El bienestar del Estado

He llegado a la triste conclusión de que la única forma de regenerar esta nación enferma que se llama España es derrumbar el actual sistema político que nos ha conducido a esta situación. La crisis económica no es sino un efecto más -eso sí, importante- de una crisis política, social y moral que intentaré resumir: 

1. El Estado ha invadido, con la anuencia de empresas y ciudadanos, los derechos de propiedad bajo la excusa de un supuesto deber moral acuñado y repetido -cual mantra- con metáforas y lemas de todo tipo: "Contrato social", "solidaridad", "bien común, "sociedad igualitaria", "protección social", "derechos del ciudadano", "sanidad y educación universal y gratuita", etc. Esta invasión se produce mediante: a) Impuestos, y b) Regulaciones absurdas o innecesarias que obstaculizan el libre comercio y la competitividad.

2. Esta filosofía, cuya inmoralidad aquí denuncio, ha legitimado al Estado como redistribuidor arbitrario de la riqueza obtenida por empresas e individuos. Puesto que el Estado no produce nada per se, es preciso imponer numerosos y variados impuestos. Recordemos que todo impuesto es coercitivo y que el ciudadano no tiene opción alguna ni es libre de oponerse a él. 

3. Una vez recaudados los impuestos, el Estado nos hace creer que vela por nuestro bienestar entregándonos toda clase de servicios "gratis": Sanidad, educación, infraestructuras, pensiones, etc. Para entendernos, es como si a usted le roban, a punta de pistola, 2€ y luego el ladrón le invita a un café que vale 1€. ¡Qué ladrón tan generoso!

4. Los políticos son los que deciden cuánto dinero hay que quitar, a quién hay que quitárselo y cómo se va a redistribuir posteriormente. Cuanto más dinero redistribuye un político, mayor es su poder. Por eso al político le interesa que el Estado realice muchas funciones y así justificar la elevada recaudación. Todo, siempre, "por nuestro propio bien" o por el "bien común". 

5.  Realmente, el Estado usa nuestro dinero en este orden: a) Su propio bienestar: Políticos, funcionarios, empresas públicas, clientes políticos. b) Grupos de presión: Bancos, sindicatos, religiones, ONG. y c) Gasto social: Sanidad, educación, justicia, seguridad; e infraestructuras.

6. Para que todo lo anterior sea posible, necesitamos un cooperador necesario o "animal de sacrificio": El contribuyente. Sin empresas e individuos que paguen impuestos no es posible lo anterior. Ningún político de ningún partido, hasta la fecha, ha considerado oportuno desmontar este "business" que podemos también llamar el timo del "Estado del bienestar".

7. Este sistema colectivista se basa en algunas falacias y es generador de patologías sociales: 

a) La solidaridad es exigible, mediante coacción, a través de la Ley y el Estado democrático. La "mayoría" así lo ha decidido. Por tanto, el robo con un fin "social" es legítimo.

b) La sociedad ha considerado la riqueza pecaminosa y al empresario como un vulgar explotador. 

c) Se han confundido derechos con necesidades (trabajo, vivienda, sanidad). 

d) Holgazanería social: Todos queremos que nos mantenga otro.

e) Pensamiento grupal: Falsa ilusión de que el Estado es garante de nuestra seguridad y bienestar.

f) El Estado nos ha hecho creer una gran mentira: "Existen cosas gratis".

El actual sistema de corrupción política nos conduce a la miseria moral y económica propia de los sistemas socialistas y colectivistas donde el esfuerzo, mérito, creatividad e iniciativa del individuo quedan penalizados y ahogados; la responsabilidad individual diluida y la pereza, recompensada. El "Bienestar del Estado" funciona siempre en detrimento del bienestar del individuo.

Las pocas medidas adecuadas que hasta ahora ha tomado el Estado español para reconducir la situación (supresión del impuesto cameral, cierre de algunas empresas públicas y poco más) no han llegado de una reflexión filosófica o política que ponga al descubierto la perversión del sistema o de un propósito de enmienda; sino por la necesidad y la falta de ingresos de las Haciendas. Por tanto, mientras no existan opciones políticas creíbles que propongan cambios sustanciales, me parece que el único arreglo es derrumbar el actual sistema mediante una lucha de guerrillas. Es preciso no dar de comer al Estado y privarle, en la medida de nuestras posibilidades, de sus fuentes de ingresos. Esto significa ahorrar, consumir poco, volver al trueque o trabajar todo lo posible en la economía sumergida. Al igual que la estrategia de tierra quemada, por dura que sea, priva de recursos propios al enemigo; el fraude y la insumisión fiscal también son necesarios para reducir el saqueo de la casta política que nos gobierna.

Alcaldes irresponsables

Antes de que el actual Gobierno declarase su plan contra la morosidad de las Administraciones Públicas ya era vox populi -aunque el gobierno anterior hiciera mutis por el foro- que los Ayuntamientos no eran buenos pagadores. Los autónomos y PYMES más solventes, los que podían elegir clientes, han procurado evitarlos de la misma forma que los médicos más reputados evitan trabajar con los seguros médicos. 

Durante este crisis, algunos proveedores insensatos siguieron creyendo en el engañoso paradigma: "La Administración paga tarde, pero paga". El resultado está a la vista: miles de autónomos y empresas arruinados por los mismos que organizan cursillos y jornadas para fomentar el "espíritu emprendedor". ¡Serán cínicos!. Mientras observemos tamaña contradicción escasearán los emprendedores en España. Mientras los alcaldes, culposa o dolosamente, se dediquen a robar (no pagar) a sus proveedores; solamente los tontos o los desesperados querrán hacer negocios con ellos porque sencillamente no son de fiar. Yo les recomendaría cobrar por adelantado y si no aceptan, que se vayan al carajo; siempre es preferible que hundan a un competidor incauto. Hay que considerar que, puestos a cobrar, siempre serán primero los paniaguados del clientelismo municipal y las empresas de familiares y amigos. La buena gestión siempre debe comenzar por uno mismo.

Muchos alcaldes, ya sea por desvergüenza o por incapacidad profesional, han administrado mal los recursos públicos y de paso han alimentado, como nadie, las cifras de parados en España. La democracia no garantiza que los ediles sean honrados, responsables o competentes en sus funciones. Tampoco nuestro sistema judicial o administrativo ha sabido exigir responsabilidades ante una mala gestión y ahora viene el Gobierno con un plan de rescate para salvar el culo a una panda de ineptos y oportunistas que han llegado a la política municipal para hacer fortuna, como el que iba a "hacer las Indias".

Los políticos son proclives al abuso de poder y por eso es necesario cambiar el funcionamiento de las administraciones locales y delimitar la responsabilidad civil y penal de los gobernantes. Una primera propuesta sería eliminar la autonomía para fijarse ellos mismos sus sueldos escandalosos. La  segunda, disolver las corporaciones que incurran en mala gestión y crear gestoras municipales, como ya ocurrió en Marbella. La tercera, agrupar municipios para reducir políticos y funcionarios. Cuantos menos, mejor.

La cuarta, demoler todo el entramado clientelar de empresas públicas que han servido para crear una administración paralela y cometer la mayor injusticia social: quitar el dinero, mediante impuestos, a quienes lo han producido para regalárselo a quienes no lo han ganado ni merecido. La quinta, obligar a que los ayuntamientos paguen lo que deben como todo hijo de vecino: que vendan sus empresas públicas que sólo sirven para sus trapicheos indecentes, que vendan parte de su ostentoso patrimonio inmobiliario, que vendan sus coches de lujo y que paguen hasta el último céntimo que deben, y con intereses de demora. Ahora llega de nuevo papá Estado a poner orden como si los alcaldes fueran menores de edad o irresponsables por su gestión. Es insoportable ver cómo la casta política se protege mutuamente. Hasta que no hagamos como Islandia y los metamos en el trullo no espabilarán.

Asociación versus Grupo en Facebook

Hace dos años que soy socio y tesorero de una asociación de antiguos alumnos. La finalidad principal de la asociación es mantener y estrechar lazos de unión y amistad entre aquellos que hemos estudiado y sufrido las vicisitudes propias de la vida escolar. Básicamente nos reunimos una vez al año para celebrar la asamblea anual y comer juntos; y poco más que no viene al caso citar.

Durante este tiempo he podido apreciar los costes que supone en España crear y mantener una asociación por humilde que sea. Mi propuesta en este artículo es disuadir a cualquiera que pretenda crear una asociación y soslayar la pesada y desmesurada carga que supone la regulación del Estado. En su lugar, yo les propongo que creen un grupo en Facebook u otra alternativa similar (MeetUp Group) aprovechando las enormes ventajas que proporciona Internet. Dicho de forma metafórica: Internet es el futuro y el Estado es el "Parque Jurásico". Tomen buena nota de mi consejo:

1º. Los costes y quebraderos de cabeza que supone tener una asociación proceden -como bien saben las empresas en España- del perverso concepto de "regulación". El Estado, a nivel central y autonómico, en este caso; te dice qué, cómo, cuándo y dónde tienes que hacer las cosas. Una asociación necesita estatutos, registros, órganos de gobierno, asambleas, libros, actas, cuentas, bancos, habilitaciones, y un largo etcétera de trámites absurdos pero necesarios para joder al prójimo y mantener -de paso- a un ejército de burócratas. Y todo lo anterior es necesario para que usted se pueda reunir con sus vecinos o amigos de vez en cuando. Y ahí no queda la cosa, la asociación, por ejemplo, necesita tener un registro de sus socios y cumplir la Ley de Protección de Datos. En resumen, el coste de la regulación incluye trabajo, tiempo, dinero y responsabilidades innecesarias. 

2º. Si lo que usted quiere es relacionarse, compartir cosas o reunirse de vez en cuando con sus vecinos, amigos o personas afines; no se complique la vida y soslaye el lastre que supone el Estado: Organice un "Grupo de amigos" en Internet y dedíquese a disfrutar y no a trabajar. Hace tan sólo 15 días creamos un grupo de antiguos alumnos en Facebook y hemos podido localizar a antiguos compañeros, compartir fotos y comentar recuerdos entrañables; y todo eso a un coste despreciable.

Para finalizar, no quiero ejercer de "pitoniso" pero intuyo -y deseo- que Internet y las nuevas tecnologías se erijan como una nueva institución que vaya reemplazando las funciones de este caduco, oneroso y rancio Estado de las autonomías: una burocracia rampante que asfixia al ciudadano en una tupida y estúpida maraña legal.

Mensaje navideño del Rey

Los discursos del Rey de España se suelen caracterizar por su mesura y equilibrio. El mensaje de la pasada nochebuena estuvo en su línea habitual pero me gustaría exponer algunas anomalías que observé. La primera es de índole democrática, se trata de la imagen (ver foto) del belén navideño, representación cristiana de un Rey cristiano; pero D. Juan Carlos es, supuestamente, el Rey de todos los españoles, no sólo de los cristianos y por este motivo le es exigible la debida neutralidad institucional en materia de libertad de conciencia y religiosa.

Su Majestad elogió los sacrificios de las familias que han ayudado a los parados, luego veremos porqué no se le dede llamar sacrificio. No es cierto, como se afirmaba en el mensaje, que las causas de la crisis sean difíciles de precisar. Todos sabemos que tanto el Estado como algunos individuos han actuado irresponsablemente gastando lo que no tenían.

La tercera y más importante tiene que ver con el uso inadecuado del concepto sacrificio. Comentaba D. Juan Carlos la «deuda de gratitud con el sacrificio y dolor de las víctimas del terrorismo» pero no entiendo a qué tipo de «gratitud» ni a qué tipo de «sacrificio» se refería el monarca. Pudiera inferirse como si las víctimas hubieran entregado sus vidas por un noble ideal (¿democracia? ¿libertad?) pero a mí me parece que esas personas no se sacrificaron por nadie ni por nada, sino que fueron «sacrificadas» por sus asesinos etarras. No aprecio valor ni utilidad alguna en el sufrimiento causado a las víctimas y a sus familiares, que justifique en modo alguno el término "gratitud". Parece una inversión moral intentar  justificar (dijo más adelante: «su sacrificio no ha sido en vano») sus muertes a cambio de todavía no se sabe qué. ¿Alguien puede decirme a cambio de qué fueron sacrificados? Solamente un ser irracional entregaría su vida a cambio de nada, que es lo que ha ocurrido. 

Decía la famosa filósofa y novelista Ayn Rand en su ensayo La virtud del egoísmo: «El sacrificio es la entrega de un valor superior en beneficio de un valor menor, o de algo carente de valor...Una conducta basada en principios racionales es exactamente la opuesta: la persona actúa siempre de acuerdo con la jerarquía de sus valores y jamás sacrifica un valor superior en beneficio de uno inferior». 

Que yo sepa, a las víctimas de ETA no se les pidió que entregaran sus vidas a cambio de «democracia», «libertad» o «estado de derecho» y me parece un despropósito, o al menos un error conceptual, dar a entender que su sacrificio merezca gratitud alguna. Este enfoque perverso consigue —aunque no lo pretenda— edulcorar la muerte injustificada de los sacrificados en un altar, haciéndoles parecer mártires del Estado o de no sabemos qué religión o idea. 

Yo hago una lectura randiana, objetivista, realista sobre su sacrificio: el Estado español no ha sido capaz, como era su deber, de proteger la vida y hacienda de los ciudadanos frente a los sacrificadores asesinos (otra metáfora incorrecta del mensaje, refiriéndose a ETA, fue "pistolas asesinas"). Esto hay que reconocerlo sin ambages. Otra cosa distinta es admitir que combatir el terrorismo sea ciertamente difícil; o que no hayamos tratado a la ETA como lo que es, un enemigo mortal; o que tengamos una sociedad enferma donde algunos ciudadanos justifican el sacrificio político de víctimas inocentes y al resto parece no concernirle; o donde el lema «amarás a tu enemigo» —una de las mayores inmoralidades del cristianismo— sea admitido como algo honorable y digno.

Cuando el Estado no es capaz de proteger la vida de los ciudadanos (sólo unos pocos privilegiados llevan escolta) lo mínimo sería permitirles su propia defensa, autorizándoles a portar armas de fuego; de esta manera, si te matan, por lo menos que te maten luchando y no como a un conejo. Majestad, con todo respeto, ningún ser humano que se precie debe ser objeto de sacrificio alguno porque no es justo ni moral perder algo valioso, por ejemplo, tu vida, a cambio de algo menos valioso o carente de valor. Tampoco parece razonable distorsionar la realidad hasta el punto alucinatorio de apreciar mérito en el sacrificio de personas mientras sus sacrificadores disfrutan, algunos en libertad, los beneficios del Estado de derecho que pretenden destruir.

Despido Libre

Todavía no entiendo los motivos por los que el Estado obliga al empresario a indemnizar a un trabajador en caso de despido. En ocasiones, se cita el término «protección» del trabajador y determinados agentes sindicales y políticos aluden a supuestos derechos. Una posible explicación sería reconocer que la parte que rompe el vínculo laboral debiera indemnizar a la otra en virtud de un supuesto perjuicio ocasionado, pero aún así no llego a comprender a qué perjuicio se refiere. Tampoco es entendible que el citado perjuicio se produzca desde el empresario hacia trabajador, pero nunca a la inversa. 

En esta crisis, que parece no tener fin, algunos sesudos políticos han sugerido que si las indemnizaciones hubieran sido más altas no hubiera habido tantos despidos; desde esa lógica, se debería despedir con 90 días o 180 días por año trabajado y todo arreglado: sencillo, ¿verdad?. Lo malo de la ideología es que la gente piensa con el hígado en lugar de usar el cerebro. La ideología colectivista, por lo que parece, se construye en parte sobre el paradigma cristiano de que la riqueza es pecaminosa: "Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos". Solamente así es posible considerar al empresario como un ser malvado y que el Estado deba proteger a los trabajadores de sus posibles abusos. Argumentaré porqué no considero apropiada la indemnización por despido:

1º. Es una injerencia del Estado en la empresa y, como propiedad privada que es, compete en exclusiva a sus legítimos dueños tomar decisiones que afecten a su funcionamiento interno. 

2º. La indemnización por despido ocasiona en algunos trabajadores una sensación de seguridad que lo va equiparando, a medida que transcurren los años, al estatus de impunidad laboral propia de un funcionario.

3º. En otros casos, los trabajadores se convierten en rehenes de su propia indemnización y, aunque desearían cambiar de trabajo, no lo hacen por no perder aquella. A veces sucede que el trabajador decide cambiar de trabajo y utiliza estrategias abyectas para forzar el despido improcedente; por ejemplo, disminuyendo su rendimiento laboral.

4º. Por último, la indemnización por despido se convierte en el mayor obstáculo a la contratación. Cuanto mayor sea la primera, menor será la segunda. 

Añadir título

Todo esto que expongo es vox populi entre empresarios e incluso entre los propios trabajadores pero los descerebrados que nos gobiernan no son capaces de entenderlo. Pueden comprender —y estoy de acuerdo— que debería ser igual de fácil casarse que divorciarse, pero no quieren aplicar este mismo principio en el ámbito laboral. Mientras tanto el empleo no despega, se suceden los ERE,s, nuestros hijos bien cualificados deben emigrar y mucha gente se ve forzada a la economía sumergida. La economía es una ciencia social y en sus orígenes nació como ciencia moral (Adam Smith fue profesor de filosofía moral). El despido libre es una medida absolutamente moral, legítima y además conveniente para crear empleo y riqueza.

Contra la Fundación Tripartita (I)

Muchas personas han oído hablar de la Fundación Tripartita. Desde 2004 llevo trabajando con ella puesto que mi empresa es "Entidad Organizadora" de los cursos que se imparten en las empresas. Me gustaría compartir con ustedes algunas reflexiones sobre este sistema estatalista de promover la formación continua de los trabajadores e intentaré argumentar, desde una óptica liberal, que se trata de un sistema perverso.

El sistema funciona así: Cada vez que un empleado cobra su nómina y cada vez que un empresario paga los seguros sociales, el Estado les detrae (a ambos) una cantidad de dinero que luego debe ser empleada necesariamente en la formación de los trabajadores que integran una empresa. La cantidad detraída durante un año natural a toda la plantilla es el crédito que la empresa dispone para gastar al año siguiente en cursos. Las empresas contratan a formadores o envían a sus trabajadores a diferentes cursos y pagan las facturas correspondientes. Las cantidades satisfechas son devueltas a la empresa mediante bonificaciones en los seguros sociales (TC1). Si la empresa no gasta en formación o le sobra dinero a final de año, el Estado se embolsa el sobrante y materializa un "saqueo" más, de los muchos a los que estamos sometidos en nuestro actual sistema colectivista. 

Hecha esta introducción, expondré algunas consideraciones:

1. Al actuar de esta forma, el Estado presupone que tanto empresarios como empleados son seres irresponsables incapaces de invertir en formación y por eso es preciso quitarles su dinero de forma preventiva "por su propio bien" para forzarles a que hagan cursos.

2. Las normas que regulan la realización de los cursos bonificados y los trámites que se realizan a través de una aplicación telemática suponen unos costes extra para la empresa. Por ejemplo, deben contratar personal extra para usar el sistema o bien deben contratar empresas de formación y consultoras -como es mi caso- para que les realicen estos trámites. Esta barrera de conocimiento, ocasionada por la regulación estatal, ha ocasionado que muchas PYMES no hayan sabido usar el sistema y hayan perdido año tras año su dinero.  

3. En los últimos años han proliferado las empresas de formación que ofrecen "cursos gratis" bonificados para que las empresas gasten su dinero, a veces sin criterio ni sentido. Consumir el crédito antes de fin de año para que no se lo quede papá-Estado suele ser un argumento de ventas. 

4. Otro problema recurrente es que cualquier error en los trámites supone una disconformidad de la F. Tripartita con la consecuente devolución de parte del dinero.

5. Los empresarios y autónomos están excluidos del sistema y no pueden beneficiarse de los cursos.

Es una contradicción que el Gobierno enaltezca la competitividad de las empresas y haga todo lo contrario. La acción preventiva del Estado y las regulaciones -en este y otros aspectos- sobre las empresas es un lastre para su competitividad. Hemos visto un ejemplo de cómo el Estado, actuando tal vez de buena fe pero con un paradigma equivocado, perjudica gravemente a los ciudadanos; como algunos padres que alegan querer a sus hijos pero los hacen infelices. Lo que yo he observado es que muchas empresas sobreviven, no gracias a la acción del Estado, sino a su pesar. Existen causas objetivas que explican la precaria situación económica de España. La principal, a mi entender, es poseer creencias falsas.

Debate Rubalcaba-Rajoy: Lo que no se dijo

El "Gran Debate", como pomposamente titularon los organizadores del pasado cara a cara televisivo entre Rubalcaba y Rajoy resultó ciertamente decepcionante. Cada candidato se presentó con la lección aprendida y más que un debate la discusión parecía seguir un guión preestablecido. De hecho, Rajoy, por dos veces espetó a Rubalcaba: "Sabía que usted me lo iba a decir...". En fin, asistimos a un montaje espectacular de medios y marketing televisivo para tan poca cosa.

Es cierto que en España hay 5 millones de parados y que los aspectos económicos y laborales son una gran preocupación de los ciudadanos. Sin embargo, en España somos 46 millones y a todos -parados y activos- nos interesan muchas cosas que a modo de "pacto entre pillos" no se dijeron. 

Ni una sola mención a la corrupción política, a mi entender, principal problema de España. 

Ni una sola mención a la politización y manipulación de la Justicia y tampoco a su lentitud e ineficiencia.
Ni una sola mención (salvo el asunto de las Diputaciones) al cáncer que supone la estructura política del Estado, con 4 niveles administrativos, y que todos debemos sostener a costa de rascarnos el bolsillo. 

Ni una sola mención a eliminar el Senado, institución claramente prescindible. 

Ni una sola mención para eliminar las asignaciones económicas que reciben los partidos políticos y sindicatos. 

Ni una sola mención para citar el papel mafioso de los sindicatos, corresponsables de tantas empresas destruidas. 

Ni una sola mención a las miles de empresas públicas creadas principalmente por PP y PSOE en todos los niveles de la Administración y que han servido para robar el dinero a los ciudadanos (vía impuestos) y regalárselo a sus afiliados, amigos, primos, cuñados, queridas y demás fauna que habita en el clientelismo político. 

Ni una sola mención para modificar el sistema electoral. Rubalcaba mencionó (poner una cruz) tímidamente instaurar las listas cerradas, y la pregunta es: ¿por qué en 7 años no lo han hecho?

Ni una sola mención a las miles de empresas y autónomos jodidos porque los ayuntamientos no les pagan sus facturas y los mandan a la quiebra; ¿cuantos alcaldes han ido a la cárcel por no pagar?; eso sí, en el primer pleno de cada legislatura todos los concejales votan por unanimidad su propia subida de sueldos. ¡Menuda panda de mamones!

Ni una sola propuesta para rebajar las tasas excesivas que los ciudadanos debemos pagar a notarías y registros de la propiedad. 

Ni una sola propuesta para eliminar la obligatoriedad de pertenecer, por cojones, a los Colegios Profesionales; cuando debería ser voluntario tal y como se hizo con las Cámaras de Comercio. 

Ni una sola propuesta para reducir el estatus faraónico y ostentoso de los altos cargos públicos, diputados, senadores y demás "señorías" cuando están en activo y cuando se jubilan. 

Ni una sola mención para abolir los privilegios manifiestamente inconstitucionales de la Iglesia Católica y la asignación de 10 mil millones de euros que recibe del Estado. 

En fin, no quiero extenderme más, pero lo importante del "pequeño debate" y "gran farsa" no fue tanto lo que dijeron sino lo que culposamente ambos pillos callaron. Señores Rucalcaba y Rajoy, algunos españoles no somos idiotas y todavía nos queda algo de sesera para culpar a los dos grandes partidos de la mierda de país que tenemos.