domingo, 21 de diciembre de 2014

La falacia de la "inversión" pública

Es muy frecuente ver titulares en los medios de comunicación afirmando que tal o cual Administración Pública ha "invertido" cierta cantidad de dinero en una infraestructura, en servicios sociales o en crear empleo, por citar algunos ejemplos. Hoy, intentaremos demostrar que los gobiernos no invierten, solamente gastan. Comenzaremos definiendo cuáles son las características de una verdadera inversión, es decir, la inversión privada. 

En primer lugar, las inversiones son realizadas en la economía con la expectativa de obtener un beneficio monetario sin descartar posibles pérdidas. Toda inversión está sujeta, en mayor o menor medida, al riesgo, que a su vez se mide por el grado de expectativa de ganancia o pérdida para los inversores. 

En el sector público, los políticos y burócratas, supuestos "inversores" que juegan a ser empresarios con el dinero de los demás, están exentos de riesgo ya que nunca soportarán en sus carnes los costes de equivocarse. La diferencia entre un inversor y un político, por tanto, es la existencia o no de responsabilidad económica. El empresario tendrá poderosas razones para asumir riesgos calculados mientras que el político asumirá riesgos superiores e incluso temerarios. Existe, pues, una primera distinción en lo referente a riesgo y responsabilidad. 

En segundo lugar, si el empresario realiza inversiones productivas que benefician a los consumidores obtendrá una ganancia monetaria que se repartirá de forma alícuota entre los accionistas o partícipes ¿pero cuál es la ganancia del "inversor" público? solamente será dineraria en caso de corrupción, ya sabemos, la consabida mordida del 6% para el partido o para el bolsillo del político implicado. El beneficio también puede ser en especie mediante dádivas (inmueble, coche, traje) o por ganancias futuras en forma de cargos de responsabilidad en las empresas privadas que fueron agraciadas con los contratos públicos. La última forma legal de ganancia sería la reelección política.  

En tercer lugar, el inversor utiliza libre y voluntariamente su propio dinero, que ha sido previamente ahorrado, mientras que el político utiliza dinero proveniente de los impuestos, es decir, dinero obtenido mediante la coacción y sin que los ciudadanos puedan elegir en qué, dónde, cuándo y cuánto se invierte. Por tanto, el político no puede satisfacer a los consumidores porque lo primero que hace es privarles de emplear su dinero como mejor les convenga.

La mayoría de los ciudadanos no es consciente del daño que hacen estos "inversores" de pacotilla porque, como decía Frédéric Bastiat, se ve la obra pública construida pero no se ve la riqueza que el sector privado hubiese generado con ese mismo dinero. Sólo en algunos casos palmarios, como el aeropuerto de Castellón, es visible el despilfarro; en otros, como en la construcción del AVE, se intuye que la "inversión" ha sido desproporcionada. 

Por último, debemos entender que las Administraciones Públicas, por idénticas razones, no pueden generar empleo neto. Cada salario pagado con dinero público supondrá, en el mejor de los casos, la pérdida de otros tantos en el sector privado. Los trabajadores útiles de la economía privada serán reemplazados por trabajadores-clientes de los partidos políticos. En conclusión, cuando usted oiga hablar de "inversión pública" recuerde que es mentira: los políticos no invierten, en el mejor de los casos gastan y en el peor derrochan y despilfarran.   

jueves, 27 de noviembre de 2014

Sobre la imposición de plantillas mínimas en los hoteles

Gloria Gutiérrez
En anteriores artículos ya hemos analizado las consecuencias de la intervención política en la economía y, en particular, en el sector del turismo en Canarias. Vimos el error que supone forzar la renovación de la planta hotelera o la pretensión arrogante de instaurar coactivamente un modelo económico único a toda la sociedad. La última perla intervencionista es la proposición no de ley que el grupo PSC-PSOE ha elevado a la Cámara regional para fijar plantillas mínimas en los hoteles. Creen algunos -como la diputada Gloria Gutiérrez- que es posible reducir el alto desempleo en las islas a golpe de decretazo, al más puro estilo estalinista. Estos indigentes intelectuales -también llamados "sus señorías"- tienen una fe ciega en el voluntarismo y en el poder de la coacción legislativa para obtener sus fines. La fuerza bruta que emana del Boletín Oficial suele ser la alternativa a su incapacidad intelectual o fruto de la ceguera ideológica. 

Según algunos políticos nacionalistas y socialistas (tanto monta, monta tanto), sindicalistas, tertulianos radiofónicos indocumentados e intelectuales de izquierda -entre otros- la plantilla de los hoteles en Canarias es insuficiente y se requeriría aumentar la contratación. Si el número de turistas aumenta cada año -afirman aquellos- pero el empleo no aumenta significa que los hoteleros están explotando a los trabajadores. En la entrada Turismo y empleo en Canarias apunté algunas razones por las cuales esto sucedía. Otra razón bastante manida para justificar la imposición de una plantilla mínima a cada hotel es la calidad. Vamos a ir refutando cada uno de los argumentos intervencionistas.
El primer y más importante motivo para oponernos a esta medida es de tipo ético y jurídico. Toda empresa es una propiedad privada y sólo compete a sus dueños organizar la producción. La regulación económica es inmoral pues viola el derecho natural de propiedad. En su día expliqué por qué los empresarios necesitaban de la filosofía. Ellos asumieron dócilmente las tesis socialistas del interés general, las necesidades colectivas, la función social de la empresa y otras majaderías que se incorporaron al derecho constitucional. Fue una desgracia pues esta perversión de la Ley convirtió a los capitalistas en meros dueños nominales (o jurídicos) de sus negocios. El político arrebató, mediante la legislación, el libre uso económico (ius fruendi) de la propiedad a sus legítimos dueños. El resto de la historia ya la sabemos.

En segundo lugar, los hoteles son sólo una parte del negocio turístico. Muchos otros sectores participan en esta actividad económica: líneas aéreas, cafeterías, restaurantes, coches de alquiler, casas rurales, tiendas de ropa y calzado, perfumerías, supermercados, discotecas, taxis, autobuses, parques acuáticos y de ocio, etc. Resulta arbitrario que se pretenda aumentar el número de camareras de piso en los hoteles y no el número de camareros en los bares.

En tercer lugar tenemos el mito de la calidad. Si queremos un turismo de calidad -afirman algunos- es preciso dar un servicio de calidad a los visitantes y ello pasa, entre otros factores, por disponer de más personal en los hoteles. Aquí sería preciso recordar la teoría subjetiva del valor. En el mercado todas las calidades son buenas para los consumidores. Un hotel con poco personal (y "menos" calidad) no es distinto de otro negocio -digamos un hipermercado- con poco personal. Muchos clientes están dispuestos a recibir un servicio más lento o incluso a no recibirlo a cambio de tarifas más reducidas. Muchos aparthoteles han podido sobrevivir a la crisis precisamente porque tenían la plantilla imprescindible para atender la recepción y poco más. Pocos hoteles hoy en día ofrecen servicio en las habitaciones porque los consumidores no están dispuestos a pagar un sobre coste.   

En cuarto lugar, ¿cómo sabe el órgano planificador cuál es la plantilla "adecuada" de cada hotel? Es posible que algún experto en econometría, utilizando ecuaciones ininteligibles, calcule de forma precisa y objetiva la plantilla óptima de cada establecimiento. La fórmula mágica integraría diversas variables debidamente ponderadas tales como: categoría del hotel, tipo de alojamiento del turista, metros cuadrados construidos, número de instalaciones y servicios, número y calidad de las habitaciones, número de camas,  temporada alta o baja, facturación anual de la empresa, etc. Como es lógico, el gobierno deberá crear un nuevo Cuerpo de Técnicos Inspectores o, en su defecto, una empresa pública que gestione y supervise el nuevo Sistema de Control de Plantilla Hotelera (SCPH). Es decir, más funcionarios y más impuestos.

En quinto lugar, la forma más plausible de regulación de plantilla sería utilizando el método de ensayo y error: el político ensaya y el posible error lo sufren los dueños y empleados del hotel así como sus clientes. Por ejemplo, el gobierno comienza forzando un aumento de plantilla de 5% sobre la plantilla existente y espera a ver si el hotel sobrevive o quiebra. En el primer caso, habremos tenido éxito ya que aumentamos el empleo un 5% a expensas del beneficio empresarial o de las rentas de los restantes factores de producción (tierra y bienes de capital). Suponemos aquí que la ocupación del hotel es constante y que no ha sido posible repercutir los mayores costes de personal en las tarifas del hotel. En el segundo caso (quiebra), habremos fracasado pues el negocio no habrá sido capaz de soportar los costes del incremento de plantilla y todos los trabajadores irán al paro. A priori, implantando la brillante medida podríamos ganar un 5% de empleo frente a una posible pérdida de 100%. 
Jesús Huerta de Soto
¿Cómo reaccionará el mercado frente a la agresión gubernamental? Los inversores tendrán otro motivo más para pensar: "que invierta su puta madre", frase acuñada por mi ilustre profesor D. Jesús Huerta de Soto. ¡Cuánta razón lleva el hombre!. Los inversores abandonarán Canarias o trasladarán sus inversiones a otros sectores de la economía que sean más remunerativos. Pero veamos qué pueden hacer los hoteleros. Si mantenemos la hipótesis anterior de 5% de incremento, los hoteles cuya plantilla se sitúe entre 20 y 39 empleados deberán contratar un trabajador más; entre 40 y 59 empleados, dos más; entre 60 y 79, tres más; y así sucesivamente a razón de un empleado más por cada veinte. Los hoteles con plantilla situada en la zona intermedia, lejos de los límites de corte (20, 40, 60, 80...) podrán seguir llevando su negocio con normalidad. La intervención, de momento, no les afecta. Cuando la plantilla alcance el punto en que ésta sea marginal (19, 39, 59, 79...) el empresario deberá tener en cuenta que, caso de necesitar más mano de obra, serán dos empleados (y no uno) los que deba contratar pues el incremento de 5% le afectará. Algo similar ocurre cuando el gobierno impone servidumbres (por ejemplo, contratación de discapacitados) a las empresas cuando alcanzan un mayor tamaño (50 empleados). En ambos casos el coste marginal de contratación se eleva artificialmente ejerciendo un efecto disuasorio o de resistencia sobre el empleo. Este efecto será directamente proporcional a la intensidad con que el órgano de planificación imponga sus mandatos, en este caso, una plantilla mínima. 


Algunos gerentes buscarán fórmulas para aprovechar al personal excedente sin asumir pérdidas. Por ejemplo, si obligaran al hotel a contratar un cocinero de más podrían emplearlo para vender comida preparada a otros bares y negocios de la zona. Otra solución sería pasar de tener un cocinero a jornada completa a dos cocineros a media jornada, y así repartir el trabajo. Menos rentable, e incluso ilegal, sería emplear al cocinero sobrante en otra función distinta, por ejemplo, en recepción. En general, se produciría trasvase de personal desde los oficios intervenidos hacia los no intervenidos, pero el daño seguiría existiendo.


En conclusión, hemos expuesto el perjuicio que para propietarios, empleados y consumidores supone cualquier injerencia gubernamental sobre la producción de los hoteles. Ni políticos ni funcionarios pueden hacerse con la información necesaria para fijar una plantilla óptima porque aquella surge ex novo, de forma dinámica en los procesos de mercado y sólo está al alcance de los empresarios. Realizar una nueva intervención en el mercado, esta vez fijando plantillas mínimas, sólo ahonda un poco más la tumba donde el gobierno canario entierra a las empresas.

sábado, 15 de noviembre de 2014

El monopolio de Binter Canarias: un análisis económico

Esta mañana, mientras estudiaba el tratado de Murray N. Rothbard: El Hombre, la Economía y el Estado (capítulo X: El monopolio y la competencia) recibí una llamada telefónica: querían hacerme una encuesta sobre el transporte en Canarias. Queriendo escurrir el bulto, respondí astutamente: "ahora estoy estudiando", pero como si de un acto reflejo se tratara pregunté seguidamente por la identidad del contratante del estudio de mercado; la mujer me respondió escuetamente: Binter Canarias. Súbitamente cambié de opinión y dije a la encuestadora: "Adelante, con mucho gusto responderé a todas sus preguntas". ¡Joder que casualidad! -pensé. No podía dejar pasar la oportunidad de desahogarme y denunciar el insufrible monopolio que padecemos los residentes es las islas (no tan) afortunadas. Para compensar el mejor clima del mundo que disfrutamos los dioses nos castigaron con políticos intervencionistas asesorados por economistas keynesianos. 

Según Rothbard, en el libre mercado no existe posibilidad alguna de monopolio, esta figura sólo puede darse bajo la coacción institucional en forma de privilegio o intervencionismo. Tal es el caso de Binter Canarias, un monopolio sutilmente establecido a la sombra de una legislación tan innecesaria como absurda denominada Obligaciones de Servicio Público. Un monopolio tiende a reducir la producción e incrementar los precios por encima de lo que el libre mercado le permitiría en otras circunstancias no intervenidas. Por este motivo, un vuelo entre islas con Binter puede costar lo mismo o incluso más que otro desde el archipiélago a Madrid, Barcelona o Londres con otra compañía. Esto significa que, en proporción a la distancia recorrida por el avión, Binter es hasta 20 veces más cara que las aerolíneas de bajo coste como Ryan Air, easyJet o Norwegian. Esta es la insólita forma que tienen nuestros "servidores públicos" de mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Pero hoy sólo vamos a estudiar la reacción del mercado ante los precios de monopolio. 

En primer lugar, analizaremos la conducta de aquellos consumidores cuya demanda es muy elástica para precios situados por encima del que fijaría el libre mercado. En nuestro caso, demanda elástica significa que si el precio del billete de avión sube, los consumidores viajarán menos en avión (y viceversa). Estos consumidores son muy sensibles a los cambios de precio. Veamos algunas categorías:

a) Los turistas peninsulares y extranjeros -sin descuento de residente- una vez en Canarias, si desean hacer turismo entre islas, se enfrentan a tarifas prohibitivas (Tenerife-Lanzarote: 92€), incluso superiores a las pagadas para llegar desde ciudades remotas situadas a miles de kilómetros; ¿a que es difícil de entender?. La alternativa para visitar otras islas es dejarlo para el próximo viaje, volando directamente desde sus países de origen. Las islas -las más pequeñas- que poseen menos conexiones aéreas con el continente saldrán perjudicadas y recibirán menos visitas que las islas mejor conectadas. Otra posibilidad viable y económica es viajar a otras islas en barco, sobre todo cuando el trayecto es corto, por ejemplo: Los Cristianos (Tenerife) - San Sebastián de la Gomera ó Playa Blanca (Lanzarote) - Corralejo (Fuerteventura).

b) El segundo grupo lo forman turistas residentes en las islas que, aún teniendo el descuento de residente (50%), por un precio similar o ligeramente superior prefieren viajar a otros destinos continentales antes que hacerlo entre islas. Por ejemplo, prefieren ir a Londres antes que a Fuerteventura. Aquí también se incluye a los turistas canarios que sustituyen el avión por el barco (Fred Olsen y Naviera Armas), mucho más económico y que además permite llevar el vehículo particular.

Existen otros dos grupos cuya demanda es inelástica, es decir, personas que en menor o mayor medida se ven obligados a volar entre islas aunque el precio del billete de avión se vea incrementado. c) El tercer grupo lo componen viajeros de negocios, empleados públicos en comisión de servicio y trabajadores desplazados a otras islas (que vuelven a casa los fines de semana). En función de las circunstancias personales de cada cuál, su demanda será más o menos inelástica. Por ejemplo, las empresas y AAPP pueden reducir la frecuencia de viajes en avión y emplear sustitutivos como la videoconferencia. Estos viajeros presentan un margen de sustitución reducido ya que la utilización del barco puede representar un elevado coste de oportunidad; es decir, si utilizan el barco pueden perder un tiempo laboral más valioso que el ahorro monetario obtenido.

d) El cuarto y último grupo presenta una demanda muy inelástica, se trata de personas que necesariamente aumentarán el gasto en transporte y seguirán volando entre islas a pesar de la subida de tarifas. Aquí podríamos incluir a personas con elevada capacidad adquisitiva, políticos (disparan con pólvora de rey), funcionarios y asalariados cuyos empleadores costean los viajes, pacientes que viajan por imperativo médico o viajeros con fuerte aversión al viaje en barco (mareo).

Henry D. Thoreau
A pesar de la intervención del mercado y de la creación de un monopolio, el mercado siempre busca y encuentra soluciones. Como decía Henry D. Thoreau [1]"Si el comercio y las industrias no tuvieran la elasticidad del caucho, no alcanzarían jamás a saltar por encima de los obstáculos que los legisladores les están poniendo de continuo por delante". 

En conclusión, frente a la agresión institucional que supone el monopolio, los consumidores podrán reaccionar de estas cuatro maneras: a) absteniéndose de viajar entre islas; b) reduciendo la frecuencia de los viajes entre islas; c) sustituyendo el avión por el barco o por otros medios de relación (videoconferencia); d) asumir la pérdida económica que supone el mayor coste del precio de monopolio. Pero toda intervención del mercado no es neutra, hay ganadores y perdedores. ¿Quiénes ganan? Los políticos y burócratas del Gobierno de Canarias y la empresa monopolística Binter Canarias. ¿Quiénes pierden ? Los consumidores canarios en general, los turistas peninsulares y extranjeros y, especialmente, las economías de las islas menores que reciben menos viajeros. Triste paradoja que las Obligaciones de Servicio Público, creadas en 1998 para "proteger" a los pobrecitos canarios de las "imperfecciones" del libre mercado, sirvan sólo para hundirnos más en la miseria.


[1] Henry Thoreau. Del deber de la desobediencia civil. Editorial Pi. p. 15

jueves, 30 de octubre de 2014

La falacia del "consumo" de suelo

Antonio Salazar EsRadio
Cada mañana, mientras desayuno, escucho a mi buen amigo Antonio Salazar en su programa de radio La Gaveta: espacio donde corre una brisa fresca y es posible escuchar algo distinto del sofocante y adormecedor consenso socialdemócrata. No obstante, siempre interviene algún político canario diciendo sandeces y dispuesto a joderte ese ratito de placer. Hoy el protagonista de la falacia del "consumo de suelo" ha sido el ínclito Paulino Rivero, presidente del gobierno canario e intervencionista hasta la médula, el mismo que ha maniatado y enfundado una camisa de fuerza a la economía de la región.
Una de las señas de identidad de los nacionalistas canarios es el ecologismo y la idealización romántica del paisaje y la naturaleza, en contraposición al progreso y la modernidad. Estamos ante otra versión del mito rousseauniano del buen salvaje -el guanche- que vive en un territorio idílico sembrado de plantas tan bellas como los cardones y tabaibas, conocidas euphorbias tóxicas que ni siquiera el ganado es capaz de digerir. Para nacionalistas y ecologistas es imprescindible defender los eriales costeros de una supuesta agresión de los peligrosos especuladores del asfalto y el ladrillo. La moratoria turística que impide a los propietarios de terrenos y empresarios la construcción de nuevos hoteles no es otra cosa que la materialización legislativa de este ideal totalitario que describimos.

Esta mañana afirmaba ufano don Paulino que era magnífico ver cómo los hoteles viejos se estaban modernizando, pudiendo apreciar que lo nuevo sustituía a lo viejo y "sin consumo de suelo". Por lo visto, cada nuevo hotel que se construye se "come" un barranco o una finca de plátanos y eso, claro está, no se puede consentir. Oímos también otras metáforas aún más apocalípticas como que las obras "devoran nuestro territorio", como si carreteras y hoteles fueran ogros que comen tierra; y como si las fincas de particulares pertenecieran a estos ecologetas colectivistas.

Llegados a este punto, es preciso refutar las premisas sobre las que el gobierno justifica su intervención impidiendo el mal llamado "consumo" de suelo y restringiendo su uso a sus legítimos propietarios. En primer lugar, el territorio no se consume ni se agota; el suelo permanece debajo de los edificios, carreteras y aeropuertos construidos. Cada actuación sobre el terreno es una modificación de su uso por parte de su dueño. ¿Y por qué cambiamos el uso del suelo? Porque el factor de producción llamado tierra proporciona distintas rentas según su uso. Si los agricultores sustituyen los plataneras por los aguacates es porque esperan obtener una mayor rentabilidad económica. El valor descontado del producto marginal aumenta porque, ceteris paribus, la cantidad de kilos de fruta producida multiplicada por su precio de mercado es mayor en el segundo caso (aguacates) que en el primero (plátanos). Siguiendo el mismo razonamiento el dueño del terreno pudiera considerar que es más rentable "plantar" camas hoteleras y apartamentos antes que producir frutas, verduras o queso de cabra. El auge turístico en Canarias, que se inició en la década de 1960, sustituyó el uso agrario de miles de hectáreas de terreno por el uso turístico: miles de hoteles, apartamentos, gasolineras, bares, restaurantes y un largo etcétera de servicios que nacen básicamente del incremento de la población. En este cambio, no diseñado intencionalmente por jerarcas como "modelos", mi querido Paulino, nadie ha comido tierra. Más bien lo contrario: los canarios dejaron de comer coles con gofio para comer carne y pescado. Miles de campesinos, que pasaban mucho desconsuelo, dejaron la jodida guataca -esa que tanto gusta al nostálgico Vladimiro Rodríguez Brito- en el campo y se pusieron la pajarita de camarero porque así podían mejorar su nivel de vida.

En segundo lugar, los políticos, tan atrevidos como ignorantes, creen saber mejor que nadie qué uso debe darse al suelo (el de los demás). Y como no son capaces de convencer a nadie con sus geniales ideas y ocurrencias diversas deben imponerlas coactivamente mediante mandatos, o sea, a golpe de boletín oficial. Da igual quien sea el propietario jurídico del terreno, los gobernantes, cual mafia organizada, se han convertido en los propietarios económicos del suelo pues deciden arbitrariamente lo que sus dueños pueden o no hacer con lo suyo. Estos dictadorzuelos y pillos demócraticos hace tiempo que se cargaron el Derecho Romano, esa institución milenaria que mantenía un respeto irrestricto por la propiedad privada (ius utendi, ius fruendi, ius abutendi). Toda iniciativa personal o empresarial está supeditada a su superior criterio y otorgamiento de licencia, sin olvidar que hay que pasar por caja: mordida fiscal y, en su caso, un pequeño tanto por ciento para el partido por eso de "agilizar" los trámites.

sábado, 18 de octubre de 2014

Sobre el concepto de «modelo»

Oímos con frecuencia a políticos, economistas y sociólogos abogar por tal o cual modelo para organizar la sociedad. Así, se discute sobre los modelos educativo, económico o energético -entre otros- que supuestamente mejorarían la educación, la economía o el medioambiente. Un modelo es un "arquetipo o punto de referencia para imitarlo o reproducirlo". Es decir, algo percibido subjetivamente como bueno para obtener determinados fines. En principio, cualquiera es libre de elegir un modelo e intentar imitarlo. Por ejemplo, los vegetarianos adoptan un modelo de alimentación exclusivamente vegetal porque lo consideran beneficioso para su salud y porque se ajusta a ciertos principios éticos y filosóficos. El problema surge cuando alguien, mediante la fuerza, pretende imponer su modelo a los demás. Imagínese usted un gobernante que prohibiera, bajo amenaza de sanción, el consumo de carne a toda la población. Esto tal vez nos parezca inadmisible y sin embargo los gobernantes nos imponen -de forma coactiva- sus diversos modelos en otras facetas de la vida: nos imponen un modelo de sanidad pública, nos imponen su modelo educativo, pretender "ordenar" el urbanismo, nos imponen un modelo colectivista de reparto de las pensiones, nos imponen la forma de heredar la propiedad, nos imponen un modelo de relaciones laborales, etc. Ninguna faceta de la vida social escapa a la imposición política de determinados modelos. Incluso las relaciones de pareja y de organización familiar están sometidas al modelo dictado por el gobierno. Por ejemplo, la poligamia no es admitida legalmente en los países occidentales y sólo unos pocos países en el mundo respetan los derechos civiles de los homosexuales y transexuales.

Esta práctica de diseño social mediante modelos se denomina "constructivismo". Según Ludwig von Mises (La acción humana, 234): "Existen dos diferentes formas de cooperación social: la cooperación en virtud de contrato y la coordinación voluntaria, y la cooperación en virtud de mando y subordinación, es decir, hegemónica". La primera se produce cuando cada persona es libre de elegir su propio modelo de vida y la segunda cuando una autoridad impone un modelo colectivo mediante el uso de la violencia o bajo amenaza de violencia, es decir, bajo coacción legislativa. La sociedad liberal y la sociedad comunista, respectivamente, son el producto de aplicar uno u otro modelo de cooperación social. La socialdemocracia o socialismo edulcorado que padecemos no es otra cosa que un híbrido entre la libertad y la coacción institucional. En la sociedad hegemónica las élites políticas, apoyadas por sesudos intelectuales, asesores políticos, burócratas y otros adoradores del estado, actúan como ingenieros sociales diseñando e implantando sus modelos a toda la población. Para ello utilizan datos, estadísticas e informes que, adecuadamente presentados por los medios de comunicación al servicio del gobierno, justifican la imposición violenta de sus modelos políticos. Su error consiste en pretender encontrar una medida objetiva y universal de la utilidad cuyo nefasto resultado es la subordinación de la libertad individual a una supuesta e imaginaria verdad objetiva. 

La implantación política de modelos tiene también una base psicológica. El gobernante sufre la ilusión de creerse poseedor de la verdad por el mero hecho de haber obtenido una mayoría en las urnas. El político arrogante -valga la redundancia- se cree ungido por los dioses y disfruta del inmenso placer que supone imponer sus designios a los demás. El sistema democrático parece dotarles automáticamente de una superior visión para saber mejor que nadie qué conviene y qué no conviene a la gente. Y como las masas de votantes son incapaces de apreciar por sí mismas la bondad de sus modelos, estos deben ser impuestos a los ciudadanos en forma de mandato; es decir, por cojones. De esta forma, la libertad para que cada individuo o empresa persiga su propio modelo de actuación queda obstruida por el "café para todos" de la basura legislativa que vomitan 18 parlamentos. La democracia, así entendida, se convierte en un sistema de legitimación de prácticas totalitarias. 

La implantación de modelos es un acto de agresión a la libertad de las personas y una forma sutil de autoritarismo. Los políticos, auténticos maestros del engaño y la falacia, disfrazan su lenguaje para que sus mandatos no parezcan tales. Ellos profieren expresiones metafóricas como "defendemos" -la defensa siempre es un acto legítimo- o "apostamos" -como si se tratara de una lotería o juego de azar. Pero la libertad no es ningún juego que podamos dejar en manos de sátrapas disfrazados de benévolos defensores del "bien común". Tras cada modelo se esconde una doble violación: primero se viola la libertad del individuo para perseguir sus propios fines de la forma que considere oportuna, y segundo, se viola la propiedad privada. Por ejemplo, el modelo turístico (moratoria turística) de los políticos nacionalistas canarios prohibe, entre otras lindezas, la construcción de hoteles de cuatro estrellas impidiendo que los propietarios de las tierras decidan libremente que uso darles. Y en Cataluña se impone un modelo lingüístico que debe ser obedecido bajo amenaza de sanción. No es casualidad que los gobiernos nacionalistas sean los más proclives a implantar sus modelos porque el nacionalismo es una doctrina esencialmente constructivista y violenta. Así pues, ojo al parche porque detrás de cada modelo que quieren vendernos sólo obtendremos opresión, imposición y pérdida de libertad individual.

sábado, 4 de octubre de 2014

Sobre la conciliación laboral y familiar

La ideología de género sustituyó al mito marxista de la lucha de clases (burgueses contra proletarios) por otro mito: la lucha entre los sexos. Como no podía ser de otra forma, el hombre es la clase sexual explotadora y la mujer la clase sexual explotada. En otros artículos he denunciado que la ideología de género es una doctrina falsa e inmoral. Es la herramienta utilizada por el lobby feminista para obtener privilegios gubernamentales basándose en supuestas e imaginarias injusticias y discriminaciones que la "sociedad" o los hombres (en general) perpetran alevosamente contra las mujeres (en general).

Hoy intentaré refutar el mito de la conciliación entre el trabajo y la familia. Según los ideólogos de género la mujer no puede conciliar de forma adecuada ambas actividades -trabajo y familia- que, según se deduce de la propia definición de conciliar: "conformar dos o más proposiciones o doctrinas al parecer contrarias", son antagónicas. Así pues, lo primero que debemos negar es que trabajo y familia sean antagónicos, todo lo contrario, el trabajo proporciona el dinero necesario para el sustento de la familia y ésta última otorga al trabajador un entorno donde satisfacer sus necesidades más básicas: seguridad, amor, satisfacción sexual, reproducción, etc.

Pero cuando se alude a la necesidad de conciliar nos referimos generalmente a que la mujer trabaja demasiadas horas si sumamos ambos trabajos: el externo y el doméstico. La supuesta injusticia es que la mujer trabaja fuera y dentro del hogar mientras que el hombre tiende a eludir el trabajo doméstico. Ya sea debido a una cuestión biológica o cultural (no voy a entrar ahora en los motivos) es cierto que la mujer dedica normalmente más tiempo que el hombre al cuidado de los dependientes -hijos y ancianos- y a las tareas del hogar. Admitir este hecho como bueno o malo, sin embargo, no deja de ser un juicio de valor. Algunas mujeres preferirían tener maridos más dedicados a los hijos y al hogar, otras son felices siendo exclusivamente amas de casa y otras no están dispuestas a casarse y/o tener hijos porque valoran más su carrera profesional o su ocio. Hay de todo, si bien las generalizaciones que estoy realizando son, a mi entender, válidas.

Si conciliar es compatibilizar trabajo y familia, no cabe duda de que las mujeres concilian mucho más que los hombres. Si de conciliar se tratase, el gobierno debería preocuparse seriamente por el problema masculino. El hombre concilia poco -y no se queja- porque se ha especializado en todos aquellos trabajos que poseen menor estabilidad geográfica y horaria; por ejemplo: empresarios, directivos, militares, marinos, pescadores, transportistas, autónomos, mecánicos, pilotos, deportistas profesionales, artistas, etc. Por el contrario, las mujeres han ideado fórmulas que les permiten conciliar trabajo y familia: algunas optan por ser funcionarias o tener un trabajo a tiempo parcial, y otras renuncian voluntariamente a los ascensos porque trabajando en la cúpula de una organización las jornadas son eternas y se viaja demasiado. Si los directivos varones trabajan doce horas al día y duermen fuera de casa muchos días al año ¿por qué debería ser distinto en el caso de las mujeres directivas? ¿acaso son ellas más raudas y veloces? El éxito profesional en cualquier campo de actividad humana requiere una gran dedicación y esfuerzo. El que quiera peces que se moje el culo. Si una mujer envidia la situación del hombre que tiene éxito profesional lo que está admitiendo implícitamente es que ella, al igual que su ídolo masculino, prefiere no conciliar. En tal caso, podría hacer lo siguiente: 

a) Buscar un marido que esté dispuesto a ocuparse de los hijos y el hogar mientras ella trabaja duro. Casarse con un machista o con un "moro" puede ser una mala elección imputable exclusivamente a la mujer. b) Otra opción es no casarse o no tener hijos pero la mayoría de las personas prefiere formar una familia, en tal caso, la mejor solución es contratar a una persona que cuide de los hijos y haga las labores domésticas. Las filipinas son las mejores y no resultan onerosas. Todas estas soluciones se caracterizan por ser pacíficas. No hay coacción gubernamental. Ahora bien, ¿qué pretende un gobierno cuando dice que es preciso "fomentar" la conciliación de la mujer? Pues muy sencillo, el político igualitario sustituye la libertad personal por la imposición. Se promulgan leyes que otorgan privilegios a la mujer en perjuicio de los empresarios, compañeros de trabajo o contribuyentes. Las leyes igualitarias que imponen cuotas femeninas son un claro ejemplo de esta forma de violencia institucional. Sería admisible que quienes pretenden modificar la conducta humana emplearan la persuasión o la convicción pero es inmoral que utilicen la fuerza del estado para imponer a los demás su particular cosmovisión. 

Especialmente meritoria ha sido la intervención de Mónica Oriol, presidente del Círculo de Empresarios y madre de seis hijos, denunciando la regulación gubernamental que blinda a las mujeres ante el despido laboral en los siguientes once años después del parto. Las leyes feministas no son neutras, pretenden favorecer a las mujeres pero siempre a expensas de terceros. Mediante la legislación, el lobby feminista obtiene para sus patrocinadas privilegios por razón de sexo sin que a los legisladores les importe violar el principio jurídico de igualdad ante la ley. La ideología de género no sólo es antijurídica sino además inmoral porque utiliza la agresión. Es, por tanto, legítimo que el libre mercado reaccione oponiéndose a la coacción gubernamental. Si contratar a una mujer en edad fértil supone un pasivo para el empresario, éste procurará, ceteris paribus, contratar un hombre en lugar de una mujer. De esta manera, cual bumerán, los privilegios de corte feminista actúan precisamente en sentido contrario a los fines perseguidos.

miércoles, 17 de septiembre de 2014

El salario de los famosos


Observo con frecuencia en las redes sociales cómo algunas personas se escandalizan -tachando de inmorales o injustos- los pingües salarios que perciben determinadas figuras del espectáculo o el deporte. Las iras recaen con especial virulencia sobre los presentadores y tertulianos de programas del corazón como "Sálvame": profesionales del periodismo rosa cuya mayor habilidad es conocer la vida íntima de otros famosos para luego despellejarlos sin piedad en el plató de TV. ¿Cómo es posible que Belén Esteban, Kiko Hernández o Matamoros ganen varios miles de euros por porgrama? ¡qué vergüenza de país! -gritan muchos indignados ante lo que tildan como "fallos del mercado" o "fallos del capitalismo".

El segundo grupo más criticado es el formado por los futbolistas de élite: Ronaldo, Messi, Bale, Casillas, etc. ganan todos varios millones de euros netos al año, unos 20.000€ al día; "y tan solo por correr detrás de una pelotita" -afirman algunos que odian el fútbol. A otros les parece injusto que futbolistas, tenistas o golfistas "normales" ganen mucho más que los campeones mundiales de natación, atletismo o bádminton. Por último, para no alargarme, los hay que comparan los salarios de los famosos con los de otros profesionales más "útiles" a la sociedad como pudieran ser los médicos, ingenieros o profesores. De este análisis excluyo a políticos, funcionarios y otros empleados del estado que obtienen su salario, no mediante otorgamiento voluntario de los consumidores, sino tras la expropiación forzosa que implica todo impuesto.

Todo este elenco de quejas, lamentos y agravios comparativos que tildan de "excesiva" la ganancia de las estrellas de la TV y el deporte se debe básicamente a dos causas: la primera es la envidia; la segunda, la incapacidad para entender cómo funciona la economía de libre mercado y cómo ésta recompensa a cada trabajador de forma desigual. En el sistema capitalista el consumidor es el juez que determina cómo se retribuye el trabajo. Al consumir un programa de TV (y dejar de consumir otro) la audiencia fija indirectamente los salarios que cada cuál percibirá. Es patente que las tertulias del corazón o los partidos de fútbol acaparan gran parte de la audiencia y eso incrementa los ingresos por publicidad de los medios de comunicación. Por tanto, son los espectadores, a través de sus elecciones libres y voluntarias, quienes estipulan lo que cada cuál cobrará en una economía no intervenida. 

Como dice Ludwig von Mises: "la economía no es una ciencia moral". El libre mercado es ajeno a una supuesta "justicia social" o al ideal distópico que supone el igualitarismo. La justicia es "dar a cada uno lo suyo", y "lo suyo" es todo aquello obtenido legítimamente con el trabajo. Por tanto, es legítimo y justo que algunas personas se enriquezcan ofreciendo aquello que los demás estiman en mayor medida. El capitalismo remunera proporcionalmente a quienes hacen más felices a los demás o satisfacen mejor los deseos del prójimo. Si la escritora J. K. Rowling -creadora de la saga Harry Potter- tiene una fortuna de cientos de millones de libras es justo, es "lo suyo", porque su talento ha hecho felices a cientos de millones de lectores. Es arbitrario afirmar que la literatura fantástica es peor que la novela histórica o la poesía; y viceversa. Análogamente, es arbitrario afirmar que la "telebasura" es peor que los documentales o que el fútbol es peor que el cine. Afortunadamente, nadie está obligado a ver programas que no le gustan. Sólo es preciso cambiar de canal.


lunes, 1 de septiembre de 2014

Sobre el fraude fiscal

Es frecuente escuchar que España es uno de los países europeos campeones del fraude fiscal. Según Expansión, el fraude alcanza el 25,6% del Producto Interior Bruto: 253.000 millones de euros. Desconozco el método por el que los técnicos de Hacienda y otros sesudos economistas han llegado a esta cifra. Yo tengo la buena costumbre de desconfiar, por sistema, de los datos gubernamentales pues se suelen cocinar de forma sesgada según los intereses políticos. Algunos gobernantes e intelectuales de izquierda afirman que la culpa de nuestros males radica en la escasa moralidad de nuestro pueblo; si fuéramos como los nórdicos -dicen aquellos- todo iría mucho mejor. Si de verdad creyesen esto, nuestros gobernantes deberían proponer ser sustituidos por otros nórdicos porque siempre es más fácil cambiar a una reducida élite que a 47 millones de habitantes. 


Detrás de tanta culpabilidad vertida en los medios de comunicación sobre el "defectuoso" pueblo español se intuye una estrategia maquiavélica que Noam Chomsky denominara "reforzar la auto-culpabilidad": hacer creer a la gente que es ella misma (y no las autoridades) la principal culpable de que no podamos salir de la crisis. Esta forma de manipulación informativa exonera a los políticos de toda culpa. El gobierno -diría Rajoy, Sáenz de Santamaría o Montoro- hace todo lo posible por mejorar las cosas pero los españoles son unos pícaros inmorales que no se dejan expropiar dócilmente. Según esta tesis el españolito medio está mucho mejor dotado que sus vecinos europeos para engañar al fisco. Todo indica que, en el fondo, mucha gente no está conforme en pagar (tantos) impuestos y está dispuesta a asumir los riesgos que supone engañar al recaudador. 


El mito de Atlas
Según un informe del Think Tank Civismo, en España aproximadamente el 50% de la riqueza obtenida por los trabajadores es confiscada mediante impuestos y tasas diversos. En círculos empresariales se habla ya de las "50 Sombras de Brey" para referirse al medio centenar de medidas con las que, directa e indirectamente, el ejecutivo de Mariano Rajoy ha revisado al alza la factura tributaria que pagan las sociedades españolas. Por tanto, praxeológicamente hablando, cada expropiado -más conocido como contribuyente- es un esclavo a tiempo parcial del estado. Aquellos que tachan hoy de insolidario al que evade impuestos en nada difiere de los esclavos que condenaban al prófugo porque, tras su fuga, la carga marginal de trabajo del resto iría en aumento. No puede ser una simple coincidencia que confiscación y evasión fiscales hayan aumentado de forma paralela. Frente a la agresión fiscal no podemos condenar la legítima defensa de la propiedad privada.

Una segunda tesis, sostenida por los estatistas, niega que los españoles sean hábiles defraudadores; lo que ocurre -dicen- es que los funcionarios de la Agencia Tributaria son más torpes que sus homónimos europeos y que el sistema coactivo podría ser mejorado. Estos adoradores del estado abogan por incrementar el número de inspectores de hacienda, policías y jueces; también se podría endurecer el código penal y construir más cárceles. Lo que hace falta -afirman tajantemente- es más mano dura con los evasores. Sin embargo, incrementar la coacción no sale gratis. Más mano dura implica avanzar hacia un estado policial y a mayor tamaño del estado mayor coste económico: lo comido por lo servido. Lo bueno -dirían los keynesianos- es que habría más empleo público (pero menos privado). Cuando la gente aborrece del gobierno la única solución del régimen es redoblar la violencia institucional: se implantan nuevos controles sobre el comercio y las finanzas, se aumentan las sanciones y penas de faltas y delitos fiscales, etc.

Existe otra forma más económica e inteligente de conseguir que la gente no se sienta (subjetivamente) esclava del estado y que pague al fisco de buena gana: el adoctrinamiento. Sólo es preciso diseñar campañas publicitarias: "hacienda somos todos", "lo público es de todos", "el sistema que nos hemos dado entre todos", "con IVA o sin IVA", etc. O también controlando los contenidos educativos para que los niños aprendan pronto que papá estado nos expropia, no por su gusto, sino por el bien común que, al fin y a la postre, es nuestro propio bien. La educación es objetivo preferente de los políticos pues desean influir en las masas desde su más tierna infancia. 

Frente al irresoluble problema de que una parte de la población se considere contribuyente (voluntaria) y otra como expropiada (forzosa), existe una tercera vía llamada "contracting out" o "contratar fuera" del estado. El primer grupo sigue pagando gustosamente impuestos y disfrutando de los servicios públicos. El segundo grupo -los insumisos fiscales- renuncia a los servicios públicos y el estado renuncia a la coacción fiscal. Esto podría aliviar la insatisfacción actual de las tres partes en liza: los dos grupos y el gobierno. La solución es aplicable a aquellos servicios públicos donde exista una nítida identificación entre consumo y pago tales como educación, sanidad o recogida de residuos. Otros servicios públicos podrían financiarse mediante impuestos indirectos o tasas; por ejemplo, el uso de las carreteras puede sufragarse con impuestos sobre los combustibles o mediante peajes.  

Que el ciudadano pueda liberarse (aunque sea parcialmente) de la coacción fiscal presenta ventajas apreciables: a) se reduce la agresión institucional lo cual redunda en una mayor legitimación del poder político. b) se reduce la pugna política entre los ciudadanos que no es otra que la lucha por influir políticamente y decidir cómo se organiza la sociedad y cómo se gasta el dinero público. c) se disciplina el gasto público, se obliga al gobernante a recaudar cantidades precisas para fines igualmente precisos. Ya no valdrían ficciones fiscales como incrementar un céntimo el impuesto sobre la gasolina para pagar la sanidad. d) por último, se introduce competencia en el sistema social. Los servicios públicos están obligados a competir con los privados y a mejorar si no quieren ver cómo el segundo grupo crece a expensas del primero.

lunes, 18 de agosto de 2014

Sobre el veto ruso a los productos agroalimentarios: un análisis económico


El pasado 7 de agosto el presidente Putin aprobó una serie de medidas prohibiendo la importación de ciertos productos agroalimentarios procedentes de la Unión Europea, EEUU, Australia, Canadá y Noruega; países que habían emprendido sanciones económicas contra Rusia a raíz del conflicto territorial sobre Crimea y otras regiones del este de Ucrania. Los países de la UE más afectados por este veto son, en este orden: Polonia, Lituania, Países Bajos, Alemania, España, Dinamarca, etc. En el caso español, las exportaciones a Rusia se cifran (2013) en 440,8 millones de euros.

Tras esta escueta introducción, analizaré las consecuencias económicas derivadas de esta crisis. En primer lugar, al interrumpirse el comercio internacional se producen efectos distintos -aunque todos nocivos- para los consumidores de todos los países afectados por la prohibición, incluido Rusia. Empecemos por los países exportadores. Con objeto de minimizar las pérdidas, la cuestión más importante y urgente es decidir cómo, dónde y cuándo colocar el excedente de producto. La solución más fácil para los productores sería "vendérselo" a Bruselas, al fin y al cabo -dirán aquellos- "han sido los políticos los causantes del problema". En realidad, no se trata de una venta stricto sensu. El excedente agrario (y pecuario, en su caso) ya recolectado será destruido y el pendiente de recolectar se dejará mermar en la propia plantación. El tratamiento de vegetales y animales es distinto aunque no voy a hacer un análisis separado del problema.

El "rescate europeo" podría beneficiar también a otras industrias auxiliares como, por ejemplo, el transporte por carretera. Todo dependerá de la habilidad lobista que cada sector afectado sea capaz de desplegar ante los burócratas de la UE. Como no podía ser de otra manera, la factura será sufragada por los anónimos contribuyentes europeos para no perder la "buena" costumbre de socializar las pérdidas.

Al margen de la intervención gubernamental, los empresarios tendrán que buscar soluciones de mercado. Si el levantamiento de la prohibición fuera previsible a corto plazo se podría vender el excedente a un intermediario situado en un país no afectado por el veto -como Suiza o Marruecos- y exportarlo desee allí a Rusia, sin tener por ello que alterar el transporte terrestre de la mercancía. Es patente que esta solución encarece el producto pero evitaría la siempre costosa reestructuración del mercado para adaptarlo a la nueva situación intervenida.

Mientras los burócratas deciden en Bruselas los productos perecederos merman rápidamente y los empresarios deben actuar. Pueden optar por la extensión de mercado, es decir, vender donde antes no se vendía. De entrada, sería preciso conservar los alimentos el tiempo necesario para recolocarlos, aún bajo pérdidas, en otros mercados alternativos y salvar lo que se pueda de la quema. Por una parte, hay que buscar proveedores de almacenamiento en frío que dispongan de capacidad, y por otra, encontrar urgentemente nuevos clientes. Los especuladores -cuya esencial función niveladora del mercado nunca ha sido entendida- son los más capacitados para resolver ambos problemas. Sus comisiones serán altas pero aún así rentables pues mitigan las pérdidas de los productores y evitan la caída generalizada de los precios en el resto de mercados.


Otra solución es la penetración de mercado, es decir, vender más cantidad de producto en los mercados ya existentes (excepto Rusia). Esta mayor oferta iría acompañada de un descenso de los precios de los productos afectados. Al contrario de la solución de "rescate público", donde los consumidores son expropiados (impuestos) para pagar una mercancía destruida (y no consumida), esta alternativa beneficia a los consumidores europeos pues pagarán menos dinero por los mismos productos o podrán consumir más cantidad de producto con el mismo presupuesto. A los consumidores rusos les sucederá lo contrario: menos oferta incrementará los precios y reducirá su nivel de vida.

¿Qué sucederá con los productores europeos afectados? Algunos verán reducido su beneficio, otros soportarán pérdidas y los productores marginales irán a la quiebra. Para políticos y macroeconomistas en la nómina del estado esas desgracias son meras estadísticas, bajas colaterales de la política internacional que siempre pueden ser repuestas mediante las keynesianas "políticas públicas"; es decir, los males del intervencionismo se arreglarán con nuevas intervenciones de política económica.

Pero al mal tiempo buena cara. Mariano Rajoy no ha tenido empacho en declarar que el veto ruso será "un estímulo y un acicate" para los productores españoles; mutatis mutandis, deberíamos estar agradecidos al ministro Montoro por expoliarnos cada día más y darnos la oportunidad de asumir el "ilusionante" reto de administrarnos mejor.

Si esta guerra comercial se prolonga en el tiempo, el mercado deberá ajustarse a la nueva coyuntura intervenida. La economía de los países afectados será un poco más autárquica que antes y como argumentaba Mises (Acción Humana, 2011: 878) : "la producción se desplazará de las zonas donde la productividad por unidad de inversión es mayor (UE) a otros lugares (Rusia) donde la rentabilidad es menor". La quiebra de algunas empresas en Europa se compensará con la aparición de otras nuevas en Rusia pero la producción total será menor que antes de la prohibición. El resultado final será un descenso del nivel de vida de los consumidores europeos y rusos.

miércoles, 6 de agosto de 2014

Bajar los impuestos (2ª parte)


El pasado mes de julio publiqué un artículo apoyando la iniciativa de la Alianza de Vecinos de Canarias. Esta agrupación, integrada por 550 asociaciones de vecinos de todas las islas, viene reclamando en todos los ámbitos institucionales una reducción de 50% en el IRPF para las rentas del trabajo inferiores a 3.000 €/mes. A petición de su presidente, Abel Román Hamid Alba, publico esta segunda parte donde intentaré justificar por qué es preciso bajar los impuestos.

El primero y más sólido de los argumentos es de orden ético: todo impuesto es una expropiación forzosa de la riqueza legítimamente poseída por la persona; es decir, el impuesto es un acto de violencia institucional contra el individuo y es un deber respetar de forma irrestricta la propiedad ajena. Todo impuesto es confiscatorio y es una desgracia, una grave omisión jurídica, que la Constitución de 1978 no haya puesto límites a la acción depredadora de los políticos.

En segundo lugar, los impuestos empobrecen a los ciudadanos mermando su renta disponible sin que por ello obtengan servicios públicos equivalentes. Es posible medir el monto total de lo expropiado pero no hay forma humana de cuantificar económicamente los servicios públicos que nos entrega el Estado. No existe cálculo económico alguno que nos permita saber el retorno de las intervenciones públicas. La experiencia y la lógica nos confirma que el dinero público "como no es de nadie" -decía Carmen Calvo- se gasta ineficientemente según criterios políticos y no en pos de un siempre difuso y maleable "interés general". En particular, es alarmante la capacidad creativa de las autoridades para idear nuevos e imaginativos impuestos. No sólo pagamos nuevos impuestos sino mayores incrementos de los ya existentes. Esta presión fiscal no ha hecho sino agravar aún más la ya maltrecha situación económica de las familias. Llueve sobre mojado.

John C. Calhoun (1782-1850)
En tercer lugar, a medida que el impuesto aumenta, en la economía se producen menos bienes y servicios. El mérito y la productividad de empresas e individuos resultan penalizados pues nadie sensato estará dispuesto a aumentar su rendimiento a sabiendas que otros "administrarán" el fruto obtenido. Al contrario, la política de subsidios fomenta la aparición de "buscadores de rentas": organizaciones, lobbies e individuos especializados en hacer que las autoridades les otorguen el dinero (o los servicios) expropiado previamente a las masas no organizadas. Como decía John C. Calhoun, se produce en la sociedad la aparición de dos nuevas clases sociales: los proveedores y los consumidores netos de impuestos. El resultado es que habrá menos personas esforzándose en trabajar y más personas eludiendo el esfuerzo en espera de obtener ayudas gubernamentales. El impuesto destruye el mérito y fomenta la injusticia y el parasitismo social.

Por último, la presión fiscal es directamente proporcional a la economía sumergida. Muchas personas con bajos ingresos se ven abocadas a la ilegalidad como única forma de subsistencia. Otras, con más dinero, información y conciencia del expolio a que están siendo sometidas, emplearán todos los medios -legales o ilegales- a su alcance para defenderse del saqueo gubernamental. Llegados a este punto, soslayar la legislación -sucedáneo moderno de la Ley- se convierte en un acto cotidiano. Las empresas imputan el riesgo de ser sancionadas como un coste empresarial más al que se debe hacer frente. Desaparece cualquier atisbo de culpa. Aquellos que eluden el impuesto llegan a disfrutar de la íntima satisfacción de estar engañando al fisco. Se inicia un proceso de descomposición social.

Ninguna sociedad puede sostenerse durante mucho tiempo vulnerando el más elemental principio del derecho: el respeto de la propiedad privada. Ninguna mayoría democrática puede legitimar al gobernante para expropiar sin límites al individuo porque nadie queda facultado para decidir sobre lo que no le pertenece. En conclusión, bajar los impuestos no sólo es un imperativo moral, es una condición sine qua non para el mantenimiento de la justicia y el orden social.

lunes, 28 de julio de 2014

Turismo y empleo en Canarias

Siempre que intentamos interpretar la realidad, uno de los errores más habituales es ver relaciones de causalidad donde no las hay. Esto se produce frecuentemente en economía cuando comparamos dos fenómenos que acaecen de forma contemporánea. Por ejemplo, si tras una reforma laboral que abarata el despido observamos que el paro aumenta es frecuente tachar la medida de ineficaz; sin embargo, también sería posible entender que en ausencia de aquella reforma, tal vez, el desempleo sería aún mayor. Como decía Frédéric Bastiat, sólo el buen economista es capaz de ver "lo que no se ve".

Se produce otro error similar cuando esperamos que exista cierta relación causa-efecto y éste último no aparece. Por ejemplo, ante una ocupación hotelera considerada buena o incluso muy buena, las cifras de paro se mantienen prácticamente inalteradas. Tal es el caso de Canarias. No puede ser -dicen algunos- que una mayor ocupación en el sector no lleve aparejado un aumento del empleo. De estos y otros males que nos aquejan suele culparse a los hoteleros, a su egoísmo o al "excesivo beneficio" que obtienen haciendo más negocio con la misma plantilla. 

Intentaré aclarar esta aparente paradoja. En primer lugar, en el negocio hotelero, la ocupación (demanda) puede variar sustancialmente en poco tiempo y la rigidez de las leyes laborales no ayuda a que la plantilla (oferta) se ajuste rápidamente a los cambios del mercado. Si el despido fuera libre, es decir, libremente pactado entre las partes, los empresarios podrían despedir rápidamente cuando la ocupación hotelera fuera baja y, con la misma facilidad, contratar rápidamente cuando aquella fuera alta. Es cierto que mediante el intervencionismo laboral las plantillas son más estables pero esto, lejos de ser una ventaja, es un grave inconveniente para la buena marcha del negocio y los empleados no siempre salen ganando con la pretendida protección gubernamental. Estos pasan de tener periodos con poca faena (baja ocupación) a otros donde trabajan hasta el agotamiento (alta ocupación). En el primer caso los empleados cobran más de lo que producen mientras que en el segundo cobran menos; esta es la fórmula que le queda al hotelero para compensar pérdidas y beneficios empresariales sin tener que despedir ni contratar. Ante el corsé que supone la legislación laboral el empresario encuentra formas de soslayarla y así mantener la rentabilidad. Otra solución empleada habitualmente es mantener la plantilla al mínimo y hacer frente a los picos de demanda con trabajadores temporales (ETT), lo cual supone, dicho sea de paso, un coste añadido para la empresa.

Podemos ahora llevar el razonamiento anterior a un periodo de tiempo más dilatado, como es el ciclo económico. Durante la fase de recesión muchos hoteleros sentían la necesidad de ajustar sus plantillas pero el coste del despido no les permitía hacerlo sin agravar aún más su maltrecha situación. Las indemnizaciones por despido llevarían ineludiblemente a la empresa a la quiebra. Un último recurso era mantener la plantilla y pedir créditos bancarios hasta que la situación mejorara. Las empresas supervivientes de la crisis podrían recuperarse en el futuro si conseguían en sus establecimientos tasas de ocupación más altas sin tener que aumentar los costes de personal. Ahora mismo, muchos hoteles están en esta etapa haciendo caja para amortizar los créditos y compensar las pérdidas de ejercicios anteriores. Esto explica la aparente contradicción de tener una alta ocupación sin que aumente el empleo. Buscar la causa en un súbito ataque de avaricia del empresario nos llevaría a preguntarnos por qué motivos la avaricia aumenta o disminuye, cuestión ésta que sesudos psicólogos podrían analizar.

La amenaza, escuchada en algunos medios de comunicación, de regular aún más el sector y obligar a los hoteleros a contratar más personal solo puede agravar aún más la situación. La indigencia intelectual de algunos políticos y sindicalistas no les permite comprender la siempre escurridiza y contraintuitiva naturaleza de los fenómenos económicos. Los gobernantes pretenden arreglar los desaguisados de su intervencionismo con más intervencionismo. Cual topos, ciegos por la ideología, quieren sustituir la libertad del mercado por la planificación económica.

lunes, 7 de julio de 2014

Bajar los impuestos

La Alianza de Vecinos de Canarias, integrada por 550 asociaciones de vecinos de todas las islas, ha lanzado a los Gobiernos Central y Canario una reclamación tan justa como necesaria: ¡que bajen los impuestos! en concreto -siguiendo el modelo de Ceuta y Melilla- los vecinos piden una reducción de 50% en el IRPF para las rentas del trabajo inferiores a 3.000 €/mes.

Entre 1996 y 2007, durante la fase de auge del presente ciclo económico (burbuja inmobiliaria y de obra civil) los políticos españoles de todos los colores y signos vieron cómo sus ingresos fiscales se multiplicaban de forma inusual. "No es posible disponer de tanto dinero", decían algunos. Unos gestores públicos responsables hubieran mantenido el tamaño del Estado devolviendo a los contribuyentes el exceso de recaudación. Sin embargo, nuestros sedicentes servidores públicos se dedicaron a otra actividad más placentera: gastar a mansalva. Hicieron justo lo contrario y crearon su propia burbuja de las Administraciones Públicas. Crearon ex novo  decenas de miles de cargos políticos y millones de empleados públicos. Se entregaron a la práctica obscena del mercantilismo democrático y a la creación de redes mafiosas y clientelares. Esta burbuja sigue intacta y, cual cáncer, consume gran parte del presupuesto. Esto explica que, a pesar de que los impuestos sean escandalosamente altos, no se observen mejoras equivalentes en las prestaciones públicas. 

Uno de los fallos más graves de la Constitución de 1978 fue no precisar, en términos monetarios, el concepto de "impuesto confiscatorio". Y no poner límites al poder político ha sido nefasto para el bienestar de los españoles: la expropiación fiscal no ha dejado de aumentar desde aquel aciago año en que nació el Estado de las Autonomías. 

Por fin, algunos canarios empiezan a darse cuenta de que el dinero donde mejor está es en el bolsillo de quien lo ganó con su trabajo. Nunca es tarde para entender que tras las bonitas promesas del Estado de bienestar se esconde una cruda realidad, a saber, que gran parte del bienestar prometido es consumido por quienes lo administran: políticos, funcionarios y empleados públicos. Y cuanto más dinero consumen los administradores en sí mismos menos queda para pagar la sanidad o la educación. La prosperidad del ciudadano y la del político suele ser inversamente proporcional.

Si se lograra el objetivo de reducir 50% el IRPF en Canarias los políticos se enfrentarían a un necesario dilema: cerrar hospitales y escuelas o cerrar empresas públicas y direcciones generales; despedir médicos y maestros o despedir parientes, amigos y enchufados. Sólo mediante la presión popular (y las urnas) los creadores de la burbuja estatal se verán forzados a pincharla. Los políticos deben entender, como todo hijo de vecino, que es el gasto el que debe ajustarse a los ingresos y no al revés. Pagando menos impuestos no se resiente el Estado de bienestar sino el bienestar del Estado. Cada euro de más en el bolsillo del consumidor genera empleo productivo, ahorro y mayor riqueza para el conjunto de la sociedad. Mi enhorabuena a la Alianza de Vecinos de Canarias por esta justa y brillante iniciativa.

domingo, 29 de junio de 2014

Tu boca NO está de oferta


Algunos colegios profesionales de dentistas han lanzado sendas campañas para defender los derechos de los pacientes. Su finalidad es alertar a los consumidores de que tras una publicidad "engañosa" y precios "excesivamente" bajos puede esconderse el uso de materiales de "mala" calidad y prácticas "erróneas" que ponen en riesgo la salud de los pacientes. Estos teman me tocan muy de cerca por dos motivos: uno es que desde 2010 vengo impartiendo un curso de Marketing de Servicios para Clínicas Dentales; y otro es que a mis 54 años, cual adolescente, llevo un tratamiento de ortodoncia con brackets. Por tanto, desde mi doble experiencia como docente y paciente, me gustaría hacer algunas precisiones ante este tipo de campañas. Mi análisis se hará desde distintas ópticas. Comenzaremos por los "derechos del paciente". Es un error considerar que existen derechos in abstracto o derechos en general. Los derechos y su corolario -las obligaciones- son referidos siempre a individuos que realizan contratos específicos; es decir, el derecho de un paciente, en tanto que consumidor, es de orden contractual. El dentista ofrece un tratamiento concreto, durante un período determinado, empleando unos materiales específicos, que proporcionará un resultado final deseado. A cambio, el paciente paga el precio estipulado en el contrato. Cada acto médico supone distintos derechos y obligaciones para las partes.

Respecto de la calidad, también es preciso una clarificación. En primer lugar, al igual que la utilidad o el valor, la calidad es un concepto subjetivo y difícilmente articulable. No existe una frontera entre la buena y la mala calidad pero sí existe un continuo de diferentes calidades desde la más alta hasta la más baja.
La calidad engloba muchos atributos distintos: prestigio profesional, reputación de la marca comercial, procesos (atención al paciente, tiempos de espera en la consulta) y evidencia física (instalaciones, materiales empleados) constituyen la mezcla de marketing de servicios. En general, los pacientes no poseen información precisa para valorar la calidad de una oferta pero no por ello compran a ciegas. La fama del dentista, el buzz marketing (rumor, prescriptores informales o "boca a boca"), la proximidad entre el domicilio y la clínica dental, la financiación o el precio, son elementos de valoración a la hora de comprar. Es cierto que el cliente no tiene la más remota idea sobre la calidad de los aparatos y materiales empleados (brackets, resina, férulas, herramientas), pero aún en el supuesto de que tenga toda la información técnica precisa, su interpretación y valoración requiere un enorme esfuerzo cognitivo que los consumidores no están dispuestos a realizar.

Hablemos ahora de precio y oferta. Los precios (como la calidad) no son ni excesivamente bajos, ni excesivamente altos, y todo intento de fijar límites en este sentido es arbitrario. Sin embargo, existe una correlación directa entre precio y calidad. El eslogan: tu boca NO está de oferta, de forma metafórica previene a los consumidores de que una oferta comercial temeraria, es decir, cuyo precio fuera sensiblemente inferior a los del mercado, es señal de precaución: las calidades entregadas también podrían ser sensiblemente bajas. Desde este punto de vista, las campañas de los colegios profesionales tienen sentido. Pero tampoco debemos olvidar que los productos y servicios de menor calidad ejercen una función importante en la economía: permiten que un mayor número de consumidores acceda a ciertos bienes hasta ahora vedados por su elevado precio. No está de más recordar que en España, según Juan Ramón Rallo, el 97% de los servicios odontológicos es sufragado con fondos privados. Por extraño que nos resulte, en el libre mercado todas las calidades son bienvenidas. Por ejemplo, un acto profesional realizado por un dentista menos habilidoso o con poca experiencia, en instalaciones modestas, con equipos comprados de segunda mano y materiales de menor calidad, deberá ofertarse necesariamente a precios bajos. Esto no incomoda a quienes ya tienen suficiente dinero para pagar calidades y precios superiores; en cambio, beneficia a las personas con menor capacidad adquisitiva que antes no podían acceder al servicio. Como resultado de los precios bajos, el mercado de servicios odontológicos se expande por la franja inferior. Análogamente, la aparición de técnicas como Invisalign (fundas invisibles) hace lo propio por la franja superior. El aumento de la oferta en ambos sentidos, con precios más bajos y más caros, incrementa del número total de clientes. Por tanto, se requerirá un mayor número de dentistas (y personal auxiliar) para atender a un mayor número de pacientes y esto producirá, a su vez, una mayor especialización de profesionales y clínicas dentales. Lo que parecía inicialmente un inconveniente se revela como una ventaja.
En cuanto a la publicidad "engañosa", no es fácil establecer un criterio de demarcación entre la verdad y la mentira de la información publicitaria ¿Quién sería el árbitro en tan dificultosa tarea? Ni siquiera para los jueces es asunto sencillo. Todo intento institucional de controlar el mercado aludiendo a una supuesta "verdad oficial" es una arrogancia fatal que acarreará muchos inconvenientes y pocas ventajas. Pero ante la ausencia de control institucional ¿cómo se autoprotege el consumidor de un fraude comercial? Según Morris y Linda Tannehill: los negocios cuyos productos son potencialmente peligrosos para los consumidores dependen de la buena reputación. El irrestricto comportamiento deontológico de un dentista es algo más que una opción moral, es una cuestión de supervivencia. En ausencia de privilegios gubernamentales los consumidores castigarán a los profesionales (y empresas) que actúen fraudulentamente. ¿Es engañoso hacer una oferta, durante un tiempo limitado, de un servicio odontológico? sí, "siempre que sea la competencia quien lo haga". Bromas aparte, cuando los consumidores reciben descuentos, ofertas de 3x2 (bono económico), regalos (bono social) o son invitados a probar un nuevo producto o servicio ¿están acaso siendo engañados? Si un niño lleva brackets y el dentista ofrece un descuento de 10% en la ortodoncia de su hermano menor ¿significa esto que el primogénito estará mejor atendido? El descuento aplicado es debido por el mayor volumen de compra del cliente (padres) pero nadie diría que la boca del segundo hermano "está de oferta". Como vemos, eslóganes populistas como "la salud (o la educación) no está en venta" no resisten el más mínimo análisis económico.

Por último, intentaré justificar que las clínicas dentales, como cualquier negocio, pueden y deben utilizar todas las estrategias y recursos de marketing a su alcance con sólo dos condiciones: a) comunicarse verazmente con sus clientes para que tomen decisiones informadas; y b) cumplir los contratos. A diferencia de otros facultativos que son funcionarios o empleados en la empresa privada, el dentista es un empresario y actúa como tal buscando el legítimo beneficio de su actividad. En ocasiones, los médicos se enfrentan a dilemas éticos ¿se debe aceptar la preferencia estética de un paciente a costa de un mayor riesgo para su salud? La intervención sanitaria por motivos estéticos es un ejemplo de que la salud no es siempre un valor hegemónico: algunos pacientes asumen riesgos calculados sobre su salud a cambio de una mejor apariencia física o estado psicológico. Todo dentista es libre de negarse a incrustar un diamante en el diente sano de un paciente aludiendo que tal cosa perjudicaría su salud bucodental pero no puede impedir que otro colega acepte ese intercambio. Tampoco existe una frontera nítida en cuestiones éticas. Veamos otro ejemplo: ¿deberíamos vender un tratamiento Invisalign a sabiendas de que el cliente deberá rescatar antes su plan de pensiones? Si el paciente está debidamente informado, el negocio es éticamente impecable ya que aquél expresa una mayor preferencia temporal: valora más su bienestar presente que su bienestar futuro. Es un axioma que todo intercambio libre y consentido, sin que exista fraude o coacción, beneficia a ambas partes; si no fuera así, el intercambio nunca se produciría.

Para terminar, quiero expresar mi profunda admiración por la figura del dentista. Su labor es muy meritoria. No sólo ha invertido muchos años de estudio y esfuerzo para adquirir su capacitación técnica, además debe manejar su empresa como todo hijo de vecino: debe contratar empleados, formarlos, motivarlos y llegar a formar un equipo de trabajo cohesionado; debe asumir riesgos y realizar costosas inversiones en equipamiento de alta tecnología; debe contratar asesoramiento fiscal, laboral y contable; y debe competir en el libre mercado utilizando todas las estrategias de marketing a su alcance. El dentista, como empresario, no puede quedar al margen de su función mercantil; pero el legítimo ánimo de lucro debe conciliarse con los igualmente legítimos intereses de sus clientes.

miércoles, 4 de junio de 2014

El petróleo en Canarias y las externalidades

Ludwig von Mises
Según Ludwig von Mises, una externalidad se produce cuando un agente económico no percibe íntegramente los beneficios o no soporta completamente los costes derivados de sus derechos de propiedad. La contaminación medioambiental, ya sea en forma de riesgo o como hecho real, es el clásico ejemplo de externalidad negativa: el que contamina obtiene beneficios pero no paga todos los costes derivados de su actividad. Ejemplos de externalidad es la contaminación de los ríos y mares o el ruido de los aviones en las cercanías de los aeropuertos.

Para resolver este tipo de conflictos debemos acudir al Derecho. En primer lugar, como dice el profesor Miguel Anxo Bastos: "todo propietario tiene derecho a contaminar lo suyo -ius abutendi- siempre y cuando no perjudique a un tercero". Por ejemplo, toda persona tiene derecho a contaminar su propio cuerpo (como primera propiedad) y nadie puede impedirle consumir tabaco, alcohol y otras drogas. En segundo lugar, debemos aplicar el principio de "primero en el lugar" o first in place. Por ejemplo, la refinería de Santa Cruz de Tenerife contamina diariamente a los residentes de la ciudad pero aquella se instaló en 1930, antes de que lo hiciera la mayoría de los residentes actuales; quien hoy se queja de los malos olores podría haberlos evitado comprando una vivienda lo suficientemente lejos de las instalaciones de Cepsa. Admito que este último argumento puede ser objeto de controversia pero voy a soslayar el debate para no alargar excesivamente el artículo. Lo importante es comprender el principio jurídico que otorga mejor derecho a quien llega primero a un sitio que a quien llega después. En tercer lugar, el riesgo de que alguien pueda perjudicar a un tercero, per se, no legitima a este último para impedir al primero el libre uso de su propiedad.

Una vez que hemos averiguado quién tiene el mejor derecho, cuestión no exenta de polémica, pasamos a la fase de negociación. Si el que contamina tiene derecho a ello, deberá ser la otra parte quien pueda ofrecerle una compensación económica (o de otro tipo) para que renuncie o deje de contaminar. En caso contrario, deberá ser el agente contaminador el que ofrezca la compensación al agente contaminado: como cuando las empresas de telefonía móvil pagan a las comunidades de vecinos un canon por poder instalar las antenas en sus azoteas (no existe consenso científico sobre los efectos de este tipo de radiación). El conflicto sobre el petróleo en Canarias es un claro caso de externalidad: si finalmente se extrae el petróleo, el Gobierno Central y Repsol obtendrán beneficios económicos pero serán los ciudadanos y empresas de Lanzarote y Fuerteventura (principalmente), o la fauna marina, quienes sufran los daños de un eventual derrame de crudo en el océano. La ganancia de unos es la pérdida de otros.

¿Cuál es la solución para Canarias? Como el Estado posee jurídicamente los derechos para prospectar y extraer el petróleo en el mar territorial: a) los que soportan el riesgo de accidente no pueden impedir que Repsol actúe; b) si el Gobierno de Canarias, cabildos, ayuntamientos, hoteleros, ciudadanos, etc. desean evitar el riesgo de la extracción deberán negociar con el Gobierno central, como propietario de los derechos, el cese de su actividad. ¿Qué pueden ofrecer los políticos canarios a Rajoy para que renuncie a sus planes? podrían dar apoyos políticos al PP en los parlamentos, cabildos y ayuntamientos. Es decir, la supresión del riesgo a cambio de votos. Si el Gobierno Central no acepta el trato ¿qué pueden hacer las autoridades canarias y empresas? los afectados por el riesgo pueden dedicar parte de su presupuesto a contratar un seguro o realizar planes de contingencia en caso de derrame. Esta actitud defensiva es la misma que hace el propietario de una finca cuando costea su propia valla o cuando instala un sistema antiincendios.

¿Qué está sucediendo en Canarias? nacionalistas y socialistas -valga la redundancia- han encontrado un filón político que explotar; en particular, los primeros tienen ahora una causa justa y popular para redoblar su mensaje: nosotros somos los únicos que verdaderamente defendemos al pueblo canario frente a la opresión y el maltrato de Madrid. Vaya por delante que estos sedicentes salvadores de la patria canaria son los mismos caciques que desde hace 30 años mantienen a las Islas como una de las regiones campeonas en paro y pobreza. A esta tropa nacionalista las externalidades del petróleo les viene como picha al culo, les sirve para mantener su tesis del maltrato y la agresión externa, primera lección del libro de cabecera de todo buen sátrapa. En este caso, no se trata de un enemigo externo sino de dos: el Estado español y la "malvada" multinacional Repsol. Dos por el precio de uno. Jamás los nacionalistas tuvieron una ocasión tan clara de fomentar el espíritu independentista.