejarme y decirles que las subidas del IBI eran confiscatorias y que no deberían robarnos tanto en tan poco tiempo, que no era justo expropiar al ciudadano arbitraria, unilateral e ilimitadamente. La concejal de hacienda, cual cobarde, echó la culpa al "Estado" pero no dijo que son los ayuntamientos quienes piden al Catastro la "revisión" del valor catastral de los inmuebles ni tampoco dijo que, pudiendo aplicar un tipo de gravamen de 0,4%, el ayuntamiento aplicó 0,69%. Para no cansarles, les pedí expresamente que me devolvieran el dinero expropiado sin mi consentimiento y ellos, los expropiadores democráticamente elegidos, los "servidores del pueblo", soltaron al unísono una contenida carcajada: ¡qué cosas dice usted!. Finalmente, rellené una instancia para pedirles la devolución de lo robado y recientemente han desestimado mi pretensión. Comete un grave error el político al subestimar la capacidad de lucha de un ciudadano informado y presto a defender sus derechos de propiedad.
Frente al abuso de los gobernantes democráticos ¿qué podemos hacer? al fin y al cabo, ellos creen que la elección popular les ha otorgado un cheque en blanco para vulnerar, a su antojo, nuestra libertad y nuestra propiedad. Hagámosles saber que están equivocados, que no tienen patente de corso. En primer lugar, hay que tomar conciencia de que estamos siendo expoliados. No hace falta entender de fiscalidad, miremos los recibos que nos cobra el banco, hagamos las cuentas domésticas y seamos los primeros defensores de lo nuestro. Recuerden una cosa: al político sólo le interesa el voto y es muy sensible a los estados de opinión. Cuando les pidan su voto ¡no lo regalen coño! exijan la reducción del IBI a los niveles previos a 2009. Sólo es preciso dirigirte a tu alcalde y decirle: ¡tú eres mi empleado, tú trabajas para mí, yo no soy tu esclavo a tiempo parcial y si no me bajas el IBI te voy a despedir en las próximas elecciones!

viernes, 24 de mayo de 2013

La visita del Sr. Beteta

Agradezco desde este blog la visita que el Secretario de Estado de Administraciones Públicas realizó ayer a Tenerife para explicarnos el Anteproyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local. El Sr. Beteta pudo decirlo más alto pero no más claro: es preciso eliminar duplicidades en los servicios públicos,  limitar sus funciones y asegurar el equilibrio presupuestario. Lo más importante, tal vez, fue percibir que al menos había un político en la sala pensando que los servicios públicos salen del bolsillo del sufrido contribuyente. Al que paga impuestos yo prefiero llamarlo expropiado porque expresa mejor la naturaleza coactiva del  impuesto. Como no podía ser de otra manera, los políticos locales presentes, que ven amenazada con esta ley su discrecionalidad, expresaron su desacuerdo. 
El Alcalde de la Laguna, Sr. Clavijo,  empleó los términos "desapoderamiento" de los gobernantes locales y "efecto centralista" de la norma. Era patente que el hombre se había leído los papeles y habló con criterio, dando razones. Pero no dijo que aquí, en este país corrupto y enfermo, el único realmente desapoderado es el ciudadano: un paria moderno que sufre el expolio fiscal de cinco administraciones públicas: todas en competencia por ver quién da más a unos ciudadanos, previa expropiación forzosa del dinero de otros ciudadanos. Llevaba razón Beteta cuando dijo que en algunas ciudades había varias bibliotecas, cada una de diferente Administración.
La intervención del presidente de la Fecam, Sr. Curbelo, fue larga y patética. Profirió una retahíla de tópicos, lugares comunes y frases hechas: que si la insularidad y especificidad, que si Canarias es frágil, etc. Ni un sólo argumento que tratara la norma y su contenido. Populismo barato. 
Durante el turno de intervenciones, Ana Oramas se quejaba de que la norma salía sin consenso, que se aplicaría manu militari y -alegaba la diputada- que las leyes debían tener una vocación de permanencia. Su tono no estaba exento de cierta chulería y hasta amenazó veladamente al Secretario con que cada cuatro años había elecciones. Al igual que Curbelo, ni un sólo argumento. Tampoco Oramas parecía recodar que todo lo que hace el Estado, incluidos los gobernantes de su partido, es manu militari, desde la óptica del ciudadano. El Estado es un monopolio territorial de coacción y expropiación. Lo que ocurre es que los caciques locales y regionales no están acostumbrados a soportar el yugo de otro poder del Estado. Y es que la Administración autonómica tal vez sea lo peor que nos haya pasado en los últimos 35 años. 
Para terminar, quisiera felicitar al alcalde de Garachico, Sr. Berto González, porque encontrar un ayuntamiento que paga puntualmente a sus empleados y proveedores, y que tiene saneadas sus cuentas es digno de admiración. Hace ya muchos años que decidí no trabajar, como proveedor, con los Cabildos y Ayuntamientos porque no eran de fiar, no cumplían los contratos; pero me alegro de que existan excepciones. El Alcalde Berto expresaba una objeción lógica: si su ayuntamiento tiene equilibrio presupuestario, aunque tenga menos de 20.000 habitantes, ¿por qué se limitan sus funciones? Y la respuesta es sencilla: el Estado debe limitarse a su función esencial, que no es otra que proporcionar las condiciones de seguridad para asegurar el orden social. El mejor Estado es el Estado mínimo y todo crecimiento de la Administración significa empobrecer al pueblo. La dramática crisis económica que vivimos proviene, entre otras cosas, de la hipertrofia del Estado. Cuando un alcalde abre una guardería pública no es consciente de que, en ese preciso instante, contribuye a aumentar el paro en su municipio, pues emplea la riqueza privada para crear empleo improductivo. La alternativa es recolocar al Estado en su auténtica función: crear las condiciones para que la iniciativa privada abra con facilidad guarderías, clubes deportivos, cementerios, comercios, etc. El Estado no es dueño del dinero de los ciudadanos y  no es posible entregar algo a uno sin quitárselo previamente a otro.



viernes, 8 de marzo de 2013

Sobre la discriminación


Hoy es el día Internacional de la mujer y me gustaría reflexionar sobre el uso inadecuado del concepto discriminaciónLos hablantes usan generalmente el término "discriminar" en su acepción negativa, como acción injusta realizada intencionalmente por otro agente que lesiona los derechos de la persona discriminada. Discriminar también significa diferenciar, excluir o seleccionar y esta figura es la que más me interesa para eludir ciertas trampas del lenguaje que consideran toda discriminación como una vulneración de derechos. Paradójicamente, la discriminación abunda y casi siempre es legítima pues constituye en sí misma un derecho: el derecho a elegir significa el derecho a discriminar. La discriminación puede ser objetiva y realizarse sobre dimensiones físicas y valores discretos como cuando un receptor de radio discrimina frecuencias o cuando una máquina agrícola discrimina la fruta en función de su calibre. 
Un segundo tipo de discriminación es subjetiva, la referida a elecciones personales sobre las cosas: si elijo el color verde estoy discriminando al resto de colores; o sobre las personas: elijo salir con Laura y no con Silvia. En efecto, cada vez que hacemos una elección estamos discriminando y no por ello realizamos una acción injusta; para que sea tal, es preciso vulnerar algún derecho. La discriminación es legítima en dos casos: a) cuando existen razones objetivas que la justifican, por ejemplo, aquellas personas que sobrepasan una determinada edad o no poseen ciertas condiciones psicofísicas (estatura, peso, vista, agudeza auditiva, control emocional, etc.) pueden ser excluidas del ingreso en ciertas profesiones: militares, policías, bomberos, pilotos aéreos, conductores, etc.; o cuando razones de seguridad aconsejan impedir que los niños, según sea su estatura, accedan a ciertos juegos en los parques de atracciones. Los criterios para discriminar pueden diferir según quien los dicte y ser, hasta cierto punto, discutibles en su naturaleza o alcance. 
Por ejemplo, cuando el Gobierno declara unas drogas como legales (tabaco, alcohol o medicamentos) y otras como ilegales (marihuana, cocaína o heroína) discrimina según criterios de letalidad de cada sustancia, si bien, la OMS afirma que el alcohol es más nocivo que algunas drogas de las denominadas "duras". b) También es legítimo -y esto no es tan evidente- discriminar basándose en los derechos de propiedad del agente discriminador. Trataremos aquí los dos tipos de propiedad existente: interna y externa. La interna es la propiedad más básica, el propio cuerpo; por ejemplo, todos somos libres de aceptar un encuentro sexual con una persona y rechazar a otra sin que ésta última pueda alegar discriminación; igual sucedería con la elección de los amigos. La propiedad externa es la referida a los objetos y seres vivos. Por ejemplo, como propietarios de una casa podemos contratar a una empleada del hogar filipina y rechazar a otras candidatas sin que estas últimas puedan alegar discriminación (en el sentido habitual del término). ¿Por qué? porque las candidatas excluídas nunca tuvieron el derecho a ser contratadas. Sin embargo, a medida que nos alejamos del ámbito doméstico y nos adentramos en otros ámbitos privados -como una empresa, asociación o club- los derechos de propiedad empiezan a ser cuestionados y, de paso, el derecho de discriminación del propietario. 
Un ejemplo de discriminación legítima basada en la propiedad privada es la que observamos en las sociedades gastronómicas del País Vasco donde cada sociedad instituye criterios específicos de admisión de candidatos como los basados en el sexo, la profesión, o la pertenencia a un colectivo; siendo posible además el derecho de veto por parte de los socios. Sin embargo, es habitual que el Estado restrinja la legítima acción discriminatoria de un propietario, o al revés, si decide no discriminar es el Estado quien injustamente discrimina; un buen ejemplo es la prohibición gubernamental de fumar en bares y restaurantes bajo la excusa de ser "lugares públicos" cuando esos lugares stricto sensu son propiedades privadas "abiertas al público". En buena ley, los dueños de bares y restaurantes son los únicos legitimados para decidir si se fuma o no en su propiedad, siendo inadmisible que sean los no propietarios quienes fijen las normas. En Eurovegas todo indica que se podrá fumar porque su dueño, Sheldon Adelson, al contrario que los sumisos y acomplejados empresarios españoles, defiende lo suyo; el orgulloso dueño de las Vegas Sand Corporation tiene muy claro que sus casinos son de su propiedad y que nadie ajeno al negocio tiene el derecho de intervenir en su funcionamiento, ni siquiera un Estado.
Por último, ¿tiene un empleado -sea hombre o mujer- derecho a cobrar lo mismo que otro compañero que ocupa un puesto idéntico? Una regla del derecho laboral dice que sí: "a igual trabajo, igual salario"; pero esto puede ser falaz ya que el empresario paga en función de la productividad, del valor subjetivo que otorga a cada trabajador por lo que hace (o deja de hacer) y no existen dos trabajadores igual de productivos aún haciendo lo mismo. Por tanto,  no es adecuado hablar de discriminación salarial femenina pues el derecho a cobrar lo mismo no es tal, podrá ser legal pero no legítimo. Si el Estado introduce leyes igualitarias y restringe el derecho de todo propietario para discriminar salarialmente, si éste considera (acertada o equivocadamente) que una mujer tiene menor valor económico que un varón, pero es obligado a pagarles lo mismo, terminará contratando varones en lugar de mujeres. Como ya anticipó Frédéric Bastiat, el gobernante cegado por la ideología no ha sido capaz de apreciar el efecto diferido e indeseado de sus políticas igualitarias: al impedir la discriminación parcial (salarial) se acaba produciendo la discriminación total.

jueves, 21 de febrero de 2013

Retribuir a las amas de casa


Algunas mentes esclarecidas declaran que es deber de la "sociedad" (en abstracto) retribuir a las amas de casa por su valiosa y dura labor. Admitimos sin ambages la valía y utilidad del trabajo doméstico pero entendemos que toda retribución debe proceder de los beneficiarios directos del trabajo, es decir, la propia ama de casa y las personas que conviven en el hogar: esposo, hijos, etc. Hacer que la sociedad -o sea, los contribuyentes- paguen por lo que no reciben es otra forma más de redistribución colectivista. Esta medida, amén de injusta, originaría todo tipo de distorsiones en la economía; por ejemplo, las mujeres empleadas por cuenta ajena en el servicio doméstico abandonarían su empleo para hacer el mismo trabajo en su propia casa cobrando del Estado y matando dos pájaros de un tiro. Otras mujeres optarían por hacerse amas de casa "profesionales" y ejercer un oficio en la economía sumergida obteniendo así dos fuentes de ingresos. Es evidente que las sacrificadas mujeres que optaran por trabajar fuera del hogar o las "amas de casa amateur" subsidiarían a las amas de casa profesionales sin dejar por ello de atender las labores domésticas durante su tiempo libre. 
Aquellas parejas con uno de sus miembros cobrando un salario bajo se verían incentivadas para que uno de ellos se convirtiera en profesional del hogar. Las personas solteras posiblemente no tendrían derecho a este subsidio lo cual fomentaría la formación de matrimonios y parejas de hecho con intereses puramente económicos como ocurre con el matrimonio de conveniencia, práctica utilizada para obtener beneficios jurídicos, económicos o sociales.
Si los subsidios son todos una importante fuente de fraude, el salario estatal de las amas de casa sería un coladero de dimensiones colosales; como dice Jorge Valín[1]: "a los burócratas no les importa despilfarrar aquel dinero que no es suyo, y por eso los controles siempre serán ineficientes en la administración". Tampoco tendrá el Gobierno forma de inspeccionar si las amas de casa profesionales cumplen o no su labor. Poner en marcha este absurdo salario a las amas de casa es como pretender cobrarle al Estado diez euros cada vez que alguien lave su propio coche o cincuenta euros por confeccionar la propia declaración de la renta. 
Imaginemos ahora otro escenario: supongamos que el Estado decidiera no subsidiar a las amas de casa profesionales pero que lo hicieran, a modo de empresario, sus parejas. Inmediatamente los varones pedirían que las mujeres pagaran un canon de alquiler, energía, agua, seguros, etc. para contribuir a los gastos comunes del hogar y, voilà: el Estado ha transformado una economía familiar de trueque, cuyos intercambios están libres de impuestos, en una economía sujeta a fiscalidad y así poder expropiar un poco más a ambos. Divide y vencerás.




[1] El Gobierno es el problema. Amazon ebook, 2013.