martes, 29 de diciembre de 2015

Adónde va nuestro dinero

En ocasiones se argumenta que determinados negocios turísticos tales como el "todo incluido", el alquiler vacacional o los cruceros no son "demasiado rentables" para el destino turístico porque los clientes realizan sus pagos en "origen" y gran parte del dinero se queda "fuera". Otras veces se dice justo lo contrario: el dinero de las compras realizadas en origen, en corporaciones extranjeras como Carrefour o Ikea, se va a Francia o Suecia y no se queda en España. Hoy intentaré explicar adónde va nuestro dinero cada vez que realizamos una compra y veremos que estos lamentos carecen de lógica económica. Para saber adónde va nuestro dinero tan solo debemos seguirle el rastro. Independientemente de dónde y cómo se realice el pago, el dinero tiene que ir al bolsillo del dueño de los factores de producción: tierra, capital y trabajo. Da igual que un turista pague en origen o en destino, su dinero sufragará absolutamente todo aquello que consuma durante sus vacaciones (transporte, hotel, alimentación, excursiones); la única diferencia es que, en el primer caso, el cliente pagará la factura total a la agencia de viajes que, a su vez, deberá realizar pagos al transportista y al hotel; éste, a su vez, deberá pagar los salarios de los trabajadores y las facturas a proveedores: artistas, alimentación, bebidas, agua, electricidad y un largo etcétera de gastos menores; además, todas las empresas participantes en la economía deberán pagar impuestos y tasas diversas como IBI, basura, vados, etc. Por tanto, el dinero siempre acudirá a retribuir al productor del producto o servicio. 

En el segundo caso, las empresas extranjeras (Carrefour, Ikea, etc.) radicadas en España pagarán todos los costes operativos que se producen en origen (salarios, proveedores) y también a todos sus suministradores de mercancías ubicados por todo el mundo; finalmente, en caso de tener beneficios, la corporación repartirá dividendos. Pero en una economía moderna, ¿quiénes forman la propiedad de una multinacional? la mayoría, pequeños ahorradores repartidos por todo el mundo que son accionistas o partícipes de fondos de inversión. El dinero se reparte de una forma intrincada por toda la economía global.

En tercer lugar, los ataques contra el "todo incluido" tampoco se justifican. Supongamos, a efectos dialécticos, que el consumo por visitante permanece invariable; si el turista consume dentro del hotel la cerveza que antes consumía en el bar de la zona, esta elección incrementa las ventas del primero y disminuye las del segundo pero la fábrica -o el distribuidor- en ambos casos, vende la misma cantidad de cerveza. Los hoteles necesitarán más trabajadores y los bares menos, el factor trabajo se traslada de un negocio a otro pero el empleo, en su conjunto, no se resiente. Los cambios que suscita el "todo incluido" forman parte del dinamismo del mercado producto de los cambiantes gustos de los consumidores. Un buen empresario no se queja de los gustos de sus clientes sino que procura adaptarse a ellos y satisfacerlos. Un mal empresario (mercantilista) acude a su amigo, el político de marras, para que éste haga una ley a su medida, ley que favorece sus intereses a expensas de los intereses de competidores y consumidores. Este es el llamado capitalismo de amiguetes. 

Por último, tenemos el negocio del alquiler vacacional, formato muy apreciado por una cantidad creciente de turistas y que mejora la economía de muchas familias. Pues bien, como este sistema funciona, llegan los "defensores del interés general" para legislar, prohibir, regular, hostigar y amenazar a los propietarios con sanciones. La consecuencia es la destrucción de este mercado y la mayor pobreza de miles de afectados pues los turistas se desplazarán a otros destinos. La excusa para la intervención es que el alquiler vacacional evade impuestos y hace competencia desleal a los empresarios turísticos, que sí pagan impuestos. El alquiler vacacional ha funcionado libremente en España durante decenios pero el político saqueador (valga la redundancia) siempre necesita más dinero, lo que confisca habitualmente nunca es suficiente para satisfacer su voracidad.

martes, 8 de diciembre de 2015

La sanidad, ¿no se vende?

Ahora que estamos en campaña electoral las mentiras y falacias que habitualmente profieren los políticos se multiplican y amplifican sin que periodistas y contertulios hagan nada por desenmascarar las trampas dialécticas de estos fantoches y vendedores de crecepelo. En su mayoría socialdemócratas, estos afirman que determinadas cosas -como la sanidad o la educación- no están en venta. Hoy me propongo refutar esta afirmación. La realidad es bien distinta pues lo único que no se vende ni se compra es un bien ilimitado -como el aire- o aquello carente de valor -como un trozo de piedra. La sanidad, de todos es sabido, es un bien económico, es decir, es escaso en términos relativos pues la demanda supera a la oferta. También es evidente que los medicamentos se venden en las farmacias, que los médicos y enfermeros venden su trabajo a cambio de dinero o que los hospitales deben pagar las facturas de agua y luz. Como decía Milton Friedman "nada es gratis". Quienes afirman que la sanidad debería ser gratis, en el fondo, pretenden robar los medicamentos a las farmacias, el equipamiento hospitalario a los fabricantes y esclavizar a los trabajadores de la sanidad. La salud o la atención sanitaria, aunque lo proclamen todas las constituciones del mundo, no es un derecho del hombre sino una necesidad humana sujeta a las leyes de la economía. Precisamente, porque la salud es altamente valorada por las personas, los medicamentos y servicios de la salud son objeto de intercambio económico y reflejan precios de mercado. "La salud no tiene precio" es otra estupidez similar. Pero, ¿por qué alguien afirma que la sanidad no está en venta?
Ludwig von Mises

La primera confusión es que nadie compra o vende "sanidad", en general. Los pacientes no van "al" médico, van a "un" médico concreto (aunque ellos no lo elijan y sea impuesto por el jerarca de turno). Decía Ludwig von Mises en su monumental tratado "La Acción Humana" que es un error hablar de economía en términos de "clases" y no de forma concreta; todo intercambio económico es siempre marginal, referido a unidades de producto y servicio específicos. Un consumidor, por ejemplo, no elige entre la sanidad o la educación, tal vez deba elegir entre suscribir un seguro médico privado o enviar a su hijo a un colegio privado. De igual modo, tampoco existen servicios más "esenciales" que otros, tal y como afirma Samuelson y otros teóricos de los "bienes públicos"

En segundo lugar, afirmar que "la sanidad no se vende", creo yo, es propio de la ideología marxista. En el Manifiesto Comunista, Carlos Marx decía que el dinero no "tenía entrañas". Es propio de ensoñadores y de mentes infantiles creer que es posible organizar un paraíso en la tierra, un país de jauja donde no exista el dinero, ni la propiedad privada y donde todo sea de todos. Detrás de estas ideas, que sólo son deseos, usted hallará toda clase de parásitos, ladrones y enemigos del comercio -como dice Escohotado en su libro. Esta tropa socialista y autoritaria, todos ellos enemigos de la realidad, es altamente peligrosa para la sociedad pues la única forma que tienen de conseguir sus "nobles" objetivos es apelando a la violencia legislativa (valga la redundancia). El fin -dicen ellos- justifica los medios. Sin embargo, la única forma que una persona tiene para conseguir la mejor sanidad posible al mejor precio posible lo constituye el libre mercado y la producción capitalista en el seno de una sociedad abierta. Todo lo demás son eslóganes electorales de estafadores a la caza de votos.

lunes, 2 de noviembre de 2015

Apostamos por...


Apostamos por las energías limpias, apostamos por la igualdad, apostamos por un turismo de calidad, apostamos por la seguridad alimentaria, apostamos por la educación y la sanidad públicas, apostamos por más recursos para la dependencia, apostamos por la cultura, apostamos por el ajedrez en la escuela, apostamos por el empleo estable y de calidad, etc. Apostamos por... es la frase de moda que todo político, sindicalista, ideólogo, ingeniero social o lobista utiliza profusamente para disfrazar sus perversas intenciones. En el fondo, estos sedicentes jugadores en realidad no quieren otra cosa que utilizar la legislación para prohibir o saquear. Son unos ladrones de tomo y lomo que pretenden privilegios y dinero. Cuando apuestan por las energías limpias lo que pretenden es subvencionarlas a expensas del contribuyente. Cuando algunos artistas dicen apostar por la "cultura" quieren que el gobierno les reduzca el IVA o que financie sus mediocres creaciones; estos comedores del pesebre estatal quieren una retribución superior a la que les asigna libremente el mercado. Pretenden que los consumidores paguen fiscalmente por consumir productos y servicios que no desean ni valoran. Algo que es bueno no precisa de la fuerza para ser consumido. Sólo los que fracasan comercialmente, cual mendigos, "apuestan" porque el Estado les saque las castañas del fuego. 

Apostamos por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres es la frase políticamente correcta que se utiliza para imponer a las empresas cuotas y servidumbres que privilegian a las mujeres a expensas de los empresarios y de sus compañeros de trabajo. Las feminazis que apuestan por la discriminación positiva de la mujer, mediante la coacción legal, deben reconocer su incapacidad para competir en el libre mercado. La envidia y el odio les impide reconocer su fracaso profesional y por eso culpan a la naturaleza o a la sociedad de algo que solo es achacable a su propia ineptitud.

Apostamos por...es la frase preferida del político intervencionista. Apostamos por un turismo de calidad es la frase falaz que sirve para prohibir la construcción de hoteles, excepto los de lujo, o para prohibir que los propietarios alquilen sus apartamentos a los turistas. Apostamos por un transporte seguro y de calidad es la excusa para prohibir la libre competencia de empresas como UBER y Blablacar. Apostamos por el ajedrez significa el intento de que nuestros hijos aprendan, por cojones, el ajedrez en la escuela y así sucesivamente. Detrás de cada "apostamos por", en plural, hay un saqueador que quiere tu dinero o un déspota que desea imponer su voluntad a los demás y en lugar de recurrir a la persuasión utiliza la violencia política (valga la redundancia). Obviamente, la sociedad no es un casino. Cuando alguien va al casino apuesta su propio dinero y es libre de jugarse todo lo que es suyo pero estos ludópatas del Estado quieren apostar siempre con el dinero de los demás.

lunes, 12 de octubre de 2015

La ciencia y su presunción de rentabilidad


Reconozco que la radio es mi gran fuente de inspiración. Escucho lo que para mí son falacias económicas y siento un impulso irrefrenable por sentarme a escribir. Hoy hablaré de la ciencia y de su "insuficiente" financiación pública. Periodistas e investigadores se lamentan de que talentosos investigadores españoles deben abandonar su patria porque no tienen oportunidades para investigar en condiciones adecuadas. Los sueldos de los investigadores en España -afirman los tertulianos- son bajos en comparación con los de otros países de la UE. Evidentemente, a cualquiera le gustaría cobrar más. Otra queja es la poca estabilidad laboral. La continuidad de los proyectos no está garantizada por falta de fondos económicos. Y el argumento principal para reclamar más "inversión" pública en investigación científica es su presunta rentabilidad social. Para ello, aluden a sesudos estudios que afirman que por cada euro invertido en ciencia, la sociedad recupera el doble o triple de la cantidad invertida. Esto es falso. Si fuera cierto, el problema de la pobreza en el mundo quedaría resuelto de un plumazo. Otros informes vinculan gasto en ciencia y creación de empleo. No deja de ser sospechoso que ni un solo estudio de este tipo afirme que el gasto en ciencia haya producido rentabilidades negativas. La causa es evidente: todos esos análisis de rentabilidad son falaces. En el sector público, por mucho que algunos se empeñen, no hay forma racional de medir la rentabilidad económica porque no hay cálculo económico. Solamente la cuenta de resultados de una empresa puede indicarnos si los costes de una línea de investigación se justifican o no. Afirmar que toda investigación per se produce un retorno positivo a la sociedad es tanto como afirmar que la actividad científica es intrínsecamente rentable. La ciencia económica refuta esta tesis.

La investigación científica sufragada públicamente no es una excepción a la norma y presenta las deficiencias propias de cualquier sistema público: a) Incentivos. Son los propios investigadores (sean o no funcionarios) o sus jefes políticos quienes deciden qué investigar. Ellos tienen intereses particulares que no siempre coinciden con los intereses de los contribuyentes, que son quienes pagan sus sueldos. Además, el prestigio que tiene la ciencia es usado instrumentalmente para justificar todo tipo de políticas. Antes de que una ley se promulgue es habitual observar cómo una legión de científicos en nómina de la Administración, como los zapadores, va despeando el terreno de obstáculos. Por ejemplo, si el gobierno quiere prohibir que se fume dentro de los vehículos, asistiremos a una avalancha de estudios "científicos" que estiman en miles los muertos al año por esta causa, la mayoría de ellos niños inocentes. De esta manera, la verdad científica (siempre provisional) es fácilmente pervertida y sustituida por la verdad "oficial" que dicta el gobierno. 
b) No existe forma racional de saber si una investigación ha sido o no rentable en términos monetarios porque no hay cálculo económico; y tampoco es posible afirmar que la ciencia genera empleo porque no es posible aislar, en el experimento, el resto de variables que actúan. Las ciencias empíricas y las ciencias sociales emplean métodos distintos, y es un error confundir correlación con causalidad. Por tanto, es falaz hablar de "inversión" pública en ciencia cuando de lo que realmente hablamos es de "gasto público" en ciencia. Inversión pública es un oxímoron. 
c) La ciencia no es gratis. Todo euro asignado al gasto en investigación ha debido ser previamente confiscado a los ciudadanos, y estos poseen necesidades propias, tal vez más urgentes que la investigación científica. Los defensores del gasto público olvidan el coste de oportunidad, es decir, lo que hubieran podido hacer los contribuyentes con su dinero si no se lo hubieran arrebatado. En el libre mercado son los consumidores quienes determinan, mediante el mecanismo de precios, la producción de la ciencia para atender las necesidades más perentorias de la sociedad. 
En conclusión, la ciencia económica refuta la tesis de la rentabilidad garantizada del gasto en ciencia. Reclamar una mayor asignación de dinero público para la investigación científica no se justifica y solo puede obedecer a los intereses de grupo. Algunos investigadores repiten el conocido mantra de sindicalistas y socialistas: "queremos empleo estable y de calidad". Quieren vivir del dinero confiscado a los demás y eludir la molesta incertidumbre que les ofrece el libre mercado.

lunes, 5 de octubre de 2015

El municipalismo como solución al problema catalán

El debate sobre la independencia de Cataluña consiste básicamente en un planteamiento de suma cero. La sociedad catalana está dividida y tanto si Cataluña permanece en España como si se independiza la insatisfacción de la mitad de su población está asegurada. La pugna actual entre los gobiernos español y catalán tiene por objeto únicamente el poder político sobre un territorio: el primero, para mantenerlo, y el segundo, para arrebatárselo al primero. Pero el bienestar de la población parece no importar demasiado a los gobernantes de uno y otro lado del Ebro. 

Respecto a la cuestión de la ilegalidad o inconstitucionalidad de la independencia de Cataluña, esta propuesta es absolutamente liberal. Las leyes deben servir a los ciudadanos y no constituir un obstáculo para que puedan alcanzar sus legítimos fines, incluida la libertad política y el cambio de statu quo. Yo defiendo el concepto hoppeano de secesión indefinida, es decir, los catalanes pueden secesionarse de España y, a su vez, los gerundenses o araneses pueden hacerlo de Cataluña. Esto es jurídicamente viable. El Principado de Liechtenstein admite constitucionalmente la secesión democrática de cada uno de sus once municipios. Por eso, el municipalismo puede ser la solución que proporciona mayor bienestar al mayor número de personas y reduce la pugna social entre facciones.

1. Territorio. Se organiza un referendum de independencia donde se acata el resultado a nivel municipal. Cada dos legislaturas se repite el referendum de tal manera que los municipios pueden cambiar de adscripción nacional cada ocho años. El statu quo político es reversible. Tras la consulta, el territorio de Cataluña es un mosaico de municipios catalanes y españoles, cada uno sujeto a las leyes respectivas de cada Estado. Cada residente podrá encontrarse en alguna de estas cuatro situaciones: a) español en municipio español; b) catalán en municipio catalán; b) español en municipio catalán; y d) catalán en municipio español.

2. Soberanía. El nuevo Estado Catalán fija su capital y completa sus instituciones. Ejerce soberanía sobre todos los municipios cuyo resultado haya sido favorable a la independencia. El Estado español mantiene la suya sobre el resto de municipios. Las competencias municipales serán fijadas por cada Estado.

3. Nacionalidad. Cada español residente en Cataluña será libre de elegir su nacionalidad. Podrá hacerse utilizando una segunda papeleta (nombre, apellidos y DNI) en el mismo acto de la consulta o posteriormente. A los abstencionistas se les asignará, de oficio, la nacionalidad española, inicialmente, sin perjuicio de que se establezcan mecanismos de cambio de nacionalidad.  

4. Relaciones internacionales. En un proceso como el que se describe: negociado, amistoso, libre de coacción y amenazas, no existe motivo alguno que justifique la expulsión del nuevo Estado catalán de las instituciones europeas o internacionales. La vigencia del tratado de Schengen permite una total libertad de circulación de personas, empresas y capitales en todo el territorio, tal y como sucede actualmente cuando una persona circula entre la Seo de Urgell, Andorra y Francia. El euro sigue siendo la moneda común de ambos Estados.

5. Nacionalismo. Todas aquellas personas que posean un fuerte sentimiento nacional y que, tras el referendum, hayan quedado residiendo en un municipio «extranjero» tienen dos opciones: a) mantener su residencia y esperar un cambio de resultado en la próxima consulta; b) mudarse a un municipio de su nacionalidad preferida. Este último caso supondría, sin duda, el afianzamiento de mayorías nacionales en determinados municipios, aumentando la satisfacción de un mayor número de individuos. 

6. Defensa, Seguridad y Justicia. Podrán acordarse cuotas para el reparto de instalaciones y medios de estas instituciones, que deberán radicarse finalmente en sus respectivos territorios. La Policía Local quedará vinculada a cada municipio y sus agentes podrán mantener su nacionalidad independientemente de cambios en la soberanía de los municipios.

7. Competencia política. La descentralización política que supone el municipalismo, junto con el principio de reversibilidad de adscripción nacional, constituye una innovación política que proporciona grandes ventajas para las personas. Los Estados, y los municipios en particular, se ven obligados a competir fiscalmente y los ciudadanos no sólo pueden cambiar de Estado cada ocho años sino que, con muy poco esfuerzo, podrá también "votar con los pies". Las inversiones se encaminarán hacia los municipios más atractivos fiscalmente, estables, pacíficos y que proporcionen mayor seguridad jurídica; mientras que los peor gobernados se irán despoblando (y empobreciendo) paulatinamente. Además, está la ventaja de que no hay redistribución forzosa de las rentas de los ciudadanos que pertenecen a municipios de distintos Estados.  

8. Conflictividad social. Las políticas lingüística, educativa y cultural perderán influencia como medios de adoctrinamiento político y deberán ponerse al servicio de los ciudadanos. Los padres disconformes con estas políticas podrán enviar a sus hijos a estudiar a otros municipios colindantes. Sin embargo, no cabe descartar intentos de limpieza étnica. Algunas corporaciones nacionalistas radicales intentarán expulsar de su territorio a las minorías para consolidar su identidad nacional. Aun así, el número total de insatisfechos siempre será menor que en una solución total: todos españoles o todos catalanes.

Muchos calificarán esta propuesta de utópica, heterodoxa o absurda. No ha sido concebida buscando la soberanía de naciones o estados sino otra soberanía más importante: la del individuo. Este modelo innovador, pacífico, municipalista y reversible permite alcanzar la necesaria paz social en Cataluña a la vez que introduce una saludable competencia política entre Estados. La alternativa que nos ofrece la política ortodoxa no es sino la confrontación social permanente, consecuencia de otra lucha, la que libran las élites políticas de uno y otro bando por el monopolio del poder.

sábado, 3 de octubre de 2015

Mejor liquidar que rescatar

Excelente entrevista que nos explica por qué las Cajas de Ahorro nunca debieron ser rescatadas con el dinero de millones de contribuyentes. Solo discrepo de una cosa: el motivo por el que una entidad financiera, como cualquier empresa, debe ser liquidada no es "económico" (que sea más barato) sino "jurídico". Las pérdidas de un negocio privado debe recaer exclusivamente en sus propietarios y nunca en el conjunto de la población.

sábado, 22 de agosto de 2015

Los derechos espurios

Espurio significa falso, ilegítimo, no auténtico. Hoy escribiré sobre los derechos espurios que, desgraciadamente, abundan en casi todas las legislaciones. En primer lugar, derecho y obligación son dos elementos indisociables en toda relación jurídica. El derecho a la vida de toda persona implica la obligación del resto de la humanidad de respetar su integridad física, es decir, de abstenerse de agredir a esa persona. El derecho de propiedad implica el deber de los demás de respetar y no violar la propiedad ajena. Este tipo de derechos se denomina “negativo” porque implica una prohibición del resto de personas, es decir, implica la no interferencia y la abstención de actuar de los demás. El derecho “positivo”, en cambio, es aquél que para que sea satisfecho requiere una obligación de actuar de otra parte. Si aceptamos que los niños tienen el derecho a ser alimentados, alguien tendrá el deber de alimentarlos -normalmente sus padres. El derecho "negativo" implica la no interferencia o abstención de actuar mientras que el derecho "positivo" implica una servidumbre de actuación por parte de alguien. El problema de los derechos espurios aparece cuando el legislador, ya sea movido por su ideología, por necedad, por populismo o por una mezcla de todo lo anterior, pervierte un derecho negativo en positivo. La Constitución española de 1978 es un buen ejemplo de mala legislación (valga la redundancia) pues ha creado ex nihilo derechos inexistentes. El derecho a la vivienda (o al trabajo) es espurio porque nadie tiene el deber de proporcionar una vivienda (o trabajo) a nadie. El dirigente comunista Julio Anguita se quejaba amargamente de que la Constitución no se cumplía porque había españoles sin casa y sin trabajo. Los marxistas, los colectivistas, los enemigos de la realidad, los ignorantes, los positivistas, los constructivistas y los imbéciles -entre otros- creen que es posible resolver los problemas del mundo mediante simples actos legislativos. No son capaces de distinguir entre Ley y legislación. Supongo que no han leído a Hayek ni a Leoni.
F. Hayek y B. Leoni 

Para crear derechos espurios, a su vez, es preciso apoyarse en otras mentiras y falacias. Una de ellas es el colectivismo metodológico, que consiste en atribuir personalidad a entes que carecen de existencia real. La “sociedad”, el “pueblo” o la “nación” no poseen derechos ni obligaciones, sólo los individuos son sujetos del Derecho. Cuando afirmamos que una empresas u organización tiene derechos y obligaciones, estas sólo pueden recaer en sus propietarios, que son de carne y hueso. Si alguien dice que los indigentes tienen derecho a una vivienda y que la sociedad tiene la obligación de proporcionársela estamos afirmando, implícitamente, que todos los no indigentes -personas particulares- tienen el deber de ayudar a los que no tienen medios económicos. Pero el deber relativo a la caridad (o solidaridad) es, en todo caso, un deber moral y no un deber jurídico. Los políticos son muy dados a ser "solidarios" con el dinero confiscado violentamente a los contribuyentes. La legislación no puede crear derechos de la nada como quien saca un conejo de la chistera. Los derechos son preexistentes a los legisladores y estos, en el mejor de los casos, tan sólo pueden reconocerlos. Los adoradores del Boletín Oficial creen ilusamente, por ejemplo, que los salarios pueden subir por arte de magia legislativa -leyes de salario mínimo- y no mediante un aumento de la productividad del trabajo. En general, todo el derecho laboral es espurio y debería ser abolido pues no sólo es injusto sino que es la principal causa del desempleo. 


También es posible crear derechos espurios apelando a la igualdad de oportunidades, otro mito que es preciso refutar. La igualdad de oportunidades no existe, lo que sí existe, afortunadamente, es la diversidad de oportunidades. El derecho a tener una mejor oportunidad es espurio, no es real, porque nadie tiene el deber de proporcionar oportunidades. Por ejemplo, el derecho a obtener una “beca pública” es falso porque para sufragarla debemos primero robarle el dinero a alguien; solo las becas privadas son legítimas porque se obtienen mediante un acto voluntario llamado donación. Todos aquellos “derechos” cuya satisfacción implique la violación de otros derechos que son efectivamente legítimos -como el derecho de propiedad- son espurios, en concreto, todos los denominados derechos “sociales”. Los políticos de las islas “afortunadas” (cuya labor padecemos estoicamente) afirman que los residentes en las islas pequeñas deberían tener las mismas oportunidades que los residentes en las islas grandes (capitalinas) y han hecho recaer en las empresas privadas de transporte aéreo y marítimo el correspondiente “deber” de hacer más viajes de los que requiere el libre mercado. Obligaciones (espurias) de Servicio Público es la ley que se han sacado de la manga estos enemigos del Derecho sin que los canarios sean capaces de asociar los fenómenos concatenados causalmente: derecho espurio, intervencionismo, monopolio y precios de monopolio.

Entrevista en Esradio (03/03/2016), sobre los derechos espurios.

lunes, 3 de agosto de 2015

Sobre la peseta y el euro


Después de trece años de la entrada en vigor del euro sigo escuchando con frecuencia que el cambio de pesetas a euros ha supuesto un encarecimiento general de los precios y una pérdida de la capacidad adquisitiva de los españoles. Hoy pretendo analizar el fenómeno de cambio de moneda para llegar a una conclusión aparentemente paradójica: el cambio de moneda, per se, no puede provocar inflación de los precios en la economía. La subida de los precios debe justificarse por otras causas que pasan desapercibidas. 

Empezaremos definiendo la inflación como un cambio en la relación monetaria, es decir, es el aumento de la cantidad de dinero en circulación con respecto al stock de productos y servicios que existen en un mercado. Podemos señalar tres causas de la inflación: a) el gobierno (a través de su Banco Central) imprime billetes y gasta ese dinero en atender sus fines. Este incremento de la masa monetaria reduce la capacidad adquisitiva del dinero teniendo para los consumidores un efecto equivalente a una subida de impuestos. b) los bancos, orquestados por el Banco Central, otorgan créditos (depósitos) sin que haya habido ahorro genuino (Banca con Reserva Fraccionaria). Ahora, en la expansión crediticia, son los bancos quienes se lucran ilegítimamente a expensas de los consumidores. Estas dos causas producen perversas distorsiones en la economía y constituyen un robo encubierto de la propiedad privada de los ciudadanos. La tercera causa es la que más nos interesa hoy: c) los consumidores deciden reducir sus saldos de dinero en efectivo y este dinero afluye a la economía en forma de mayor consumo. 

Veamos un ejemplo. Tras la entrada en vigor del euro (2002) los periódicos pasaron de costar 100 pts. a costar 1 € (166 pesetas) ¿acaso no es esto una subida brutal del precio? Mediante el "hiper redondeo" los vendedores suben el precio de ciertos productos aprovechando la dificultad de los compradores para realizar sus cálculos económicos en la nueva moneda. Pero nadie puede sentirse estafado. Calculadora en mano, algunos consumidores simplemente dejan de comprar prensa escrita; otros son conscientes de la subida de precios (+66%) pero siguen consumiendo periódicos a pesar de todo (consumidores cuya demanda de periódicos es inelástica). Pero si un consumidor gasta cada mes 12€ extra en prensa (40 cent. x 30 días), ceteris paribus, deberá forzosamente de abstenerse de gastar 12€ en otros productos. La subida de precios del periódico se compensa con la bajada de precios de otros productos que dejan de consumirse o que se consumen menos. El cambio de moneda no implica que haya más cantidad de dinero en la economía (única causa de la inflación) y la mera sustitución de pesetas por euros no justifica la subida de los precios. 

Supongamos ahora que estamos en un escenario donde a) y b) no se producen o lo hacen de forma mínima; la única explicación de la subida de precios es la tercera causa: el "desatesoramiento". Los consumidores mantienen habitualmente en su poder saldos de tesorería, dinero en efectivo en la moneda que pronto va a desaparecer (peseta) y parte de ese dinero,  especialmente aquél que ha sido salvado de la confiscación -dinero negro- afluye a la economía en forma de nuevas compras. La cantidad total de dinero en la economía permanece invariable, por tanto, técnicamente no hay inflación monetaria, pero los precios suben porque los consumidores dejan de retener una parte del dinero atesorado y esa mayor afluencia de dinero puja por el mismo stock de bienes. Este fenómeno es inducido durante la transición a la nueva moneda. Una vez que los consumidores se acostumbran a hacer cálculos en euros, lo cual puede llevar un número considerable de años, y una vez que los efectos de la subida de precios por desatesoramiento se reparten por toda la economía, la situación vuelve a estabilizarse y la nueva moneda rinde su servicio en condiciones normales. 

martes, 14 de julio de 2015

Contra la intervención turística

Ya en otros artículos he denunciado que el “intervencionismo económico”, es decir, forzar mediante leyes y mandatos a los consumidores y empresarios para que hagan algo que no desean, no solo es innecesario sino que produce distorsiones en el mercado que afectan a su natural eficiencia. Toda intervención restringe o prohíbe los deseos de los consumidores, su libertad para comerciar y, sobre todo, siempre significa una agresión a la propiedad privada. 
Intervenir en el turismo es el deporte favorito de muchos gobernantes: quieren restringir la libertad horaria en el comercio, prohibir "temporalmente" (moratoria) la construcción de hoteles, imponer un determinado menú en los establecimientos, cobrar una tasa por cada pernoctación o por cada café que ingieran, etc. Canarias es cuna de insignes políticos intervencionistas (valga la redundancia). Aquí se impone a "la" compañía aérea Binter unas determinadas rutas, frecuencias y plazas en cada vuelo. En su parlamento, templo de la ciencia económica, los diputados del PSOE han pretendido recientemente -como vulgares matones- fijar plantillas mínimas en los hoteles para "incrementar" la contratación personal. Pretenden eliminar el paro a base de hostias, al más puro estilo norcoreano. Según Gloria Gutiérrez, defensora de esta insólita moción, en el sector turístico canario faltan 42.000 empleos que deben ser cubiertos según las directrices del infalible órgano de planificación central. Todavía no sabemos como Gloria "la pitonisa" pudo llegar a la mágica cifra anterior, ¿acaso intuición femenina?

Un curioso argumento utilizado para denostar el turismo es que los consumidores compran un paquete completo en su lugar de origen y el dinero se queda allí. No es fácil apreciar que todo lo que consume un turista extranjero en España es equivalente a la exportación. Si los productores de frutas y hortalizas vieran incrementados sus pedidos a nadie se le ocurriría impedir la plantación de nuevos árboles y plantas. Exportar naranjas a Alemania nos parece fabuloso pero idéntico resultado se obtiene cuando las naranjas van desde Valencia a Palma de Mallorca para ser consumidas allí por los turistas alemanes. Es una contradicción que nos parezca bien incrementar las exportaciones de productos y al mismo tiempo veamos como una amenaza el aumento de visitantes que consumen esos mismos productos. Restringir la producción de un servicio demandado por los consumidores, como es el turismo, es una práctica antieconómica que no se sostiene.

Un segundo argumento es que los turistas “consumen” servicios públicos (carreteras, alumbrado, limpieza, infraestructuras, policía, sanidad, etc.) que no pagan. Lo cierto es que los turistas, directa o indirectamente, lo mantienen todo. Los turistas pagan IVA en cada acto de consumo que realizan, los turistas pagan proporcionalmente más impuestos que los residentes porque consumen en pocos días una mayor cantidad de bienes y además consumen en mayor proporción productos sujetos a impuestos especiales como las bebidas alcohólicas o la gasolina. Los turistas tienen seguros médicos y pagan la sanidad que, en su caso, reciben. Cada turista que pernocta paga indirectamente el IBI y las tasas de basura del establecimiento que lo aloja. Los turistas mantienen empresas, salarios y servicios públicos en igual o mayor cuantía que un residente permanente. Lo que no se dice es que los turistas frecuentemente son víctimas de pequeños hurtos y sisas (comercios, bares, taxis) y que no reciben la protección adecuada.

El tercer argumento es de tipo medioambiental. Por lo visto, las islas son ecosistemas "frágiles" y deben ser protegidas de una plaga bíblica llamada turismo que “consume” todo el suelo y el agua. Nuestras casas, chalés y centros comerciales no "devoran" el territorio, sólo los hoteles "comen" tierra. 

En cuarto lugar, también hay quienes pretenden prohibir el sistema “todo incluido” porque, según parece, los turistas no salen del hotel y consumen menos de lo “debido” ¿En qué quedamos? ¿consumen demasiado o no consumen lo suficiente? Si aquellos prefieren beber y comer dentro del hotel ¿por qué deberíamos forzarlos a consumir fuera? si así ahorran dinero, demuestran un comportamiento económico impecable. Tal vez prefieran gastar lo ahorrado en viajar más frecuentemente o en alargar sus estancias. Todo ello es legítimo. Los dueños de bares, restaurantes o taxis no tienen derecho alguno sobre el dinero de los turistas y, en lugar de pedir favores a los políticos, deberían adaptar su oferta a los cambiantes gustos de los consumidores.     

Es cierto que en algunas localidades, grupos de turistas causan destrozos, se tiran de los balcones a la piscina o impiden el descanso de la población residente. Estos hechos no dejan de ser minoritarios en un país como España que recibe anualmente 65 millones de turistas. Si España es un país que (supuestamente) atrae a los folloneros será debido a nuestro sistema institucional; mejoremos pues nuestras leyes y la eficiencia policial y judicial. 

Pero todo lo anterior es tan sólo la aparente justificación de los verdaderos fines del intervencionismo: la confiscación y la imposición. Como el turista consume de todo lo público sin pagar impuestos pongámosle una tasa compensatoria. Como vienen “demasiados” turistas que no gastan lo “suficiente” y no podemos impedirles la entrada, prohibamos la construcción de nuevos hoteles (excepto los de 5 estrellas). La alcaldesa Ada Colau acaba de suspender la construcción de 48 nuevos hoteles en Barcelona y ya veremos qué significa para Manuela Carmena “relanzar” el turismo en Madrid. Nada bueno podemos esperar de estos enemigos del comercio y del capitalismo.

Sin embargo, como decía Henry Thoreau, el mercado tiene la elasticidad del caucho y siempre encuentra maneras de soslayar la intervención violencia sobre el mercado. Empresas como Airbnb, Uber o Blablacar, que funcionan a través de Internet, han facilitado nuevos servicios turísticos "persona a persona" que operan al margen de la regulación gubernamental. Cualquier propietario oferta sus habitaciones, casas o medios de transporte disponibles para satisfacer la demanda de los consumidores. Y aquí, una vez más, aparece la intervención matona: sanciones para todos aquellos particulares que osen comerciar sin pasar por caja. Estamos ante un nuevo episodio de la eterna lucha entre la libertad y la coacción; entre el mantenimiento de la propiedad privada y la confiscación.

sábado, 4 de julio de 2015

Sobre el individualismo metodológico

Imagínese que usted necesita con urgencia un trasplante de riñón, si esto no ocurre pronto su vida corre peligro. Usted recibe una noticia agridulce: una persona ha fallecido en accidente de tráfico y sus familiares han consentido la donación de sus órganos. Usted es trasplantado con éxito y puede seguir viviendo con normalidad. Su gratitud es inmensa y, tal vez, desearía conocer a esas personas que le han salvado la vida. Usted sabe muy bien que ese riñón no procedía de un ente abstracto llamado “sociedad”, sino de un individuo singular, alguien con nombre y apellidos. El individualismo metodológico consiste en analizar cualquier fenómeno teniendo en cuenta que toda acción humana es realizada por un individuo, sólo o en conjunción con otros individuos. Lo contrario es el colectivismo metodológico, es decir, atribuir las realizaciones humanas a entes colectivos o agregados de individuos tales como pueblo, ciudad, nación, gobierno, estado, etc. Un colectivista metodológico diría: “la nación A declara la guerra a la nación B”, un individualista metodológico diría: “el jefe del estado A declara la guerra al jefe del estado B”. Usar un método u otro tiene importantes consecuencias para interpretar la realidad.

Imagine ahora que usted tiene un hijo de 18 años -Luis- que obtiene una beca de estudios del gobierno, el dinero de esa ayuda proviene de los presupuestos generales del estado que a su vez proviene de cientos de tributos distintos pagados por millones de contribuyentes. En este caso, por decirlo de alguna manera, parece que es la “sociedad” quien paga la beca de Luis. Sin embargo, sólo los individuos (las empresas la forman individuos) pueden pagar impuestos. Desde el punto de vista económico, la diferencia entre un riñón y una beca es que el primero es un bien único, indisociable de su propietario, mientras que la beca -mejor dicho, su equivalente en dinero- es un bien fungible que se puede mezclar. El dinero, el trigo o el aceite son bienes fungibles. Estos productos pueden mezclarse sin que sea posible identificar a quien pertenece cada porción de materia. La fungibilidad del dinero hace posible la redistribución de la riqueza ocultando la conexión entre el “benefactor” y el beneficiado. El erario se parece a un gran silo, por la parte superior entra el dinero procedente de la recaudación fiscal y por la parte inferior sale el dinero destinado al gasto público.

Pero sigamos imaginando y apliquemos el individualismo metodológico al caso de la beca. Recuerde, usted es el padre de Luis. Los 2.000€ de la beca de su hijo provienen del IRPF confiscado al ciudadano Pedro López, 43 años, natural de Madrid, de profesión taxista. En la carta de concesión de la ayuda, el “Director General de Becas” comunica que gracias a la “generosidad” de D. Pedro López (se adjunta teléfono y correo-e) su hijo Luis puede ir este año a la universidad. ¿Qué haría usted? ¿Llamaría a D. Pedro López para darle las gracias? ¿O tal vez prefiera no hacerlo?. Quizá la reacción del “donante” no sea muy amistosa. O tal vez suponga usted que ese tal Pedro López tan sólo cumple con su deber fiscal y que Hacienda hace otro tanto con su dinero. Tal vez usted pague, recíprocamente, la beca del hijo del taxista, ¿quién sabe? El administrador del silo -el gobierno- tiene un gran interés en que la gente piense que "todos pagamos lo de todos". A río revuelto, ganancia de pescadores. Los impuestos donde existe una nítida participación individual -conscripción, jurado o servicios electorales- suelen ser impopulares y los afectados procuran evadirlos. 

Veamos ahora qué sucedería si empleáramos el individualismo metodológico. Imagine que para todo político o empleado público, en el reverso de la nómina, se reflejara la identidad de las personas que han debido ser confiscadas para satisfacer pingües sueldos y suculentas comisiones, incluidas las cantidades que paga cada contribuyente. Imagine también que cuando se disfruta de guardería gratis, educación gratis o sanidad gratis se recibiera una factura con el precio del servicio (esto ya se ha hecho) y el nombre de los contribuyentes fiscales que deben pagarla. Por último, imagine que el recientemente nombrado alcalde o concejal, tras haberse subido el sueldo en el primer pleno celebrado, tuviera que enviar una carta personal a 100 contribuyentes -los paganinis de la subida- explicándoles que cada uno pagará 500€ más cada año en impuestos para sufragar el aumento de "dignidad" de la excelentísima corporación. Si hiciéramos lo anterior es muy probable que viésemos las cosas de otra manera. Tal vez, al cruzarnos en la calle con el flamante concejal le echáramos en cara que por culpa de su subida salarial este año no podremos reparar el baño de la casa o no podremos arreglarte los dientes a un hijo. Esta conexión sería fatal para quienes viven del presupuesto.

Al contrario que las organizaciones que viven gracias a la confiscación los sistemas voluntarios tienen interés en que donante y receptor se conozcan mutuamente. Es más fácil que alguien decida apadrinar a un niño si poseemos su foto, sus datos e información sobre sus progresos escolares que si los fondos los recibe una asociación o colectivo. Por otro lado, el agradecimiento genuino sólo es posible si se conoce la identidad del donante. El sistema de redistribución de la riqueza -mal llamado estado de bienestar- oculta sistemáticamente la conexión individual entre los proveedores y los consumidores netos de impuestos por varios motivos: a) técnicamente, es más fácil redistribuir la riqueza de la forma en que se hace ahora; b) se puede idear nuevos impuestos y aumentar su cuantía con menor resistencia de los confiscados; c) los consumidores netos de impuestos no tienen que enfrentarse cara a cara con sus proveedores fiscales; evitando así la vergüenza de los primeros y la ira a los segundos; d) el intermediario político -la clase extractiva o parasitaria- puede reservarse para sí una porción considerable del ingreso fiscal; "el que parte y reparte se lleva la mejor parte". e) el intermediario aumenta considerablemente su poder al atribuirse a sí mismo el mérito de asignar el gasto y repartir privilegios. 

En conclusión, el individualismo metodológico pone de relieve la verdadera naturaleza inmoral del impuesto -cualquier impuesto- y de su corolario: la "redistribución" (forzosa) de la riqueza. Por tanto, no es extraño que todos aquellos que viven parasitando del esfuerzo ajeno desplieguen un auténtico arsenal dialéctico de corte colectivista: bien común, interés general, social, público, igualdad, solidaridad, todos, entre todos, colectivo, consenso, estado, sociedad, pueblo, etc. son palabras que delatan frecuentemente a los colectivistas metodológicos. Y tengan cuidado, detrás de cada colectivista siempre se esconde un saqueador.

viernes, 12 de junio de 2015

Sobre los bienes públicos

Es frecuente escuchar que algunos bienes como el agua, la sanidad, la educación o la defensa son bienes públicos. Y cuando afirmamos que algo es público se siguen, también frecuentemente, dos conclusiones: a) que todos, en conjunto, somos poseedores de ese bien; y b) que los gobernantes deben encargarse de producirlos o administrarlos. Intentaré demostrar la inconsistencia de la teoría de los bienes públicos desde dos puntos de vista. Empecemos con el enfoque marginalista, es decir, los bienes económicos se consumen en cantidades discretas que pueden medirse en unidades. Por ejemplo, durante una jornada, una persona puede consumir 10 litros de agua al ducharse, 4 litros al tirar de la cisterna, 2 litros para cocinar, 1 litro para beber, 15 litros para lavar el coche, etc. Es decir, las personas no consumen "agua" en general sino determinados litros de agua en diferentes situaciones. Por tanto, si afirmamos que "el agua es un bien público", deberemos primero aclarar a qué agua nos referimos. Los 5 litros que contiene la garrafa de agua en un supermercado o los 100 metros cúbicos de agua contenidos en la piscina de un hotel, evidentemente, es agua privada. ¿Y por qué ese agua tiene dueño? porque alguien tuvo que trabajar para hallarla, extraerla, canalizarla o embotellarla. La naturaleza no proporciona los bienes en estado tal que sean directamente aprovechables, casi siempre es preciso añadir trabajo humano para poder transformarlos o transportarlos hasta poder consumirlos. Desde el punto de vista económico, el agua de lluvia y el agua embotellada, aún teniendo idéntica naturaleza, son dos bienes distintos. Exigir -como hacen algunos- la gratuidad del agua doméstica apelando a un supuesto derecho humano universal significa, de facto, convertir a todos aquellos que trabajaron para llevarla hasta el grifo en nuestros esclavos. Antiguamente los pobladores construían acequias y aljibes para almacenar el agua de lluvia y era de todo punto impensable que alguien exigiera agua gratis. El estado de necesidad, por urgente que sea, no genera derecho alguno, es decir, no genera ninguna obligación de los demás para con el necesitado. Los defensores del estado de bienestar se han encargado de invertir la lógica de las cosas y han creado mucha confusión haciendo creer a la gente que existen cosas gratis. ¡Sanidad y educación pública y gratuita! ofrecen los populistas a las masas sin darse cuenta de que se trata de una imposibilidad económica. Nada es gratis. Si alguien afirma que tiene derecho a la "sanidad" le quedan dos opciones: forzar al médico para que trabaje gratis o cobrar impuestos para pagar los servicios del médico. Lo primero se consigue mediante la esclavitud; lo segundo, mediante la confiscación. En ambos casos, ejercitar un "derecho social" -como la sanidad- sólo puede conseguirse mediante la violencia y la vulneración de derechos genuinos, a saber, la propiedad privada. 

La segunda confusión proviene del término "público", si algo es público suponemos que es de todos pero "todos" es un término equívoco; puede significar todos los habitantes del planeta, todos los habitantes de España, todos los habitantes de Madrid, etc. Los estoicos imaginaron que toda la tierra, al comienzo, era común a todos los hombres y llamaron a esta idea communis possessio originaria. San Anselmo, en la misma línea, pensaba que toda propiedad privada se debía a la usurpación (Bruno Leoni, La Libertad y la Ley). Sin embargo, pensar que todo es de todos nos conduce a situaciones imaginarias absurdas, por ejemplo, nadie podría consumir nada sin el permiso de los demás. No tiene sentido que un habitante de Canadá pudiera reclamar la carne de un animal cazado por otro habitante de Australia. Muchos podrán afirmar "todos tenemos derecho al agua" pero nadie puede cabalmente afirmar que un habitante de Almería tiene derecho al agua del Ebro. Y por ese motivo, los habitantes de una región pueden oponerse al trasvase de recursos naturales. En conclusión, para que un bien público sea de todos hay que aclarar dos cuestiones: primero, hay que precisar la naturaleza y cantidad del bien económico referido; segundo, hay que personalizar quienes son los sujetos poseedores del derecho de propiedad. La Suerte de Pinos, institución medieval que establece la propiedad comunal en la comarca soriana de Pinares, señala de forma inequívoca qué cantidad de pinos (o su equivalente en dinero) corresponde cada año a cada uno de los vecinos del pueblo. La propiedad comunal, por tanto, es la solución práctica a la falacia de los bienes públicos.

domingo, 10 de mayo de 2015

Democracia, impuestos y descivilización

Ya estamos en campaña electoral y dentro de pocas semanas muchos entonarán la manida metáfora de la "fiesta de la democracia". Se trata, sin duda, de una fiesta sui generis donde unos comen, beben y bailan mientras otros cocinan, sirven o tocan la música; donde unos disfrutan a expensas de otros. Dentro de esta juerga es posible identificar tres grupos. El primero lo constituye la oligarquía estatal, aquellos que viven íntegramente de la política y del Estado: políticos, empleados públicos y asimilados varios. El resto de la población, a su vez, se divide en dos grandes clases: los que reciben del Estado más de lo que pagan en impuestos (2º grupo) y los que contribuyen más de lo que reciben del Estado (3er grupo). Según la terminología de John C. Calhoum, consumidores y proveedores netos de impuestos, respectivamente. 

El primer grupo es el que más disfruta de la fiesta pues consume de todo sin pagar un duro. Políticos y funcionarios, stricto sensu, no pagan impuestos. El descuento en su nómina por IRPF no deja de ser una ficción fiscal para ocultar su naturaleza parasitaria y disfrazar un hecho incontestable: sus "impuestos" proceden de los impuestos genuinos, aquellos provenientes de la confiscación de la riqueza producida en el sector privado. Obtendríamos idéntico resultado contable si redujéramos sus nóminas y a la vez los declarásemos exento de IRPF. 

Todos los "servidores públicos" obtienen, por tanto, sus rentas mediante la expropiación forzosa del dinero de aquellos que son "servidos". Y este servicio público es tan noble, útil y necesario que debe sostenerse mediante la violencia fiscal. Los impuestos no son voluntarios. La gente paga porque no le queda más remedio y la forma empírica de comprobar esto que afirmo sería convertir el impuesto en "no impuesto". Si el pago fuera voluntario -lo único éticamente aceptable- asistiríamos sin duda a un adelgazamiento súbito del Estado o incluso a su muerte por inanición. Pero no pensamos que la oligarquía estatal renuncie voluntariamente a la succión del dinero ajeno, al contrario, su naturaleza depredatoria procurará optimizar la recaudación. 

El segundo grupo, los consumidores netos de impuestos, anima y legitima este sistema redistribuidor porque cree obtener un beneficio neto: supuestamente, los políticos le darán más en forma de servicios públicos, ayudas, becas, etc. de lo que le quitarán en impuestos. No sólo es lamentable sino preocupante que la sociedad legitime, ya sea de forma activa o anuente, actos que realizados de forma privada serían inaceptables. Casi nadie, de forma privada, se atrevería a asaltar y robar a otra persona por el mero hecho de poseer más dinero pero esa misma gente que no se expone personalmente a cometer un crimen vota sin pudor para que el gobierno lo haga en su nombre. El sofisticado mecanismo de elecciones democráticas, partidos políticos, parlamentos, legislación, funcionarios, etc. por el que el Estado se manifiesta, convierte mágicamente lo que es inmoral en algo ampliamente aceptado: el impuesto. Como decía Frank Chodorov en su crítica al impuesto sobre la renta: "El gobierno le dice al ciudadano: tus ganancias no te pertenecen exclusivamente, nosotros (gobierno) tenemos un derecho que precede al tuyo, te permitimos quedarte con una parte porque reconocemos tu necesidad, no tu derecho, pero nosotros decidimos lo que se te concederá".

El tercer grupo, los proveedores netos de impuestos, lo forman personas con productividad media y alta. Ganan más dinero que el resto porque, mediante los mecanismos de mercado, sirven mejor que otros los intereses de sus congéneres ofreciendo productos y servicios de alto valor. El impuesto sobre la renta castiga a todos los productores genuinos pero en mayor medida a las personas más trabajadoras, responsables y productivas. Estas tampoco se dejarán expoliar fácilmente y emplearán sus energías para defenderse de la agresión institucional. Algunos emigrarán y otros reducirán su esfuerzo porque la utilidad marginal del trabajo se reduce a medida que aumenta la confiscación.

En estos días asistimos a una especie de mercadillo electoral donde cada candidato intenta ofrecer al pueblo, en competencia con sus rivales políticos, más y mejores dádivas. Aquél que más cosas promete dar deberá ser necesariamente el mayor ladrón. Y muchos no reparan en que todo aquello recibido deberá serles previamente sustraído pero siempre con saldo negativo pues el intermediario político se reservará una parte para sí. Y créanme, esta gente ni es poca ni tampoco frugal. Los políticos son los campeones mundiales del gasto, la ostentación y el despilfarro del dinero ajeno.

En conclusión, más que una fiesta, esto parece una merienda de negros donde los grupos 1 y 2 vivirán a expensas del grupo 3. La sociedad en su conjunto sufrirá un continuo deterioro moral y material, algo que Hans Hoppe llama descivilización. Los incentivos de esta democracia que ofrece maná caído del cielo son perversos. Aumentará la utilidad marginal del ocio y de la actividad política e inversamente será cada vez menos rentable trabajar. Crecerá el número de parásitos y paniaguados en detrimento del número de personas productivas siendo el resultado global una disminución de la producción de bienes y servicios en la sociedad. Para colmo de males, los ciudadanos recibirán, de forma creciente, servicios públicos mediocres debido a la falta de competencia e incentivos propios del sector público. Feliz campaña electoral.

lunes, 23 de marzo de 2015

Contra la Fundación Tripartita (II)


En noviembre de 2011 escribí una primera crítica contra la Fundación Tripartita y hoy, que entra en vigor una modificación legislativa (Real Decreto-Ley 4/2015), me ratifico en lo dicho: la Fundación Tripartita debería desaparecer porque es lesiva para los intereses de empresarios, empleados, formadores y contribuyentes. El problema de la intervención es que nunca tiene fin, el gobierno desajusta los procesos de coordinación social que se dan en el libre mercado y, frente a esos desajustes -cuyo culpable siempre es el empresario- el órgano central de planificación económica opta por nuevas intervenciones que provocarán inexorablemente nuevos problemas, y así sucesivamente. Además, como advierte el profesor Huerta de Soto, el intervencionismo genera corrupción.Veamos que dice esta norma y tratemos de identificar las consecuencias no previstas del legislador.

Las primeras diez páginas constituye la clásica farfolla jurídica o preámbulo donde la Administración justifica su intervención. Encontramos expresiones como "modelo productivo", "senda sostenible", "empleo estable y de calidad", "capital humano", "empleabilidad", "diálogo social", etc., todo muy propio de la verborrea socialdemócrata. Creen políticos y burócratas que su misión es satisfacer las necesidades "reales" de empresas y trabajadores, y entrecomillo "reales" porque parece que ellos, en su inmensa arrogancia, saben mejor que los demás sus propias necesidades. Además, la Administración -cual pitonisa- pretende adivinar las necesidades futuras del mercado mediante un ejercicio de análisis y prospección del mercado de trabajo. Es difícil encontrar a la vez tanta ficción y pseudociencia.

No voy a extenderme demasiado explicando los detalles técnicos que incorpora la norma y me referiré sólo a cuatro hechos relevantes. En primer lugar, las empresas de formación deberán tener instalaciones físicas y medios suficientes para impartir la formación sin tener en cuenta que estamos ante un sector cuya oferta está atomizada con consultoras pequeñas y formadores autónomos. Si la formación debe impartirse forzosamente en academias o instalaciones previamente registradas (-incluida la obligación de impartir la formación en los espacios y con los medios formativos acreditados y/o inscritos para tal fin. Art. 17, a), los proveedores no podrán organizar cursos in-company, que es la opción más habitual, y solo aquellas empresas grandes que disponen de departamentos de formación podrán hacerlo. El resto -PYMES- tendrá que optar por contratar cursos online, enviar a sus empleados a los "centros registrados" o simplemente dejar de hacer cursos. En este último caso, el dinero no utilizado engrosará el tesoro público.

En segundo lugar, está el control de precios. Desde 2003, las entidades organizadoras (academias, consultoras) tenían fijado un precio máximo de sus honorarios de gestión: 25% de los costes de impartición. Este límite era suficientemente generoso para no ocasionar problemas de oferta pues el precio de mercado no sobrepasaba este límite. Pero a partir de hoy, el control de precios se sitúa en 10% de los costes de impartición, es decir, se producirá -como ocurre en Venezuela- desabastecimiento y situaciones de ilegalidad. Por ejemplo, supongamos que se imparte un curso por 1.000€ y los costes de gestión con la Tripartita se elevan a 150€. Si el precio máximo fijado por el gobierno es 25% (250€) la medida no tiene incidencia en el mercado pero si el precio máximo se reduce a 10% (100€), los costes de gestión exceden el máximo legal (en 50€) y los proveedores marginales -aquellos cuyos costes de producción superan el precio máximo- tendrán dos opciones: a) dejar de prestar el servicio y b) trabajar en la ilegalidad. 

En tercer lugar, la norma introduce un elemento muy peligroso que consiste en la posibilidad de que la Administración evalúe los "resultados" de la formación en base a indicadores objetivos y transparentes, en particular, de los resultados de la formación (art. 18.1). Imaginemos que tras la impartición de un curso, un funcionario realiza una inspección ex post, evalúa los conocimientos de un empleado y determina, en su caso, que el resultado de la formación ha sido "insuficiente". Tanto la empresa beneficiaria como la entidad formativa podrían ser sancionados. Introducir este tipo de discrecionalidad aumenta notablemente la inseguridad jurídica de empresas y formadores.  

Por último, la norma endurece el régimen sancionador, promueve el chivatazo e instaura la pena infamante de escarnio: se dará visibilidad pública a los canales de denuncia y conocimiento de las situaciones fraudulentas (art. 19.1). Todo muy propio de regímenes totalitarios donde no hay peor pecado que pretender engañar al dios Estado. Con más intervención y más coacción la economía podrá caminar pero lo hará como lo hace un hombre con muletas. En conclusión, hoy es otro día aciago para lo que Karl Popper denominaba "sociedad abierta". El Gobierno, una vez más, viola la libertad comercial, viola la libertad contractual y viola los derechos de propiedad mediante su herramienta favorita: la legislación. 

sábado, 7 de marzo de 2015

¿Por qué las mujeres cobran menos?

Mañana es el Día Internacional de la Mujer. Preparémonos pues para la marea rosa de cifras, estadísticas y eslóganes que pretenden un objetivo tan inmoral como ilegítimo: la supuesta y espuria justicia de género. Las feministas de antaño, las auténticas, pretendían la igualdad "ante" la ley; las de hoy quieren algo muy distinto: la igualdad "mediante" la ley, es decir, dando y quitando derechos instrumentalmente. Hace justo dos años redacté un artículo sobre la discriminación donde distinguía dos tipos: legítima e ilegítima. Hoy hablaré sobre la diferencia salarial entre hombres y mujeres e intentaré explicar, de nuevo, que esta diferencia es justa pues obedece a causas objetivas (biológicas, culturales, jurídicas, políticas) que configuran el mercado laboral. Debo anticipar que cualquier apreciación sobre la justicia salarial debe hacerse a nivel individual y nunca a partir de grandes clases (hombres y mujeres). La justicia es dar a cada uno lo suyo y no dar a "ellos" lo mismo que a "ellas". Nuestro afán colectivista pervierte la esencia de la justicia y olvida su objeto: el individuo. La justicia social es, por tanto, un oxímoron. Solo los individuos poseen derechos y obligaciones, y nunca los colectivos o "clases" de personas. Es patente que un juez sólo puede juzgar individuos y nunca colectivos, categorías o clases de individuos. Pero como el mantra feminista que hoy nos invade alude a hombres y mujeres, en general, entraré al trapo para identificar las causas de la diferencia salarial entre sexos. Admito que algunas de mis hipótesis son intuitivas, discutibles y que otras serán ampliamente compartidas por el lector.

En primer lugar, el empresario no paga salarios por el "tipo" de trabajo sino por el rendimiento esperado o demostrado del trabajador. Que exista igualdad salarial, por tanto, se debe únicamente a varios factores: a) el trabajador es un funcionario y el Estado aplica la norma "para todos café". Solamente en la esfera de lo público es posible ver con tanto descaro como una persona diligente y un vago redomado cobran lo mismo; b) las diferencias en productividad son mínimas o no hay forma precisa de calcularla; y c) el empresario es coaccionado por la legislación (convenio colectivo) a pagar el mismo salario a personas de la misma categoría profesional, al margen de los diferentes rendimientos. Refutemos pues el dogma laboral que dice "a igual trabajo, igual salario" porque la premisa es falsa: no existen dos trabajadores -ni aún dos gemelos- que realizando la misma labor obtengan idéntica productividad. Si realmente hubiera justicia retributiva no habría dos salarios idénticos. El deporte es un buen ejemplo de ello, los deportistas en cada equipo firman contratos ad personam y sus nominas son muy dispares. Si alguien se siente mal pagado con respecto a otro compañero puede negociar una subida salarial o simplemente buscar otro club.  

Adam Smith
La segunda falacia es que las mujeres cobran menos que los hombres por el mismo trabajo. Dos personas podrán estar las mismas horas en la oficina o hacer idénticas tareas pero no producen lo mismo. Es más, si aquello fuera cierto, los empresarios automáticamente dejarían de contratar hombres por ser estos más caros. Tampoco es plausible que todos los empresarios se equivoquen en masa o que hayan perdido misteriosamente su amor por el lucro. Si el empresario paga más al hombre que a la mujer (solo generalizo a efectos dialécticos) es porque, acertada o equivocadamente, atribuye subjetivamente más valor al primero. Veamos algunas causas objetivas de la diferencia salarial entre sexos. Ya Adam Smith [1] observó en 1776 que la naturaleza de los empleos generaba distintos salarios:


"primero, si los empleos son agradables o desagradables; segundo, si el aprenderlos es sencillo y barato o difícil y costoso; tercero, sin son permanentes o temporales; cuarto, si la confianza que debe ser depositada en aquellos que los ejercitan es grande o pequeña; y quinto, si el éxito en ellos es probable o improbable".

1) Agradabilidad. Factores como la suciedad, las malas condiciones ambientales o los escrúpulos hacen necesario pagar salarios más altos. Decía Smith: "El más detestable de todos los empleos, el del verdugo, resulta ser el oficio de lejos mejor pagado, en proporción a la cantidad de trabajo realizada". Las profesiones más desagradables, sucias o ingratas -pero mejor remuneradas- son ejercidas mayoritariamente por hombres: matarifes, espías, basureros, mineros, mecánicos, fontaneros, etc., excepto la prostitución, ejercida mayoritariamente por mujeres.

2) Sector de actividad económica. Hombres y mujeres presentan una diferente distribución por sectores de actividad económica. Hay más varones que mujeres en la industria o el sector financiero, donde se pagan altos salarios. A su vez, dentro de cada sector, los hombres ocupan puestos con mayor remuneración; en la industria las mujeres copan los puestos administrativos y los hombres los de técnico y operario; en la hostelería las mujeres ocupan puestos de administración, atención al cliente y limpieza de interiores mientras que los hombres suelen ocupar puestos de gerencia, mantenimiento y limpieza de exteriores (piscinas, jardines, máquinas), estos últimos mejor retribuidos.


3) Peligrosidad. Existe una nítida y directa correlación entre riesgo laboral y salario, y es una evidencia que existen muchos más hombres que mujeres en las profesiones más peligrosas: militares, policías, bomberos, pilotos, mecánicos, mineros, pescadores, trabajadores que realizan trabajos en altura o bajo el agua, etc. Y aquí se vuelve a repetir el patrón de doble riesgo: internamente, en cada profesión, el hombre asume más riesgos que la mujer: los mariscadores varones cogen percebes en la rompiente y las mujeres almejas o berberechos en la playa. A cambio, los hombres copan las estadísticas sobre siniestralidad laboral.

4) Disponibilidad. Es la predisposición personal del trabajador para subordinar sus propios intereses a los intereses corporativos y es, sin duda, uno de los factores más valorados por las organizaciones y tenidos en cuenta para retribuir y promocionar a sus empleados. En el mercado aquellas personas que mejor satisfacen las necesidades de sus clientes obtienen mayor retribución y reconocimiento; el mercado laboral no es una excepción: el empresario es "cliente" interno del trabajador ya que el segundo satisface las necesidades del primero. El trabajador varón es más proclive a sacrificios como la movilidad geográfica, viajar con frecuencia o trabajar fuera del horario regular. Aquellas mujeres que quieran cobrar tanto como sus compañeros tendrán que abandonar el rol de víctima y asumir los roles propios de los varones. Serán recompensadas justamente con más dinero y poder, que es lo que reclaman. Pero no se puede estar en misa y repicando. Si los hombres compiten duro por alcanzar el éxito profesional y pagan un elevado precio en su vida personal (los directivos no concilian) ¿porqué las mujeres deberían tener un descuento?


5) Tipo de contrato y jornada. Hay más hombres con contratos indefinidos y jornadas laborales más largas. Sería injusto no reconocer que muchas mujeres se ven presionadas a asumir roles culturales como el cuidado del hogar o los dependientes. Aún así, no es legítimo que el Estado coaccione a contribuyentes y empresarios para que asuman los costes económicos derivados de la diversidad biológica (maternidad), cultural o social existentes.

6) Relaciones interpersonales. Es un factor clave en la promoción profesional y, por ende, en la mayor retribución. Los varones son más proclives a socializar fuera del trabajo lo que les permite construir relaciones personales que impulsan sus carreras profesionales. Esta actividad, por cierto, consume mucho tiempo. Lealtad, conocimiento personal, confianza mutua y compromiso con los jefes y con la organización son generalmente factores más determinantes para el éxito profesional que otros asociados a la mera productividad. Algunas mujeres trabajan tanto y tan bien que ni siquiera se permiten el lujo de tomar un café con su jefe, cometen un grave error, luego se escandalizan cuando ascienden a otro compañero de la oficina -el que deja su trabajo para tomar café con el jefe. Este último, sin embargo, demuestra poseer mayor inteligencia y astucia. Luego llegan los lamentos y el sentimiento de ser una víctima: ¡Qué injusto es el mundo! ¡Yo soy más capaz y productiva pero no me ascendieron por ser mujer!. 

7) Intereses y preferencias. Es muy probable que la escasa presencia femenina en la alta dirección -efecto "techo de cristal"- no se deba a la menor capacidad profesional de la mujer ni tampoco a una confabulación del "patriarcado" sino a un conjunto de circunstancias biológicas y culturales que hemos ido desbrozando. Por último, hombres y mujeres manifiestan diferentes preferencias personales, familiares y profesionales; y estas elecciones tienen implicaciones salariales. Los hombres se interesan más por la tecnología, la industria, las finanzas o los negocios, actividades altamente remuneradas. Las mujeres se orientan más hacia las ciencias sociales. Noruega es el país más igualitario del mundo pero la gran mayoría de ingenieros son hombres y la gran mayoría de enfermeras son mujeres. Un estudio [2] realizado por el profesor Richard Lippa en 53 países de culturas distintas muestra que los hombres se interesan más por la física, la ingeniería o la mecánica y las mujeres más por los trabajos relacionados con las personas. Si la cultura no es determinante ¿será acaso una cuestión biológica? El psiquiatra infantil Trond Diseth, del Hospital Nacional de Noruega, trabaja en identificar el sexo de los niños que nacen con malformaciones genitales y ha desarrollado un test-juego donde observa las preferencias de niños y niñas a partir de los nueve meses de edad; en el experimento se colocan diez juguetes distintos, cuatro considerados "masculinos", cuatro "femeninos" y dos "neutros". Los resultados indican que los niños prefieren jugar con juguetes masculinos y las niñas con juguetes femeninos; y si a tan temprana edad no resulta posible "culpar" a la influencia parental, la explicación biológica de los distintos intereses cobra sentido.


La ideología de género, que reclama privilegios y derechos espurios, hunde sus raíces filosóficas en la tesis marxista de la lucha de clases: la mujer constituye la clase explotada y el hombre ¡como no! la clase explotadora. Alusiones a la "feminización" de la pobreza o que ésta tiene "cara de mujer" son burdas manipulaciones del lenguaje para dar lástima y, de paso, justificar sus pretensiones: sentencias judiciales, ayudas directas, subvenciones, bonificaciones, blindajes, etc. Resentimiento, misandria y afán de revancha se esconden tras algunas medidas que pretenden "empoderar" a las mujeres: legislación de género ad hoc, paridad electoral, listas cremallera, órganos paritarios y cuotas en los consejos de administración de las empresas. Sólo mediante la violencia política puede el feminismo alcanzar sus objetivos. Particularmente lesivas para el hombre son las sentencias que impiden la custodia compartida, medida utilizada en ocasiones por las mujeres como herramienta para la venganza. Muchos hombres quedan en la ruina económica y moral.

Pero volvamos al tema laboral. La herramienta intelectual favorita de los ideólogos de género es la propaganda y la ingeniería social, o sea, la creencia ingenua de que es posible cambiar la naturaleza y el orden espontáneo de la sociedad a golpe de boletín oficial. Pero, como Bastiat afirmara, su ceguera no les permite apreciar uno de los efectos diferidos del intervencionismo laboral: los empresarios descontarán toda toda servidumbre legislativa. Y cuando se defienden de la coacción son tachados de "machistas" o de no respetar los "derechos legales" de la mujer, pseudoderechos porque se sustentan en la violación de derechos genuinos. Legisladores, sindicalistas y trabajadores olvidan con frecuencia que toda empresa es una propiedad privada.

Mónica Oriol
Mónica Oriol, presidente del Círculo de Empresarios y madre de seis hijos, con gran valentía, explicaba por qué las empresas sotto voce evitan contratar mujeres: la legislación las blinda del despido durante los once años después del parto. Este beneficio otorgado a las madres es siempre a expensas de las empresas y de sus compañeros de trabajo, es un juego de suma cero. Si contratar a una mujer en edad fértil supone un pasivo para el empresario, éste se opondrá a la medida con los medios a su alcance y procurará, ceteris paribus, contratar a un varón. Es precisamente la legislación feminista la que hace al varón más atractivo para el contratador porque el hombre no es portador de una servidumbre laboral añadida a las muchas existentes. Cual bumerán, la "protección" laboral de la mujer actúa en sentido contrario al pretendido inicialmente. 

El feminismo quiere destruir la división sexual del trabajo, que beneficia a todos, y convertir la sociedad en una especie de hormiguero. Sin embargo, no es la ideología de género, ni las cuotas, ni los observatorios, ni el populismo, ni la coacción política lo que puede legítimamente ayudar a la mujer a alcanzar sus fines, sino las oportunidades que le brinda una sociedad abierta. Es la tecnología la que reduce e incluso hace irrelevante la diferente fuerza física entre sexos; es la Red la que posibilita trabajar desde casa o dejar de viajar porque existe videoconferencia. Es, en definitiva, el avance tecnológico inherente al sistema capitalista el que proporciona mayores posibilidades de realización personal, familiar y laboral a todas las personas que participan en el libre mercado, sean hombres o mujeres.

[1] La riqueza de las naciones. Alianza Editorial, 2011, p. 153.
[2] www.outono.net/elentir/2013/03/03/un-interesante-documental-que-echa-por-tierra-los-dogmas-de-la-ideologia-de-genero
[3] Consejo General del Poder Judicial. Informe estructura demográfica de la carrera judicial, 1/01/2012