El salario mínimo es cero euros

Artículo publicado originalmente por el Instituto Juan de Mariana, el 05/12/2018.

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La futura subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) afectará de modo negativo a la economía en España y, en particular, a los trabajadores con salarios más bajos. En general, cualquier interferencia coactiva del libre mercado, en cualquier ámbito, resultará en un perjuicio neto para la sociedad. Por tanto, cuanto mayor sea el SMI tanto mayor será el daño ocasionado. En 2019, el SMI pasará de 736 euros a 900 euros, un incremento de 22,3%. Veamos las consecuencias de esta nueva «conquista social».

En España, despedir trabajadores es muy costoso así que, con mucha probabilidad, los empresarios afectados asumirán el incremento del coste laboral a expensas de sus beneficios. No puede ser de otro modo: no es posible repercutir el aumento del SMI (ni ningún otro coste) en el precio final del bien producido. El precio no se fija (como habitualmente se cree) desde la producción hacia el consumo, sino al revés. Si fuera posible repercutir directamente un incremento de costes, deberíamos dejarnos de minucias y situar el SMI en 3.000 euros. Sin embargo, la riqueza no puede obtenerse por decreto-ley.

La reducción del beneficio empresarial no afectará por igual a todos los sectores económicos, ya que la estructura salarial no es homogénea. Afectará poco a la industria, donde los salarios son altos, y mucho a la hostelería, donde son bajos. En cuanto al tamaño de la empresa, y por idéntico motivo, afectará más a las pymes y autónomos y menos a las grandes empresas. Los empresarios se «comerán» la subida del SMI, pero las nuevas contrataciones sufrirán un frenazo, especialmente en los sectores señalados.

¿Por qué perjudica el SMI a los que menos cobran? Según Mises,¹ «el salario es siempre igual a la productividad marginal del trabajo»; en otras palabras: un trabajador cobra lo que el empresario «estima» que produce (su contribución a la producción). Por tanto, si este último es forzado a pagar más de lo que él subjetivamente considera, el contrato laboral no se producirá. El Gobierno puede «explotar» al empresario, pero sólo -según Hutt- si éste comete un error de previsión.²

Los trabajadores -camareros, limpiadoras, botones, repartidores, mozos de almacén- cuyos salarios están justo por encima del SMI (736 euros) se llaman «marginales» (están en el margen). Cuando el Gobierno eleva el SMI a 900 euros, el trabajador que antes ganaba 800 euros se convierte automáticamente en «submarginal» ya que produce 100 euros menos de lo que le cuesta al empresario.

La subida del SMI afecta en mayor medida a la hostelería, que se caracteriza por pagar salarios bajos. Otros perjudicados son las pymes y autónomos (con empleados). Por tanto, la subida del SMI perjudica notoriamente a España, cuyo PIB depende mucho del turismo y de las microempresas. En definitiva, la importante (22,3%) subida del SMI perjudicará, particularmente, a quienes la medida pretende favorecer y a la sociedad en su conjunto. Este efecto del intervencionismo es de sobra conocido por la Ciencia económica.

La subida del SMI también producirá una modificación de la estructura de capital. Se producirá un trasvase de las inversiones desde los sectores más perjudicados hacia los sectores menos afectados; por ejemplo, algunos hoteles se reconvertirán en apartahoteles, donde se requiere menos personal; o también, habrá menos bares y más máquinas expendedoras. Cuanto mayor sea el SMI, mayor será el incentivo a sustituir trabajadores submarginales por máquinas; por ejemplo, McDonald´s ha sustituido a miles de empleados de barra por pantallas táctiles.

La finalidad del Gobierno al incrementar el SMI es transferir renta del empresario al empleado, y de paso se abona el terreno electoral pues la medida goza de gran simpatía y popularidad. La mayoría de votantes carece de cultura económica, desconoce los efectos diferidos de la medida y por eso colabora, sin saberlo, a su propia ruina.

Cualquiera de las mal llamadas «conquistas sociales» -vacaciones pagadas, días libres, cotizaciones, salario mínimo, permiso por maternidad- serán costeadas, en última instancia, por los trabajadores: «Es el asalariado quien en definitiva soporta, mediante la reducción de su salario neto, todas las cargas y beneficios sociales».³

Por último, es de prever otras reacciones del mercado no previstas por el «justiciero social». Algunos empresarios intentarán un «ajuste de cuentas» con los empleados submarginales (producen menos de lo que cobran); por ejemplo, les aumentará la carga de trabajo, haciéndolos trabajar más intensamente o «echando más horas» (un 22,3% más).

Esto ya viene ocurriendo hoy con las camareras de habitación de los hoteles, cuyos salarios (por convenio) están inflados por encima de su precio de mercado. Los empresarios son forzados (por el Gobierno) a pagar más de lo debido y los empleados son forzados (por los empresarios) a trabajar más de lo debido. Frente a grandes males, grandes remedios. La coacción del Gobierno, como vemos, desencadena una lucha entre unos y otros por no ser «explotados».

Los empleados aceptan resignados lo que llaman «explotación» por miedo al despido. Esto, lejos de ser una mala noticia, permite a los empleados submarginales conservar su empleo. Si la inspección de trabajo y los sindicatos hicieran bien su «trabajo», aquellos dejarían de ser «explotados» para ser «despedidos». El salario mínimo es cero euros.

¹ La acción humana, p. 739.
² La amenaza de huelga, p. 3.
³ La acción humana, p. 712.

Sobre el carné de artesano

La Consejería de Artesanía del Cabildo de La Palma celebra, el próximo 30 de noviembre, la 2ª convocatoria (2018) de las pruebas para la obtención del carné de artesano. En este artículo expongo que este carné es innecesario y que sólo sirve para expandir el presupuesto, cazar votos y satisfacer el afán patológico de los políticos por controlar la sociedad.

Examinar a alguien para darle el carné de artesano data de la Alta Edad Media (siglo XII). En los gremios medievales, para ser maestro y poder abrir un taller propio, era necesario superar una prueba o examen. Otorgar licencias gubernamentales para poder ejercer una profesión ha sido y es una práctica mercantilista, cuya principal finalidad es restringir la competencia en una actividad. Sin embargo, hoy la artesanía es una actividad económica marginal y ocupa a muy poca gente. La de artesano es hoy una profesión libre, no regulada, cuyo aprendizaje y funcionamiento queda al margen del Estado. Los artesanos son de los pocos afortunados que escapan a la depredación fiscal (valga la redundancia). Recuerdo, hace dos años, que un conocido artesano palmero, al recibir su primer pago del Cabildo, se quejaba amargamente de la retención por IRPF: jamás en su vida había pagado este impuesto.    

Pero, ¿qué razón hay para crear un carné de artesano? Los artesanos son tan pocos y venden tan poco que la hipótesis de la evasión fiscal se desvanece. Tampoco parece plausible que se pretenda impedir la competencia cuando casi nadie hoy desea ser artesano; al contrario, los políticos malgastan nuestro dinero para fomentar profesiones que la sociedad no demanda. Por tanto, la iniciativa del carné no parte de los artesanos, sino de los políticos: ¿y que ganan con ello? 

El carné de artesano es sólo un nodo de esa mafiosa red clientelar que tejen los políticos para justificar su existencia y cazar votos: se otorgan subvenciones a los artesanos, se venden sus productos, se imparten cursos y talleres «gratuitos» y se organizan ferias donde los artesanos, previa obtención del carné, reciben un espacio gratis. Con el fomento de la artesanía, además, el político también caza el voto de los nacionalistas, personas que idealizan las formas de vida ancestrales.

Habiendo 87 oficios artesanos reconocidos oficialmente en Canarias, ¿cómo podría el Cabildo evaluar a un artesano? Como era imposible, primero fue preciso captar a un artesano de cada oficio, regalándoles el primer carné; acto seguido fueron investidos «maestros artesanos» honoris causa con autoridad «examinadora» al servicio del Cabildo. Estos pocos agraciados quedaron encantados por el reconocimiento y por las rentas que iban a generar sus actividades: cursos y exámenes. De este modo, el propio Cabildo creó, de la nada, una serie de funciones a cuenta del carné de marras.

De la artesanía se alimentan muchos parásitos públicos (valga la redundancia). El Cabildo de la Palma tiene una Consejería de Artesanía; el Cabildo de Tenerife posee la Empresa Insular de Artesanía, S.A.; y el Cabildo de Gran Canaria tiene una Fundación de Etnografía y Desarrollo de la Artesanía. Y así el resto de cabildos. 

Por último, crear un carné de artesano obedece a la manía del control social y del nefasto intervencionismo. Ninguna profesión debe funcionar libremente —afirman estos yonkis del poder—, es preciso «normalizarla» y garantizar la «calidad de la producción».

Contra el lenguaje inclusivo

El lenguaje es uno de los campos de batalla más importantes de la ideología de género. La pretensión feminista de que deberíamos cambiar nuestra forma de hablar se basa en lo siguiente: 1) El lenguaje actual refleja la injusta supremacía del hombre sobre la mujer, producto de la lucha de sexos y de la victoria del patriarcado. 2) Es una exigencia de la justicia eliminar esta desigualdad y promover el lenguaje inclusivo. En este artículo intentaré desmontar toda esta perversa retórica de la ideología de género.

En primer lugar, el lenguaje es una institución evolutiva, producto de un dilatado proceso de interacción social que nadie ha podido diseñar deliberadamente. No es posible atribuir culpabilidad a un hecho natural, sólo la conducta intencional del individuo puede ser objeto de sanción ética o jurídica. El Esperanto, en cambio, es un intento de construir racionalmente una lengua, cuyo resultado es bien conocido. El lenguaje es producto de la naturaleza social del hombre, de la cooperación humana y no la expresión victoriosa de una imaginaria guerra entre sexos.

Por otro lado, el lenguaje actual ya es inclusivo. Si decimos: «el hombre es un ser racional», es evidente que nos referimos a hombres y mujeres; es decir, la «inclusividad» no reside en el género de las palabras, sino en la mente del hablante, en el significado atribuido por éste dentro de un contexto. Por ejemplo, «los perros ladran» y «las gaviotas vuelan» son expresiones inclusivas de ambos sexos. Que las palabras tengan género masculino o femenino no es intencional, ni relevante: ¿por qué «silla» es femenino y «sillón» masculino?, ¿por qué «humano» es masculino y «humanidad» femenino?, ¿por qué se dice «sastre» y no «sastro»? y ¿qué más da que «abogado» sea masculino y «electricista» femenino? Si las feministas fueran consecuentes con sus demencias deberían comenzar a decir: «electricistos», «taxistos», «dentistos», «ligüistos», «terapeutos», «violinistos», «artistos», y así un largo etcétera.

Lo que es éticamente inadmisible es la utilización de fondos públicos para alcanzar los fines de una particular ideología; por ejemplo, se dan cursos y orientaciones para que se diga «participantes», en lugar de «alumnos»; «bebés», en lugar de «niños»; «persona emprendedora», en lugar de «emprendedor», etc. Pero la locura no acaba aquí, las feminazis pretenden sustituir, en los plurales, la «o» por la «e»: «todes», «amigues», «nosotres», etc. ¡Señor, llévame pronto! En definitiva, es innecesario y detrimental incitar, deliberadamente, cambios en nuestra forma de hablar. Cualquier sugerencia o imposición de lenguaje de género debe ser rechazada desde posiciones lingüísticas y éticas.

Lo público y el conflicto social

En mi anterior artículo «Lo público no es de todos» explicaba que allá donde la propiedad no está bien definida, caso de lo público, la injusticia, la arbitrariedad y el conflicto social están servidos. El proceso de descomposición actual del Estado social y democrático, según Hoppe, nos conduce a la «descivilización» y su arreglo pasa por la privatización de todos los espacios y servicios públicos. La paz social requiere transitar de una sociedad estatal a una sociedad de propietarios, de la política al mercado, de la coacción a la cooperación. Vamos a seguir desbrozando el modelo anarcocapitalista aprovechando el fértil caso de Cataluña.

En primer lugar, el problema catalán es una lucha por la soberanía, que Juan Bodino definió, en 1576, como «poder absoluto y perpetuo». En un determinado territorio (que puede acotarse por fronteras), no hay ningún poder por encima del poder soberano. Una parte (aproximadamente la mitad) de los residentes en Cataluña aspira a que la soberanía resida exclusivamente en instituciones catalanas, mientras que la otra parte y el resto de españoles (en general) desea mantener el statu quo político.

En segundo lugar, está el problema del Poder. Quien lo ostenta siempre aspira, como mínimo, a mantenerlo; pero lo habitual es que el Poder sea expansivo. Algunos políticos catalanes (soberanistas) desean ampliar su poder mientras que otros aspiran a mantenerlo. En política nunca hay paz porque los políticos luchan sistemáticamente por arrebatarse el poder unos a otros. La política es un juego de suma cero: Lo que uno gana, otro lo pierde.

Ahora dejemos la teoría y analicemos una noticia: El colegio público Marià Fortuny (Reus, Tarragona) ha informado a los padres de los alumnos que toda comunicación con los profesores será en catalán y quienes no lo entiendan deberán llevar un traductor. Los profesores de este colegio contribuyen al ideal nacionalista mediante la limpieza étnica escolar: Expulsar a aquellos alumnos cuyos padres sean castellanohablantes. El régimen nacional-socialista de Hitler también pretendía la pureza étnica sólo que utilizando métodos más violentos.

¿Sucedería esto en un colegio privado? Evidentemente no. A una empresa privada nunca le sobran clientes. Quienes tienen ánimo de lucro hacen justo lo contrario: Donde hay barreras, tienden puentes. La política y el mercado son distintos, la primera se apoya en la violencia, la segunda, en la cooperación.

Si al menos existiera la posibilidad de darse de baja (¡Señor político: Devuélvame los impuestos que ya buscaré un colegio privado para mi hijo!) los colegios públicos se irían directamente a la mierda, (como todo lo público) y los políticos directamente al paro. Pero mientras los ingresos económicos del CEIP «María Fortuna» procedan de la servidumbre fiscal, los padres seguirán siendo sus «clientes cautivos». Claro, que siempre podemos apelar a la imaginación; por ejemplo, yo entraría al trapo, iría a las reuniones acompañado de traductor y procuraría colaborar con la parodia; representaría el papel de ignorante absoluto del catalán de tal modo que el encuentro fuera cómico e interminable. Frente a grandes males, grandes remedios.

Lo público no es de todos

Uno de los mitos colectivistas más extendidos es la creencia de que lo público es de todos. Hoy intentaré demostrar que el dueño «efectivo» de lo público es el gobierno, es decir, un pequeño grupo de personas -políticos y funcionarios- que deciden, en cada caso, el uso de la cosa pública. «Lo público es de todos» es una falacia, un engaño para que la gente no se de cuenta que está esclavizada económicamente.

Empezaremos advirtiendo que «todos» es un término confuso y ambiguo, no por casualidad la expresión «entre todos» es profusamente empleada por demagogos y políticos, maestros de la manipulación y el engaño. ¿A quienes nos referimos por «todos»? por ejemplo, las calles de una ciudad son de «todos» sus ¿residentes?, ¿viandantes? No lo sabemos. No podemos identificar a esos supuestos dueños. Es más aproximado decir que lo público es de «nadie», tal y como apunta el refranero español: «Lo que es común es de ningún». Para que una propiedad sea común tanto los propietarios como las cuotas de participación deben estar identificados, cosa observable en una comunidad de vecinos o en una sociedad mercantil.

Lo que caracteriza al propietario es su capacidad para disponer del bien poseído; según el Derecho Romano, el dueño de algo tiene derecho de uso (ius utendi), derecho a extraer provecho económico (ius fruendi) y derecho de consumo hasta su extinción (ius abutendi). Veamos ahora si el gobierno ejerce estas tres facultades. En primer lugar, es el gobierno quien establece el uso de lo público mediante normas y bandos. En segundo lugar, el gobierno explota económicamente lo público cobrando tasas por el aprovechamiento económico (terrazas, vados, publicidad, etc.); por ejemplo, en Canarias, el dueño de las lapas es el presidente Clavijo y sus consejeros, ellos son los propietarios del marisco y nos venden su derecho de pesca al módico precio de 23,67€/año (licencia 2ª clase). En tercer lugar, el gobierno puede extinguir un bien público dejándolo en la ruina o enajenándolo para gastar luego el dinero discrecionalmente. Por otra parte, políticos y funcionarios actúan como dueños económicos cuando usan los bienes públicos en su propio beneficio; por ejemplo, la Policía es la seguridad privada de los altos cargos y los empleados de la sanidad pública tienen listas de espera «paralelas» y medicamentos «gratis».

Veamos por qué lo público no puede ser de todos. Caso de Cataluña y la guerra de lazos amarillos. El independentista cree: «Como la calle es de todos, también es mía y tengo derecho a poner lazos»; si la calle fuera de «todos», el ponedor de lazos debería pedir permiso al «resto» de propietarios, es decir, al resto de la sociedad. Por su parte, los españolistas dicen: «Como la calle es de todos, también es mía y tengo derecho a quitar los lazos». Esta forma absurda de razonar nos conduce al conflicto social. Existe, en cambio, otra lógica de la propiedad: «Tú» sólo tienes derecho a poner lazos amarillos en «tu» propiedad, el balcón de «tu» casa o la solapa de «tu» chaqueta». Por tanto, corresponde al alcalde de cada ciudad, como dueño (temporal) de la vía pública, permitir, prohibir o regular la puesta y retirada de lazos.

Lo público es el lugar idóneo para el conflicto social porque la propiedad no está bien definida; como decía el poeta Robert Frost: «Un vallado hace buenos vecinos». Allá donde el derecho de propiedad es ambiguo los problemas están servidos. Si todos los espacios públicos (mejor podríamos llamar «políticos») pudieran privatizarse, tal y como proponemos los anarcocapitalistas, los problemas que hoy sufrimos tendrían arreglo: correspondería al propietario de cada cosa decidir sobre su uso; por ejemplo, el dueño de una playa decidiría si se permite fumar, estar desnudo o llevar perros; y el dueño de una calle autorizaría o no la puesta de lazos amarillos, manifestaciones, procesiones religiosas, huelgas o conciertos musicales.

Contra la huelga

El estío es la época elegida por ciertos grupos de trabajadores para organizar una huelga: controladores aéreos, tripulaciones, maquinistas de tren, taxistas o recogedores de basura dejan de trabajar en verano porque así causan el mayor daño a la sociedad. La huelga y el terrorismo tienen cosas en común, ambas utilizan la violencia para alcanzar su objetivo: doblegar la voluntad del gobierno. Los terroristas asesinan unos pocos mientras que los huelguistas joden la vida a miles, pero su lógica es idéntica, ambos grupos pretenden subvertir el orden social y crear el caos para obtener sus fines. La diferencia es que la violencia de la huelga ha sido legalizada.

Para justificar mis afirmaciones haré uso del método individualista. Supongamos que el piloto «P» y la azafata «A» suscriben un contrato laboral con Ryanair, en él se especifican los derechos y deberes de las partes: salario, jornada, días libres y un largo etcétera. La aceptación de un contrato es un acto libre y consentido donde ambas partes esperan obtener una utilidad del intercambio. Esto es un axioma praxeológico (relativo a la acción o praxis) y económico. 

Pero los contratos no están «escritos en piedra» y es legítimo que cualquiera de las partes pretenda modificar alguna de las estipulaciones. Ryanair es una compañía registrada en la República de Irlanda, cuyas leyes son aplicables en las relaciones laborales. Ahora supongamos que «P» y «A» son españoles y solicitan a Ryanair que la legislación laboral aplicable sea la de España porque ésta es más favorable que la irlandesa. Por su parte, la empresa puede acceder a la petición o rechazarla así: «Estimados tripulantes: No aceptamos su propuesta porque lo que ustedes ganan, nosotros lo perdemos. No hay trato, pero ustedes son libres de abandonar la empresa», esta es la lógica pacífica de todo proceso social de mercado.

Sin embargo, los empleados insatisfechos insisten: «Ryanair debe cambiar», y como no lo hace por las buenas, acuden al sindicato y se organizan para chantajear a la empresa, es decir, intentan conseguir de forma violenta lo que no consiguieron pacíficamente en la negociación. Si no accedes a nuestros deseos -afirman los huelguistas- incumpliremos temporalmente el contrato laboral, amenazaremos a los esquiroles, interferiremos los planes a miles de consumidores y causaremos pérdidas millonarias a la empresa; todo ello, sin que nadie pueda defenderse. El gobierno, que ejerce el monopolio de la violencia, limitará el nivel de agresión a los huelguistas decretando servicios mínimos. Durante los días de huelga Ryanair no podrá contratar sustitutos y una vez finalizada, tampoco podrá despedir a quienes incumplieron su contrato y causaron daño a la empresa. El derecho a la huelga es un pseudoderecho porque viola un derecho genuino: la legítima defensa de las víctimas. Toda persona tiene derecho a dejar de trabajar pero no tiene derecho a conseguir mejoras laborales mediante la coacción sistematizada. La huelga es una actividad criminal que ha sido legalizada por el Estado.

Contra el descuento por residente

El apoyo de los nacionalistas canarios a los presupuestos del Gobierno para 2018 ha sido pagado a tocateja: nuevos privilegios para los residentes que viajen en avión y barco. Hay dos novedades: a) El descuento entre islas pasa de 50% a 75% y el descuento con península (50%) se blinda mediante su inclusión legislativa en el Régimen Económico y Fiscal. Dos nuevas trampas que se presentan como «conquistas» sociales de los canarios, pseudoderechos que deberán ser pagados mediante más impuestos o recortes equivalentes en otras partidas presupuestarias.

Frédéric Bastiat

El regocijo es máximo en las islas: Los políticos se ponen medallas utilizando sus medios de propaganda institucional (valga la redundancia), los periodistas dan palmas y lo amplifican convenientemente y la población está exultante. Lamento aguarles la fiesta, una vez más, pero es preciso poner de relieve, como decía Bastiat: «lo que no se ve».

Si el descuento pasa del 50% al 75% el precio final del billete, de momento, no varía. El viajero paga la mitad de lo que antes pagaba y los no-residentes (y canarios que no viajan) pagan con sus impuestos un 50% más. Pero si el precio que paga el viajero se reduce a la mitad habrá mayor demanda de plazas, sin que la oferta haya cambiado; por ejemplo, hacer un nuevo piloto cuesta 25 años (desde que nace) y construir un nuevo avión varios años (desde que se diseña). 

Este desajuste entre oferta y demanda puede generar tres efectos: a) Subida de precios. Las compañías aéreas obtendrán beneficios extraordinarios, los consumidores protestarán y los políticos impondrán precios máximos. b) Si el precio no aumenta o se fijan precios máximos habrá escasez y se formarán listas de espera para viajar (plazas agotadas). Los favores personales (mangas) empezarán a funcionar como ya sucede, por ejemplo, en la sanidad pública. c) Las compañías (Air Europa) transferirán aviones y tripulaciones hacia Canarias, donde la rentabilidad es mayor; esto último reduce la oferta e incrementa los precios en otros trayectos; por ejemplo, en los vuelos dentro de la península. Los peninsulares no sólo pagarán impuestos para que los canarios viajemos más barato, sino que verán incrementadas las tarifas de sus vuelos domésticos. 

Pedro Muñoz

Ante semejantes abusos, no extraña que algunos peninsulares pongan el grito en el cielo. En 2012, Pedro Muñoz, Alcalde de Toreno (León), se hizo famoso por esta declaración salida de tono: «Estamos manteniendo una insularidad, unos derechos adquiridos que tienen, que muchas veces dan ganas de que a los canarios se los lleve el moro. O de vender La Gomera o El Hierro a los alemanes y así evitamos el déficit». Este hombre se escandaliza porque es un ignorante, a estas alturas ya debería saber que la política es una merienda de negros donde todos quieren vivir a expensas de todos.

Los derechos al descuento son falsos, espurios, pues nadie tiene el deber de pagar a otra persona absolutamente nada: transporte, sanidad, educación, justicia, seguridad, etc. Y lo repito: «nada es nada». Todo descuento sufragado fiscalmente es injusto y sobre esta injusticia se construye todo el Estado de bienestar. Sólo los descuentos comerciales, en el ámbito privado, son éticos pues no se financian coactivamente.

¿Quiénes ganan?: a) Los políticos nacionalistas que venden la medida como una conquista (al más puro estilo militar). b) Las compañías aéreas que incrementan sus beneficios. c) Otros sectores vinculados: taxi, restauración, turismo, etc.; que también disfrutan de un aumento de la demanda. d) El viajero frecuente: Cuanto más se viaja, más renta es transferida.

¿Quiénes pierden?: a) Todos los peninsulares que pagan impuestos. b) Los residentes que no viajan o que viajan poco. c) El resto de sectores productivos no vinculados; por ejemplo, si los canarios gastan más en viajar (vuelos, taxi, hotel), ceteris paribus, gastarán menos en otros bienes y los precios de estos últimos bajarán con relación a los primeros.

Vinos con denominación de origen

Hoy se celebra la 2ª edición del Día Movimiento Vino D.O. (Denominación de Origen). Se trata de una jornada popular y festiva cuyo acto central es un brindis simultáneo (13:30) en toda España. En nuestro país hay 74 D.O. que son gestionadas por sendos Consejos Reguladores. La finalidad de este evento es «poner en valor» la cultura del vino D.O.; hablando en román paladino, es una acción de marketing para fomentar el consumo de vino y, en particular, de todas aquellas marcas con denominación de origen. Pero si el alcohol es malo para la salud, ¿qué motivo hay para fomentar el consumo de vino? ¿A qué viene tanta coñada con el vino y la denominación de origen? Cualquier vino tiene un origen (variedad de uva, región) y no existe razón objetiva para afirmar que los registrados, según ciertos criterios arbitrarios, sean mejores que los no registrados. Por ejemplo, si la uva es producida en Chile y transportada a España para ser pisada, el vino embotellado no tiene «garantía» de calidad D.O. Esta misma regla, por lo visto, no es aplicable a los excelentes chocolates que se producen en Suiza con el cacao proveniente de África.

Detrás de toda esta parafernalia de la cultura del vino, el valor paisajístico de los viñedos, la fijación de la población al espacio rural, la protección del medioambiente y demás pamplinas se esconde una cruda realidad: los intereses económicos de los productores de uva y vino. El sector agrario es el principal consumidor de fondos europeos: 57.000 millones €, lo que supone el 35% del presupuesto comunitario de 2018 (160.113 millones €). Quienes trabajan en el sector primario parasitan del resto de la sociedad; es decir, parte del dinero robado (fiscalmente) a los ciudadanos se transfiere a los productores agrarios de muchas formas: subsidios directos a la producción, estudios de mercado, publicidad, ferias, etc.

La parte mala del intervencionismo económico es que lleva en su seno la semilla de la corrupción. En 2014, la empresa pública «Bodegas Insulares de Tenerife, S.A.», participada por el Cabildo de Tenerife, fue sancionada por comprar vino de Castilla-La Mancha y mezclarlo con vino del país para venderlo bajo la marca (D.O.P.) «Viña Donia». Un fraude es un acto ilegítimo pero la mezcla de productos, en sí misma, no tiene por qué ser mala. A mucha gente le gusta el «vino con vino», la sangría o el calimocho. También es frecuente hacer mezclas de tabaco o café con objeto de crear nuevos sabores y aromas. Es un error creer que la D.O. puede ser un criterio objetivo de calidad porque esta estimación sólo compete a la subjetividad de cada consumidor. La calidad es un mito porque en el libre mercado todas las calidades, altas y bajas; y todos sus precios, altos y bajos, son bienvenidos según las diferentes preferencias de los consumidores.  

La Política Agraria Común (PAC) ocasiona un aumento artificial de la producción de las materias primas subsidiadas a expensas de una menor producción de otros productos y servicios más valorados por el público. Por otro lado, estas ayudas reducen artificialmente los precios internacionales de los productos dificultando la competencia de los productores extra-comunitarios. Cuantitativamente, los peor parados son los consumidores europeos que soportan fiscalmente todo el sistema de transferencia de rentas. Más que de una «asociación», como reza el eslogan, estamos ante un negocio mafioso entre políticos y agricultores: votos a cambio de dinero.

Contra la ideología de género: La estadística

En algunas ocasiones he denunciado que la ideología de género está basada en mentiras, además se trata de una pretensión inmoral porque actúa mediante la violencia legislativa. Los lobbies feministas influyen en la opinión pública para, indirectamente, conseguir que los políticos aprueben leyes en línea con un tipo de justicia sui generis. Una de las principales herramientas de los ideólogos de género es la utilización de estadísticas. Hoy pretendo demostrar que hacer reivindicaciones sobre la justicia basadas en las estadísticas es un error lógico. 

Comenzaremos aclarando que una estadística es un dato histórico referido a una muestra; según Mises (Acción Humana, p. 72): «los promedios estadísticos nos ilustran de cómo proceden los sujetos integrantes de una cierta clase o grupo»; por ejemplo, según la OCDE, la esperanza de vida en España es de 83 años y en el Reino Unido de 81 años. ¿Esta diferencia estadística es justa o injusta? Para pronunciarnos debemos primero disponer de una teoría de la justicia; por ejemplo, esa diferencia de dos años sería injusta si creyéramos que españoles y británicos «deberían» tener «igual» esperanza de vida. La estadística describe el «ser» (la realidad) y la ética el «deber ser». En 1740, David Hume (Tratado de la Naturaleza Humana, III, I, I) afirmó que las proposiciones fácticas y las morales tienen una estructura lógica distinta, es decir, del «ser» no podemos inferir el «deber ser».

Para entender mejor por qué el igualitarismo no es un criterio válido de justicia pondremos un segundo ejemplo. La esperanza de vida en España (INE, 2016) de hombres y mujeres es de 80,3 y 85,8 años, respectivamente. ¿Esta diferencia estadística de 5,5 años es justa o injusta? Los que creen que la justicia reside en la igualdad podrían pedir al gobierno, por ejemplo, que aumentara el gasto sanitario en la cura de enfermedades de la próstata y lo redujera en la de mama y útero; de esta forma, podríamos reducir la «brecha de género» en este aspecto. Pero las feministas, según parece, sólo pretenden la igualdad en aquello que particularmente las beneficie; su idea de justicia no sólo es equivocada, además es parcial e interesada.

Una estadística, por tanto, ni es justa ni injusta, tan sólo es una descripción de la realidad. La justicia, por otro lado, es inaplicable a clases: «hombres», «mujeres», «desempleados», «huérfanos», etc. Según Ulpiano (Digesto, I, I, 10), la justicia es «dar a cada quien lo suyo» (en singular), por tanto, sólo es aplicable a las acciones u omisiones de los individuos. El sofocante eslogan feminista de que el desigual promedio retributivo o «brecha salarial» por sexos es una injusticia carece de toda lógica. Aún así, esta falacia ha calado tan profundamente en la sociedad que es el soporte ideológico de innumerables aberraciones jurídicas, como las leyes de género, las cuotas por sexo y otros mandatos que nos recuerdan las leyes de Nuremberg. El término peyorativo «feminazi», que tanto molesta a las feministas, no es ninguna exageración y refleja el carácter totalitario de la ideología de género.

Afirmar que los promedios salariales de ambos sexos (o cualquier otro promedio) «deberían ser iguales» es un deseo arbitrario que sólo puede lograrse cometiendo verdaderas injusticias que afectan a los varones, pero también a las mujeres no infectadas por el virus de género. Cada quien «debe cobrar lo suyo» es el único criterio de justicia admisible. ¿Y qué es «lo suyo»?: Lo que libremente pacten quienes participan en un intercambio. Toda injerencia legislativa que pretenda equilibrar cualquier promedio estadístico es un triple error: lógico, ético y jurídico.

Capitalismo vs Socialismo

https://www.youtube.com/watch?v=tuybrzzVjfY&sns=em

Valores. Ingeniería social vs ética de la libertad

Real Casino de Tenerife, 16/04/2018

Comenzaré mi intervención aclarando qué entendemos por «ética de la libertad». La ética es una ciencia normativa que pretende orientar nuestra conducta. La ética nos dice qué cosas deberíamos hacer -el bien- y abstenernos de hacer -el mal- porque dichas acciones y omisiones son buenas para la vida. Una persona es libre de ignorar la ética, pero no lo es de sustraerse a sus consecuencias.

Ahora hablemos de la libertad. Según Isaiah Berlin, una persona es libre si nadie interfiere en su esfera de acción (libertad negativa). Murray N. Rothbard, economista de la escuela Austriaca, amplía un poco más la definición: «La libertad es la ausencia de interferencias o invasiones físicas coactivas contra las personas y las propiedades individuales». Efectivamente, uno de los límites de la libertad es la propiedad; por ejemplo, un grafitero que desea pintar una tapia, primero debería pedir permiso a su dueño, pero es completamente libre de pintar las paredes de su propia casa.

«Libertad» es un concepto positivo. Lo contrario a la libertad es la esclavitud; ésta puede ser completa o parcial, permanente o temporal; por ejemplo, un esclavo es forzado a trabajar toda su vida mientras que un soldado conscripto sólo es esclavo del Estado durante su permanencia en filas. Otra forma más sutil de esclavitud es la confiscación. El recaudador de impuestos no se apropia del cuerpo del esclavo, pero se apropia de una parte de los frutos de su trabajo. Cualquier pérdida coactiva de libertad es un mal ético porque la persona se ve forzada a realizar algo que claramente le perjudica. Si la gente es reacia a pagar impuestos es porque piensa que ellos mismos emplearían mejor su propio dinero.

Cuando un hombre persigue libremente un fin es porque lo considera un bien. La coacción, por tanto, es síntoma de que el hombre resulta perjudicado respecto de otras elecciones para él disponibles. Si alguien se ve forzado a realizar un intercambio inferimos que le perjudica pues, en otro caso, no lo hubiera realizado.

Ahora hablemos de la metáfora «ingeniero social». El ingeniero social se cree un ser superior al resto de sus congéneres, a quienes utiliza instrumentalmente para alcanzar sus fines. El ingeniero social trata al hombre como la pieza de una máquina o como un animal (por ejemplo, en Madrid, en la Navidad de 2017, la alcaldesa obligó a los peatones a circular por ciertas calles en una dirección única, como si fueran ganado) que puede ser sacrificado en el altar de la sociedad, la nación, el pueblo, la democracia o de cualquier otra deidad. El ingeniero social utiliza sus propias ideas o las toma prestadas de algún intelectual; por ejemplo, los jerarcas comunistas, que ocasionaron 100 millones de muertos, hicieron suyas las ideas del filósofo Carlos Marx.

La herramienta favorita del ingeniero social es la legislación, el Boletín Oficial, la imposición de mandatos que deben ser obedecidos bajo amenaza de sanción. El ingeniero social es malvado, pero no tonto, siempre busca legitimar sus actos y para ello se apoya convenientemente en los informes de expertos (científicos y académicos en la nómina del Estado) y las estadísticas y encuestas de opinión realizadas o sufragadas por el Estado. Todo, como pueden ver, muy «objetivo». Otras veces se escudan en que determinadas normas deben ser aplicadas porque así lo dictan otros ingenieros sociales que viven en Madrid o Bruselas.

Derecho y legislación son cosas bien distintas. La legislación es particular, cambiante, ocurrente, reactiva y, sobre todo, arbitraria. Especialmente lesivas para la libertad son las leyes de género (que violan principios fundamentales del Derecho), las cuotas, el control de la natalidad, la legislación laboral, la impunidad sindical, los incentivos a tal o cual sector económico, el control de precios, la inflación, los monopolios, etc. 

El ingeniero social tiene poder político y lo utiliza para diseñar la sociedad según un modelo que él considera subjetivamente bueno. Tiene un modelo económico, laboral, educativo, sanitario, energético, turístico, etc., y pretende imponer su modelo, de forma autoritaria, a toda la sociedad. Lo que reclama la ética de la libertad es que el ingeniero social y quienes les apoyan renuncien a la violencia y que las empresas e individuos no sean forzados a producir y consumir lo que no desean, es decir, que exista un mercado laissez-faire con múltiples modelos en competencia y que sean los individuos los que libremente elijan fines y medios.