viernes, 24 de mayo de 2013

La visita del Sr. Beteta

Agradezco desde este blog la visita que el Secretario de Estado de Administraciones Públicas realizó ayer a Tenerife para explicarnos el Anteproyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local. El Sr. Beteta pudo decirlo más alto pero no más claro: es preciso eliminar duplicidades en los servicios públicos,  limitar sus funciones y asegurar el equilibrio presupuestario. Lo más importante, tal vez, fue percibir que al menos había un político en la sala pensando que los servicios públicos salen del bolsillo del sufrido contribuyente. Al que paga impuestos yo prefiero llamarlo expropiado porque expresa mejor la naturaleza coactiva del  impuesto. Como no podía ser de otra manera, los políticos locales presentes, que ven amenazada con esta ley su discrecionalidad, expresaron su desacuerdo. 
El Alcalde de la Laguna, Sr. Clavijo,  empleó los términos "desapoderamiento" de los gobernantes locales y "efecto centralista" de la norma. Era patente que el hombre se había leído los papeles y habló con criterio, dando razones. Pero no dijo que aquí, en este país corrupto y enfermo, el único realmente desapoderado es el ciudadano: un paria moderno que sufre el expolio fiscal de cinco administraciones públicas: todas en competencia por ver quién da más a unos ciudadanos, previa expropiación forzosa del dinero de otros ciudadanos. Llevaba razón Beteta cuando dijo que en algunas ciudades había varias bibliotecas, cada una de diferente Administración.
La intervención del presidente de la Fecam, Sr. Curbelo, fue larga y patética. Profirió una retahíla de tópicos, lugares comunes y frases hechas: que si la insularidad y especificidad, que si Canarias es frágil, etc. Ni un sólo argumento que tratara la norma y su contenido. Populismo barato. 
Durante el turno de intervenciones, Ana Oramas se quejaba de que la norma salía sin consenso, que se aplicaría manu militari y -alegaba la diputada- que las leyes debían tener una vocación de permanencia. Su tono no estaba exento de cierta chulería y hasta amenazó veladamente al Secretario con que cada cuatro años había elecciones. Al igual que Curbelo, ni un sólo argumento. Tampoco Oramas parecía recodar que todo lo que hace el Estado, incluidos los gobernantes de su partido, es manu militari, desde la óptica del ciudadano. El Estado es un monopolio territorial de coacción y expropiación. Lo que ocurre es que los caciques locales y regionales no están acostumbrados a soportar el yugo de otro poder del Estado. Y es que la Administración autonómica tal vez sea lo peor que nos haya pasado en los últimos 35 años. 
Para terminar, quisiera felicitar al alcalde de Garachico, Sr. Berto González, porque encontrar un ayuntamiento que paga puntualmente a sus empleados y proveedores, y que tiene saneadas sus cuentas es digno de admiración. Hace ya muchos años que decidí no trabajar, como proveedor, con los Cabildos y Ayuntamientos porque no eran de fiar, no cumplían los contratos; pero me alegro de que existan excepciones. El Alcalde Berto expresaba una objeción lógica: si su ayuntamiento tiene equilibrio presupuestario, aunque tenga menos de 20.000 habitantes, ¿por qué se limitan sus funciones? Y la respuesta es sencilla: el Estado debe limitarse a su función esencial, que no es otra que proporcionar las condiciones de seguridad para asegurar el orden social. El mejor Estado es el Estado mínimo y todo crecimiento de la Administración significa empobrecer al pueblo. La dramática crisis económica que vivimos proviene, entre otras cosas, de la hipertrofia del Estado. Cuando un alcalde abre una guardería pública no es consciente de que, en ese preciso instante, contribuye a aumentar el paro en su municipio, pues emplea la riqueza privada para crear empleo improductivo. La alternativa es recolocar al Estado en su auténtica función: crear las condiciones para que la iniciativa privada abra con facilidad guarderías, clubes deportivos, cementerios, comercios, etc. El Estado no es dueño del dinero de los ciudadanos y  no es posible entregar algo a uno sin quitárselo previamente a otro.



viernes, 8 de marzo de 2013

Sobre la discriminación


Hoy es el día Internacional de la mujer y me gustaría reflexionar sobre el uso inadecuado del concepto discriminaciónLos hablantes usan generalmente el término «discriminar» en su acepción negativa, como acción injusta realizada intencionalmente por alguien que lesiona derechos de la persona discriminada. Pero discriminar también significa diferenciar, excluir o seleccionar y esto nos interesa para eludir ciertas trampas del lenguaje que consideran toda discriminación como una vulneración de derechos. Paradójicamente, la discriminación abunda y casi siempre es legítima pues constituye en sí misma un derecho: elegir implica rechazar. La discriminación puede ser física o técnica, por ejemplo: un receptor de radio discrimina frecuencias o cuando una máquina agrícola discrimina la fruta en función de su calibre. 
Un segundo tipo de discriminación es la referida a elecciones personales: si elijo el color verde estoy discriminando al resto de la paleta; o sobre las personas: elijo salir con Laura y no con Silvia. En efecto, cada vez que hacemos una elección estamos discriminando y no por ello realizamos una acción injusta porque no violamos un derecho. La discriminación es legítima en dos casos: a) Cuando existen razones objetivas que la justifican, por ejemplo, aquellas personas que sobrepasan una determinada edad o no poseen ciertas condiciones psicofísicas (estatura, peso, vista, agudeza auditiva, control emocional, etc.) pueden ser excluidas del ingreso en ciertas profesiones: militares, policías, bomberos, pilotos aéreos, conductores, etc.; o cuando razones de seguridad aconsejan impedir que los niños, según sea su estatura, accedan a ciertos juegos en los parques de atracciones. Los criterios para discriminar pueden diferir según quien los dicte y ser, hasta cierto punto, discutibles en su naturaleza o alcance. 
Por ejemplo, cuando el Gobierno declara unas drogas como legales (tabaco, alcohol o medicamentos) y otras como ilegales (marihuana, cocaína o heroína) discrimina según criterios de letalidad de cada sustancia, si bien, la OMS afirma que el alcohol es más nocivo que algunas drogas de las denominadas "duras". b) También es legítimo -y esto no es tan evidente- discriminar basándose en los derechos de propiedad del agente discriminador. Trataremos aquí los dos tipos de propiedad existente: interna y externa. La interna es la propiedad más básica, el propio cuerpo; por ejemplo, todos somos libres de aceptar un encuentro sexual con una persona y rechazar a otra sin que ésta última pueda alegar discriminación; igual sucedería con la elección de los amigos. La propiedad externa es la referida a los objetos y seres vivos. Por ejemplo, como propietarios de una casa podemos contratar a una empleada del hogar filipina y rechazar a otras candidatas sin que estas últimas puedan alegar discriminación (en el sentido habitual del término). ¿Por qué? porque las candidatas excluídas nunca tuvieron el derecho a ser contratadas. Sin embargo, a medida que nos alejamos del ámbito doméstico y nos adentramos en otros ámbitos privados -como una empresa, asociación o club- los derechos de propiedad empiezan a ser cuestionados y, de paso, el derecho de discriminación del propietario. 
Un ejemplo de discriminación legítima basada en la propiedad privada es la que observamos en las sociedades gastronómicas del País Vasco donde cada sociedad instituye criterios específicos de admisión de candidatos como los basados en el sexo, la profesión, o la pertenencia a un colectivo; siendo posible además el derecho de veto por parte de los socios. Sin embargo, es habitual que el Estado restrinja la legítima acción discriminatoria de un propietario, o al revés, si decide no discriminar es el Estado quien injustamente discrimina; un buen ejemplo es la prohibición gubernamental de fumar en bares y restaurantes bajo la excusa de ser "lugares públicos" cuando esos lugares stricto sensu son propiedades privadas "abiertas al público". En buena ley, los dueños de bares y restaurantes son los únicos legitimados para decidir si se fuma o no en su propiedad, siendo inadmisible que sean los no propietarios quienes fijen las normas. En Eurovegas todo indica que se podrá fumar porque su dueño, Sheldon Adelson, al contrario que los sumisos y acomplejados empresarios españoles, defiende lo suyo; el orgulloso dueño de las Vegas Sand Corporation tiene muy claro que sus casinos son de su propiedad y que nadie ajeno al negocio tiene el derecho de intervenir en su funcionamiento, ni siquiera un Estado.
Por último, ¿tiene un empleado —sea hombre o mujer— derecho a cobrar lo mismo que otro compañero que ocupa un puesto idéntico? Una regla del derecho laboral dice: "a igual trabajo, igual salario", el empresario paga en función de la productividad (valor subjetivo que otorga a cada trabajador por lo que hace) y no existen dos trabajadores igual de productivos aún haciendo lo mismo. Por tanto,  no es adecuado hablar de discriminación salarial femenina pues el derecho a cobrar lo mismo no es tal, podrá ser legal pero no legítimo. Si el Estado introduce leyes igualitarias y restringe el derecho de todo propietario para discriminar salarialmente, si éste considera (acertada o equivocadamente) que una mujer tiene menor valor económico que un varón, pero es obligado a pagarles lo mismo, terminará contratando varones en lugar de mujeres. Como ya anticipó Frédéric Bastiat, el gobernante cegado por la ideología no ha sido capaz de apreciar el efecto diferido e indeseado de sus políticas igualitarias: al impedir la discriminación parcial (salarial) se acaba produciendo la discriminación total.

jueves, 21 de febrero de 2013

Retribuir a las amas de casa


Algunas mentes esclarecidas declaran que es deber de la «sociedad» (en abstracto) retribuir a las amas de casa por su valiosa y dura labor. Admitimos sin ambages la valía y utilidad del trabajo doméstico, pero entendemos que toda retribución debe proceder de los beneficiarios directos del trabajo, es decir, la propia ama de casa y las personas que conviven en el hogar: esposo, hijos, etc. Hacer que la sociedad (para entendernos, los contribuyentes) paguen por lo que no reciben es otra forma más de redistribución colectivista. Esta medida, amén de injusta, originaría todo tipo de distorsiones en la economía; por ejemplo, las mujeres empleadas por cuenta ajena en el servicio doméstico abandonarían su empleo para hacer el mismo trabajo en su propia casa cobrando del Estado y matando dos pájaros de un tiro. Otras mujeres optarían por hacerse amas de casa «profesionales» y ejercer un oficio en la economía sumergida, por ejemplo, trabajando en Internet, obteniendo así dos fuentes de ingresos. Es evidente que las sacrificadas mujeres que optaran por trabajar fuera del hogar o las amas de casa «amateur» subsidiarían a las amas de casa «profesionales» sin dejar por ello de atender las labores domésticas durante su tiempo libre. Tremenda injusticia.

Aquellas parejas con uno de sus miembros cobrando un salario bajo se verían incentivadas para que uno de ellos se convirtiera en profesional del hogar. Las personas solteras probablemente no tendrían derecho a este subsidio, lo cual fomentaría la formación de matrimonios y parejas de conveniencia, práctica ya utilizada para obtener beneficios jurídicos, económicos o sociales.

Si los subsidios son todos una importante fuente de fraude, el salario estatal de las amas de casa sería un coladero de dimensiones colosales; como dice Jorge Valín[1]: «a los burócratas no les importa despilfarrar aquel dinero que no es suyo, y por eso los controles siempre serán ineficientes en la administración». Tampoco tendría el gobierno forma de inspeccionar si las amas de casa son reales o ficticias. Poner en marcha este absurdo salario a las amas de casa es como pretender cobrarle al Estado diez euros cada vez que alguien lave su propio coche o cincuenta euros por confeccionar la propia declaración de la renta.
Imaginemos ahora otro escenario: supongamos que el Estado decidiera no subsidiar a las amas de casa profesionales pero que lo hicieran, a modo de empresario, sus parejas. Inmediatamente los varones pedirían que las mujeres pagaran un canon de alquiler, energía, agua, seguros, etc. para contribuir a los gastos comunes del hogar y, voilà: el Estado ha transformado una economía familiar de trueque, cuyos intercambios están libres de impuestos, en una economía sujeta a fiscalidad y así poder expropiar un poco más a ambos. Divide y vencerás.




[1] El Gobierno es el problema. Amazon ebook, 2013.

lunes, 17 de diciembre de 2012

El fraude del Estado social

¿Saben ustedes que en España hay miles de empresas públicas? ¿y que sólo en Canarias hay centenares? Los enchufes están a la orden del día. ¡Que vivan las sociedades públicas y los gerentes bien remunerados! Pablo Nieto, abogado no ejerciente, marido de Ana Oramas (Coalición Canaria), es casualmente el gerente de VISOCAN y gana al año 69.046 €.

¿Cómo funciona el fraude del Estado social? Muy sencillo, por ejemplo, el Gobierno autonómico crea la empresa pública Viviendas sociales e infraestructuras de Canarias (VISOCAN) para promover la construcción de viviendas de protección oficial a precios "asequibles", con el fin de facilitar el acceso a una vivienda digna a la ciudadanía canaria con menos recursos económicos. 

Cada vez que un político quiere robar y a la vez tener buena reputación usa el adjetivo "social". El lema funciona muy bien porque la caridad y el altruismo son muy populares, especialmente si uno es el beneficiario de la ayuda. En el caso de las viviendas de protección oficial, el Estado (a nivel central, autonómico o local) necesita expropiar a los contribuyentes que parecen no darse cuenta que, al tiempo de pagar con gran sacrificio su propia hipoteca, están pagando la hipoteca de otros y los estupendos salarios de una burocracia: la propia empresa pública. Imagínese que un policía llega a su casa, pistola en mano, y le reclama 50€ para una vivienda social, ¿le parecería bien? pues eso mismo hace el Estado de una forma más sutil cuando le sablea a impuestos. Recuerde, por cada ayuda social o subvención que prometa un político, habrá que rascarse el bolsillo: usted será expropiado en la parte proporcional. Y cuantas más ayudas prometa, mayor será la expropiación.

A medida que la empresa pública crece como un tumor, el Gobierno hace autobombo de sus propios logros insertando noticias en su red de propaganda. Esto dice la página web de VISOCAN: "Desde su constitución en el año 1977, ha promovido la construcción de más de 25.000 viviendas. Actualmente, gestiona un parque de casi 5.000 viviendas en alquiler y ha adquirido suelo para construir en el futuro más de 3.000 viviendas de protección oficial. Esto será debidamente amplificado por otras empresas públicas como las TV y emisoras de radio. Finalmente el Estado seguirá gastando nuestro dinero en los medios privados como periódicos locales, etc. De esta manera, el político demócrata consigue tres objetivos: a) legitimar su noble función ante la sociedad; b) justificar la existencia de medios audiovisuales de titularidad pública y c) comprar la adhesión de los medios de comunicación privados a golpe de talonario. Todo ello con nuestro dinero y sin rubor alguno.

Como apreciamos, el Gobierno de turno, bajo la careta de lo "social", ha montado una promotora e inmobiliaria donde tiene vía libre para lograr dos objetivos: a) mantenerse en el poder con los votos de los beneficiarios de las viviendas (y sus familias), de los propios empleados de la empresa pública (y sus familias), de sus proveedores; y finalmente de la población que, ajena al fraude, percibe al Gobierno como un ser benefactor; b) la desviación de dinero desde la empresa pública al partido político en el poder. Un tandem perfecto: poder político y económico. El fraude es monumental porque no sólo es legal sino que incluso parece legítimo. El animal de sacrificio de este crimen es el ciudadano anónimo sujeto a expropiación fiscal. 

El Estado social y democrático de derecho es un fiasco para el pueblo porque: a) lo social legaliza la redistribución de la riqueza: robar a unos para dárselo a otros. El propio concepto de justicia social es una contradicción semántica, excepto si admitimos como justo el robo, cosa que afirman el expropiador,  los marxistas y el beneficiario del botín. b) lo democrático -como advierte Hans Hermann Hoppe- no es la panacea porque induce una elevada preferencia temporal (cortoplacismo) en el gobernante, que tiende a exprimir la riqueza de la nación sin reparar en las consecuencias futuras. Endeuda sin pudor al ciudadano, a sus hijos y nietos, sin su consentimiento, con tal de obtener el beneficio rápido de la reelección. c) por último, el derecho queda pervertido al ser sustituido por la legislación: una infecta maraña de ingeniería legal destinada a mantener y expandir los privilegios, el crimen y el abuso. 

Ninguna empresa pública se justifica porque todo lo que hacen puede ser realizado más eficientemente por la sociedad civil. Al Estado sólo le pedimos seguridad y justicia, nada más. Del resto ya nos ocuparemos nosotros a través del sistema económico de libre mercado, el único justo porque no beneficia al pobre por ser pobre ni protege al rico por ser rico. Justo, porque no se basa en el expolio sino en el esfuerzo individual, la mutua cooperación y el respeto de la propiedad privada.

Actualmente hay en España 2.550 empresas públicas, una gran bola de mierda, ineficiencia, competencia desleal a las empresas privadas y corrupción política que no ha parado de crecer desde 1998 y que ahora se resiste a morir porque los políticos no quieren hacerse el harakiri.  Es ingenuo esperar que desmonten sus propios chiringuitos de corrupción edificados durante 34 años y por eso siguen aumentando los impuestos. Rajoy, el mejor presidente socialdemócrata del PP, ha subido 27 impuestos en su primer año de gobierno y eso que prometió todo lo contrario. Este entramado mafioso solo sirve para tener poder político y dinero; y sólo beneficia a los políticos y sus clientes.

Toda la ruina moral y económica que soportamos con la mayor indignación tiene su origen en una Constitución fallida -cuyo reciente aniversario no es motivo de festejo- que legalizó el robo en su art. 1 al constituir España como un Estado social: una cleptocracia basada en el engaño, la pillería y el expolio. Un sistema que avergonzaría a una persona moral e inteligente y que subsiste gracias a la aceptación o anuencia de una masa inculta, emotiva y fácilmente manipulable. 

Los políticos nos engatusan con subvenciones, camelos y ayudas varias. Cada subsidio es un fraude donde quitan el dinero a unos para regalárselo a otros. El Estado es improductivo y no puede dar nada a nadie sin previamente quitárselo a otro ciudadano. Los políticos regalan prodigalmente lo que no les pertenece -nuestro dinero- en una orgía tramposa. Por ejemplo, las personas mayores que viajan con el IMSERSO deben ser subsidiadas por aquellas que no viajan y encima debemos alimentar a cientos de funcionarios que hacen competencia desleal a las agencias de viajes.

Todo gobierno, por déspota y corrupto que sea, necesita estar legitimado por el pueblo. Los políticos se apoyan en el Estado social y democrático para perpetrar todos los desmanes posibles y seguir esquilmando sin límite al ciudadano. La única manera de revertir la situación es deslegitimar su base moral y su verborrea: NO existe el llamado contrato social; NO nos representan; NO nos hemos dado este sistema; NO queremos falsos benefactores, ni ayudas con dinero robado, ni privilegios; en definitiva, ¡dejadnos tranquilos!.

domingo, 2 de diciembre de 2012

Filosofía para empresarios: el altruismo

Ayn Rand
Tengo la impresión, o casi la certeza de que a los empresarios les interesa poco o nada la filosofía. Como personas pragmáticas, orientadas a la acción, emplean la mayoría de sus energías en los duros avatares de la vida cotidiana y en sacar adelante sus empresas, que no es poco. Los empresarios piensan lo mismo que decían los romanos: primum vivere, deinde philosophari; o dicho en castizo: primero vivir, después filosofar. Sin embargo, este latinajo puede llevarnos a engaño ya que, como advertía Ayn Rand, fundadora del objetivismo, no es posible vivir sin filosofía. Toda acción humana está íntimamente vinculada al sistema de creencias que se configura durante la vida a través de la experiencia y el conocimiento. Por tanto, tal vez sería más adecuado afirmar que "vivir y filosofar" simultáneamente es lo habitual en todo ser humano. El hecho es que todos, seamos o no conscientes de ello, tenemos un sistema filosófico que nos sirve de guía en la vida y de cuyos efectos no podemos sustraernos. Somos libres de creer cualquier cosa pero no somos libres de evitar la sanción que impone la realidad objetiva. Es decir, una mala filosofía tendrá un precio que será preciso pagar. 

Auguste Comte
Hoy trataremos cómo el altruismo afecta al empresario mermando su libertad de acción y sus derechos de propiedad. El filósofo francés Auguste Comte acuñó en 1851 la palabra "altruisme", cuya raiz latina "alter" significa "otro"; literalmente significa "otro-ismo". El altruismo consiste en "poner a los demás por delante de uno mismo como regla básica de vida" o también (RAE) "diligencia en procurar el bien ajeno aún a costa del propio". La doctrina cristiana -cuestionable filosóficamente en ciertos aspectos- ha calado de tal manera en el subconsciente que es creencia extendida el deber moral de toda persona de ayudar a quien lo necesite. Y aquí es donde surge la trampa filosófica: la persona con menos recursos exige al Estado que cumpla con su deber altruista: dar a cada uno según sus necesidades; y puesto que el Estado es un ente improductivo, debe expropiar la riqueza a unos ciudadanos para entregársela a otros. Esta es la génesis perversa por la que se justifica la redistribución de la riqueza mediante la expropiación fiscal del Estado.

Hans-Hermann Hoppe
El altruismo, por tanto, se adora en el altar sacrosanto del edificio socialdemócrata donde el Estado se convierte en una organización criminal, como acertadamente ya definió Hoppe: "un monopolio territorial de seguridad, coacción y expropiación". La caridad ya no es voluntaria sino forzosa y este error filosófico ha transformado el derecho en legislación, ha convertido una noble institución milenaria en una maraña burocrática, putrefacta, inconexa, insegura e inestable de normas arbitrarias donde el empresario, entre otros, es objeto de múltiples tropelías.


El altruismo nos conduce a una contradicción: es inmoral negarse ser expropiado pero no lo es recibir la mercancía robada. Unicamente un místico o un demente se sentiría moralmente obligado a entregar su patrimonio al prójimo y mucho menos pondría a los demás por delante de  él mismo. Sin embargo, el Estado legisla continuamente en una orgía redistributiva donde el empresario es saqueado por los cuatro costados. Veamos un ejemplo: un empresario, ¿es culpable de que una persona tenga discapacidad? ¿es acaso responsable de velar por la supervivencia de un discapacitado? ¿tiene obligación de proporcionarle trabajo? Damos por hecho que no existe tal responsabilidad. Sin embargo, las leyes laborales, contaminadas por el altruismo y la envidia, han incorporado la doctrina social de la empresa según la cual es deber del empresario proporcionar empleo a los discapacitados. Es decir, la empresa -pero no otro bien particular- tiene una supuesta "función social" y por eso se admite como legítimo lo anterior.

Existen otros ejemplos de abusos altruistas: los ayuntamientos, en lugar de proveer un servicio de baños públicos, como es su deber, lo traslada a los propietarios de bares cuando lo justo sería, en todo caso, negociar un precio a cambio del servicio. Claro que es más fácil y barato seguir coaccionando al empresario a golpe de reglamento.
Como conclusión, parece relevante filosofar sobre la empresa, su naturaleza privada y sobre los derechos de propiedad. Mientras los empresarios admitan un supuesto deber altruista serán tratados como animales de sacrificio. Mientras persistan en este error filosófico, el expolio y la vulneración de derechos no cesará. Las consecuencias están a la vista. No se genera empleo, entre otras causas, porque faltan incentivos racionales a quienes deben crearlo. Nadie moralmente sano, inteligente y juicioso estará dispuesto a trabajar duro y arriesgar su patrimonio para tener éxito y luego ser ordeñado, sancionado y vilipendiado por un sistema político -la socialdemocracia- que ha decidido alimentar a un ejército de parásitos.

domingo, 11 de noviembre de 2012

Eurovegas: por qué los empresarios necesitan filosofía


La polémica existente sobre el caso Eurovegas así como las posturas enfrentadas entre sus partidarios y detractores nos conduce a una inevitable reflexión filosófica sobre el origen de la disputa: los diferentes conceptos que se tienen sobre la propiedad privada.

Toda cuestión controvertida habitualmente descansa en un desacuerdo sobre las distintas jerarquías que adquieren los valores. Por ejemplo, en EEUU prevalece la inviolabilidad del domicilio sobre la integridad física de un intruso y las leyes amparan al ciudadano que dispara con su pistola al criminal. En España no es igual: la ley considera la vida del criminal un bien jurídico superior a la propiedad privada de la víctima y por eso España es un chollo para asaltantes, ladrones y criminales en general. 

En el caso Eurovegas también se pone de manifiesto la diferente idea que americanos y españoles tienen de la empresa privada: para unos, es una propiedad que no puede ser violada por nadie, ni siquiera por el Estado; para los segundos, es un ente cuyo funcionamiento puede y debe ser intervenido y controlado por el Estado para equilibrar fuerzas y proteger al trabajador del supuesto abuso del empresario, que es visto y tratado como un presunto delincuente. El resultado de ambas concepciones filosóficas está a la vista: unos empresarios -como Sheldon Adelson- se muestran orgullosos de serlo, y otros -los españoles- han asumido su "pecado original": la culpa de querer ganar dinero, y se esconden como conejos ante las tropelías del político de turno o de los sindicatos. 

El empresario Sheldon Adelson, dueño de Las Vegas Sand Corporation, cree que sus casinos, los suyos, son de su propiedad y que nadie ajeno al negocio tiene el derecho de intervenir en su funcionamiento; sólo las partes interesadas o stakeholders (propiedad, empleados, proveedores y clientes) poseen la facultad de negociar, de forma libre y consentida, los asuntos que le conciernan; por lo anterior, Adelson presume con orgullo randiano que en ninguna de sus empresas rija convenio colectivo alguno. Como explican Braun y Rallo en su libro El liberalismo no es pecado: "los sindicatos son cárteles de trabajadores que pretenden conseguir un salario mayor que el que podrían obtener en un mercado libre".

El socialismo admite como legítima una ecuación éticamente dudosa: A (gobierno) y B (sindicato) deciden lo que C (empresa) hará por D (trabajador). Resulta evidente que el señor Adelson, con buen criterio, no está dispuesto a tomar el ricino filosofal con el que se desayunan a diario sus colegas españoles. 

Las reglas que necesitan las empresas no son distintas de las generales que operan en la economía: derechos de propiedad y cumplimiento de los contratos. Sin embargo, los políticos, intentan una y otra vez imponer estérilmente, a golpe de ocurrencia, sus propias reglas al Mercado cuando éste solo busca libertad y seguridad jurídica. Es patente que estamos gobernados por imbéciles y analfabetos que sólo miden su rendimiento político contabilizando un sinfín de paridas legislativas. No es una broma, el Gobierno (PP) de Murcia está revisando la Ley Regional de Turismo y el borrador contempla sanciones para las empresas que "no traten bien a sus clientes".

Las posiciones sobre Eurovegas son de tres tipos: a) Los sindicatos y partidos de izquierda han puesto el grito en el cielo desplegando su tradicional arsenal metafórico: vuelta a la esclavitud, agresión a la clase trabajadora, capitalismo salvaje, coacción del gran capital, fomento de la ludopatía y prostitución, agresión medioambiental, y resto de exabruptos. Desde la ideología colectivista, cuyo principal enemigo es la libertad, hay que impedir a toda persona -por su propio bien- trabajar bajo las condiciones particulares de Eurovegas, aunque aquella estuviera conforme; restringiendo de paso el uso de la primera propiedad privada: el propio cuerpo, las habilidades y el trabajo. Al igual que ocurre cuando se fija un salario mínimo, el Estado, sea por ignorancia o por un sesgo ideológico, provoca un desempleo involuntario, y ya estamos en 25,8 %.
b) Los socialistas de derecha, que proliferan cada vez más, con Rajoy como máximo exponente, intentan contemporizar situándose en un terreno intermedio y embarazoso que realmente no convence a nadie, debido a sus contradicciones internas.
c) Por último, en franca minoría, están los favorables al proyecto de Madrid-Eurovegas: la valiente pero ya dimitida Esperanza Aguirre, su sucesor Ignacio González y los escasos liberales que todavía quedan en España.

Lo que no entiendo es una cosa, si las autoridades españolas ceden -como todo parece indicar- ante las demandas de un empresario americano, en el sentido de respetar sus derechos de propiedad, aduciendo que es bueno para la economía de Madrid y de España, y porque se crearán más de 200.000 empleos; ¿no es esto una afrenta a la razón? ¿por qué respetar la propiedad de uno grande y violar la de miles pequeños? El empresario español, como el ser mitológico Atlas, ha sido castigado por el dios Estado a sostener el mundo económico bajo sus hombros sin recibir a cambio más que ultrajes: su propiedad privada intervenida, su libertad de contratar y despedir coartada, su iniciativa obstaculizada por la burocracia y su reputación pisoteada. Cuánta razón tenía Leonard Peikoff cuando afirmaba en un ensayo: "por qué los empresarios necesitan filosofía".