Contra el Estado autonómico

Es un principio de la ciencia política que un gobierno, ceteris paribus, mejora cuando se descentraliza, o sea, cuando la toma de decisiones está más próxima a los ciudadanos. Desde esta óptica, el proceso de descentralización autonómica española de 1978 supuso un avance teórico en el modelo de Estado. Y digo teórico porque no me cabe la menor duda de que el Estado autonómico, diseñado para dar satisfacción política a vascos y catalanes, ha sido un error histórico monumental. Nadie pensó, en su día, que las autonomías se convertirían en diecisiete Leviatanes que crecerían hasta convertirse en una de las peores cleptocracias conocidas. Cleptocracia es el gobierno de los ladrones. La creación, en 1978, de un cuarto nivel administrativo ha resultado un fiasco en toda regla y un perjuicio neto para los españoles que han visto mermadas su libertad y su renta.

En primer lugar, la reducción de la libertad individual es debida a la facultad legislativa de las regiones. Los diecisiete parlamentos autonómicos (más Ceuta y Melilla), con 1.218 diputados autonómicos -por desgracia, gente trabajadora- no cesan de vomitar basura legislativa. Se legisla de forma sectaria, arbitraria y a golpe de ocurrencia o capricho. Una desgracia. El deterioro de la Ley (en mayúscula) ha sido brutal. La consecuencia de tanta intervención y regulación es que los ciudadanos, para poder alcanzar sus fines, se acostumbran a incumplir la ley o a buscar subterfugios, trampas o favores de los políticos y funcionarios. Otra grave consecuencia es la parálisis económica. No hay desarrollo porque el coste derivado de la regulación es muy alto. Además, la legislación (al contrario que la Ley) no es estable y provoca inseguridad jurídica, algo que ahuyenta a los inversores. Más leyes y normas significa, en realidad, mayor dependencia de quien otorga las licencias y permisos. Ya lo decía Tácito: "Cuanto más corrupto es el Estado, más leyes tiene".   

En segundo lugar, el crecimiento de las autonomías ha ido mermando poco a poco, hasta dejar exangüe, el bolsillo del contribuyente. Según Javier Sevillano, entre 1987 y 2013, las autonomías multiplicaron por 4,35 sus funcionarios, pasando de 363.900 a 1.585.500. Pero además, los funcionarios autonómicos son, de media, más onerosos que los de la Administración General del Estado. 

Echando la vista atrás, en lugar de crear autonomías, hubiera sido preferible descentralizar el Estado hacia las provincias, islas y municipios, manteniendo los tres niveles administrativos. Por ejemplo, Suiza es un país altamente descentralizado en lo político (especialmente a nivel municipal) pero los suizos solo deben sufragar tres niveles gubernamentales (federal, cantonal y comunal) frente a los cinco (europeo, central, autonómico, provincial-insular y municipal) de los españoles. A mayor lastre político y funcionarial, menor producción económica y menor nivel de vida.

Por último, el tercer gran problema de las autonomías ha sido su vocación centralizadora. Los gobernantes autonómicos, con su política de "café para todos", han sembrado la discordia entre las diputaciones, cabildos y ayuntamientos. En Canarias, donde cada isla tiene problemas singulares, la egolatría de los nacionalistas ha beneficiado a los habitantes de unas islas a expensas del resto. La tan absurda como innecesaria ley de Obligaciones de Servicio Público no sólo ha impedido la entrada de Ryan Air en el mercado interinsular, además ha supuesto sotto voce el monopolio de la aerolínea Binter Canarias. El resultado está a la vista: tarifas escandalosas que empobrecen a los consumidores y que perjudica, en mayor medida, la economía de las islas menores. Otro ejemplo, la moratoria turística, fruto del nuevo nacional ecologismo que practica Coalición Canaria, sigue perjudicando a los propietarios de tierras, inversores, empresarios, trabajadores y consumidores. La moratoria perjudica a todas las islas pero, relativamente, a unas más que otras, por ello, no es de extrañar que en Gran Canaria surjan voces proponiendo el abandono de la Autonomía. El archipiélago podría seguir desarrollándose si no fuera por el corsé económico que supone el intervencionismo. Pero vayamos aún más lejos. Imaginemos siete islas compitiendo entre sí por atraer residentes, inversores y turistas, y no lo que tenemos ahora: un "solo pueblo" económicamente deprimido, cuyo gobierno festeja la salida de la multinacional Repsol y promueve la autarquía económica. 

Nacionalismo canario y autarquía

En los últimos años Coalición Canaria (CC), al igual que nacionalistas vascos, catalanes y gallegos, ha ido avanzando en su proyecto soberanista, aspiración legítima que yo respeto. La cuestión, a mi entender, no es si nos gobiernan desde Madrid o desde Canarias, lo importante es que estemos "poco" gobernados; como decía R. W. Emerson: "cuanto menor el gobierno, mejor". Por eso CC me parece más peligrosa que otros partidos, porque los nacionalistas quieren gobernar con mayor intensidad. Y las leyes sirven para imponer o prohibir. Todo aumento legislativo, algo que lamentablemente mide la "productividad" de los políticos, significa menos libertad individual y más confiscación de la riqueza.

Todo nacionalismo busca el ideal de sociedad en un pasado mítico, glorioso e idealizado: Platón identificó la mejor forma estatal en las antiguas aristocracias tribales de Esparta y Creta, Mussolini quería resucitar el Imperio Romano, Hitler quería instaurar un régimen nacional socialista que durara 1.000 años y Franco definía España como "unidad de destino en lo universal". Como Canarias no posee un pasado imperial al que poder resucitar, los nacionalistas canarios se han inspirado en la ecología y en el "estado de naturaleza". Su inspiración se basa en la sana, bucólica y pastoril vida de los primitivos habitantes de las islas: los guanches. 

En el discurso de los nacionalistas canarios se observa la principal seña de identidad de los regímenes totalitarios: La autarquía económica. Se pretende fomentar la "soberanía alimentaria" y el autoconsumo de los productos canarios reduciendo la dependencia exterior (Manifiesto Canarias20). Para ello se ponen barreras arancelarias (AIEM) que benefician a los productores canarios a expensas de todos los consumidores (que representan el interés general). Se subsidian los sectores más tradicionales (agricultura, ganadería, artesanía) mediante un holding de empresas públicas deficitarias (valga la redundancia) que tiene un doble cometido: fomentar los sectores de la economía "tradicional" y comprar los votos de los agraciados: viticultores (Bodegas Insulares Tenerife, SA), ganaderos (Granja Teisol, SL.) y artesanos (Empresa Insular de Artesanía, SA). Este sistema transfiere las rentas de la población urbana a la rural, importante caladero de pesca del voto nacionalista.

La moratoria turística obedece a este nacionalismo ecologista. Hay que evitar que se construyan más hoteles y fomentar el sector primario para que el paisaje no se deteriore aún más. Hay que volver a cultivar los campos abandonados. En la mente obtusa del nacionalista no cabe que un noble campesino canario sustituya las cabras y la guataca -señas de identidad nacional- por la denigrante pajarita de camarero de hotel. La norma arbitraria e intervencionista que impide construir cierto tipo de hoteles en ciertas islas solo obedece a la ceguera ideológica. Ya hay "demasiados" hoteles -dicen los profetas nacionalistas- como si la cantidad óptima les hubiera sido misteriosamente revelada. Y para sustentar sus tesis sólo aportan apocalípticas metáforas: los hoteles "devoran" el territorio y "consumen" el suelo. Esta tropa no atiende a razones, ni respeta la Ley, ni los derechos de propietarios e inversores, ni las preferencias de los consumidores. 

Otra forma de autarquía es la "autosuficiencia energética", propuesta en el V Congreso Nacional de CC. Es una contradicción tratar de impedir la extracción de petróleo y declarar, al mismo tiempo, la autosuficiencia energética, como si Canarias pudiera subsistir exclusivamente con energías renovables. En la sociedad utópica y ecologista de CC, todos deberemos circular en vehículos eléctricos, todas las casas tendrán paneles solares; se prohibirá -bajo severa sanción- el gas butano, la gasolina y el diesel. Y todo se hará a golpe de boletín oficial y velando por el "interés general". Todos deberán plegarse al nacionalismo ecológico y a la ingeniería social por el bien del pueblo canario. Canarias será, sin duda, la "plataforma experimental" donde ensayar el Nacional Ecologismo. Seremos la envidia del mundo, el referente de una nueva sociedad limpia y sostenible. Esta es la ensoñación de los nuevos ingenieros sociales. Es preocupante hallar, a la vez, tanta radicalidad, farfolla y penuria intelectual en los documentos de CC. 

Por último, pondré de relieve otra contradicción de CC que se aprecia en las continuas alusiones (Manifiesto Canarias20) a la internacionalización, liderazgo, globalización, innovación, competitividad, etc. No es posible afirmar lo anterior y a la vez sostener que el "empleo debe ser ocupado en primer lugar por las personas que ya residen en Canarias". Los políticos canarios (todos) ya han conseguido dificultar la llegada de productos foráneos (AIEM), dificultar la entrada de nuevas líneas aéreas en los vuelos interinsulares (Obligaciones de Servicio Público) y ahora sólo falta impedir la llegada de extranjeros que compitan laboralmente con los residentes. Los canarios podrán trabajar en todo el mundo pero los de fuera no podrán trabajar en Canarias, mientras haya un solo canario en paro. Pretenden la autarquía laboral pero, de momento, España y la UE se lo impiden. 

La principal característica del nacionalismo es el uso de la violencia para alcanzar sus fines: todos los individuos habrán de plegarse forzosamente a la realización del proyecto nacionalista. Todo nacionalismo deriva forzosamente en un sistema socialista y totalitario: Hitler, Mussolini y Franco eran nacionalistas y socialistas, de derechas, pero colectivistas al fin y al cabo.  Da pánico imaginar que estos fanáticos enemigos de la libertad, de la propiedad privada y del comercio, pudieran gobernar algún día una Canarias independiente. Sería como para salir corriendo (o volando). Tal vez, el insularismo pueda servir de freno al ansia de poder de esta pandilla de ególatras regionales que sólo buscan poder y dinero ¿Quién iba a decirnos que el pleito insular podría ayudar? Si Canarias se independizara de España, lo único que podría salvarnos de la tiranía sería la inmediata secesión de todas las islas.

Charlie Hebdó y la libertad de expresión

A raíz del atentado terrorista al semanario satírico Charlie Hebdó se suscita en la sociedad el debate sobre si deben existir o no límites a libertad de expresión. En una sociedad libre, un texto, dibujo o imagen no es algo que sea considerado como "acto de agresión". La agresión, entendida como violencia, sólo procede de un acto físico que atente contra la integridad personal o contra la propiedad privada. Es importante distinguir entre lo que pudiera ser una acción inmoral, provocadora u obscena -como una viñeta satírica- de aquella otra que implica violencia física, como un asesinato. Intentaré justificar este criterio de demarcación propio del pensamiento "liberal" y más concretamente de la corriente "anarco-capitalista", que yo comparto plenamente. Es decir, sostengo que dentro de una sociedad libre la conducta de Charlie Hedbó, aunque fuera moralmente reprobable, es legítima, mientras que la acción terrorista no lo es. 

Leo Bassi

La llamada "libertad de expresión" no es otra cosa que el derecho irrestricto a usar la propiedad privada, es decir, el derecho a usar el propio cuerpo (voz, manos, mente) y otros medios (imprenta, papel, tinta, etc.) como mejor convenga.  Ahora bien, es innegable que la libertad de expresión, sin censura, puede ocasionar -y de hecho causa- una ofensa. "Sentirse ofendido" es un estado psicológico subjetivo que difiere de una persona a otra; por ejemplo, las parodias del payaso italiano Leo Bassi ofenden a algunos católicos y a otros no. En segundo lugar, una misma persona puede sentirse más o menos ofendida dependiendo de quien profiera la "ofensa". Como vemos, "sentirse ofendido" es algo tan variable y subjetivo que no proporciona una base jurídica sólida para poder afirmar que hablar, escribir o dibujar pueda ser, stricto sensu, un delito. Desde esta óptica, otras figuras jurídicas como la "injuria", "calumnia" y "blasfemia" dejarían de tener cabida en el código penal. Una primera conclusión es que sin que media agresión física a la persona o a la propiedad no hay delito posible.

Ahora bien, en una sociedad libre ¿de qué forma se castiga algo moralmente reprobable pero que no constituye delito? La sanción debe ser privada. Si una persona ofende a otra, ésta podría retirarle su amistad, ignorarla e incluso devolverle la ofensa. La palabra se combate con la palabra. Ahora bien, cuando el Gobierno pretende legislar sobre la moral o los sentimientos subjetivos de determinados grupos, no solo comete un grave error jurídico sino que vulnera un principio sobre el que se asienta la sociedad abierta: la libertad de expresión, que es una forma específica de ejercer un derecho de propiedad. En este sentido, es preocupante la declaración de Ángeles Carmona, presidente del Observatorio de la Violencia Doméstica y de Género, que sugiere prohibir los piropos que hacen los hombres a las mujeres (al revés nunca es falta) porque -según ella- suponen una "auténtica invasión en la intimidad de la mujer, que hay que erradicar". Semejante dislate sólo puede provenir de la infame ideología de género y de la misandria: el odio al varón. 

Pero volvamos al caso Charlie Hebdó. Si algunos islamistas se ofenden por ciertas viñetas satíricas siempre pueden abstenerse de comprar la revista y además organizarle un boicot "pacífico"; por ejemplo, los ofendidos pueden manifestarse y persuadir a otros consumidores para que no compren el semanario; e incluso podrían recaudar fondos y adquirir la propiedad de la revista para modificar su línea editorial o incluso despedir a todos los dibujantes. Todas estas soluciones privadas son legítimas pues respetan el principio de no agresión (física). Por último, el mercado, a través del mecanismo de precios, ejerce una acción moderadora y disuasoria sobre aquellos que insultan, difaman o son pendencieros. Se trata de un incremento en las primas satisfechas en concepto de seguridad. Si Charlie Hebdó es un medio provocador y está amenazado por ello, sus superiores gastos de seguridad deberían ser sufragados internamente contratando seguridad privada. Si el Gobierno ofrece protección pública, los costes derivados de su conducta se externalizan sobre el conjunto de los contribuyentes.

Sindicatos, huelgas y empresarios

Esta mañana, tras el primer partido de padel del año, un joven amigo me pregunta qué opino de los sindicatos; "es una mafia legalizada cuyo objetivo es conseguir para los empleados condiciones laborales mejores de las que podrían obtener en el libre mercado", le respondo presumiendo de haber leído a Mises, Hayek y Rothbard.

Los sindicatos son organizaciones que benefician a sus afiliados a expensas de que otras personas no tengan trabajo. Así de simple. Los sindicatos crean desempleo pues en ausencia de la coacción sindical, habría más personas trabajando con salarios más bajos que los actuales. A continuación intentaré argumentar por qué la actividad sindical, apoyada mediante privilegios gubernamentales, es manifiestamente antisocial e injusta. Comenzaré analizando lo que ocurre en una huelga. Los trabajadores quieren obtener mejoras laborales (salario, descanso, beneficios, etc.) y organizan la huelga para presionar a la propiedad de la empresa y conseguir que ésta acceda a sus pretensiones. Damos por hecho que las negociaciones pacíficas, caso de haberlas, no han surtido efecto y que el sindicato opta por usar medios violentos.

En primer lugar, dejar de trabajar en un derecho inalienable de toda persona. Nadie, excepto un esclavo, está obligado a seguir trabajando si no lo desea. Pero si un empleado tiene derecho a rescindir unilateralmente su contrato laboral, igual derecho le asiste el empresario. Abandonar la empresa o despedir son las dos caras de la misma moneda, el mismo derecho ejercido desde dos partes distintas. 

El empleado en huelga no cobra el salario correspondiente al trabajo no realizado en su empresa pero es libre, en principio, de optar libremente por: a) formar parte de los piquetes: grupos de vulgares matones que amenazan, rompen y agreden. b) ser un esquirol y trabajar para sí mismo o incluso para un segundo empresario, mientras dure la huelga. Sin embargo, el gobierno prohibe al empresario reemplazar a los huelguistas por nuevos trabajadores, de esta manera la empresa sufre pérdidas económicas y cede ante la presión. Así, a través de una doble coacción -sindical y gubernamental- los empleados obtienen una retribución superior al valor descontado de su productividad marginal. Es decir, cobran más de lo que cobrarían en ausencia de violencia. Algo parecido sucede con la prohibición de UBER en España: decenas de miles de personas podrían trabajar como taxistas amateur ganando pequeñas cantidades de dinero pero la presión de los taxistas "autorizados" sobre el gobierno lo impide. Es incorrecto afirmar, por tanto, que el "mercado laboral" sea rígido, todo lo contrario, la institución Mercado siempre es flexible y dinámica; la rigidez sólo es achacable a la "legislación laboral".

Ahora imaginemos que fuera el empresario -como en la novela La Rebelión de Atlas- el que se pusiera en huelga. Supongan que el patrón cree que su plantilla no rinde lo suficiente y decide cerrar la empresa una semana para que los trabajadores "reflexionen" al respecto. Si la ley fuera igual para ambas partes, los empleados no trabajarían ni cobrarían durante esa semana pero además tampoco serían autorizados a trabajar en ninguna otra empresa, debiendo reincorporarse todos a su trabajo al finalizar la huelga. Nadie podría abandonar la empresa, es decir, nadie podría "despedir" a su patrón. Esto resultaría injusto puesto que si una parte (empresario) incumple el contrato, la otra parte (empleado) debería quedar libre de toda obligación. Con otro sencillo ejemplo tal vez podamos verlo mejor: en una pareja de novios, si una parte decide interrumpir la relación amorosa durante un tiempo, no puede legítimamente impedir que la otra parte inicie otra relación con una tercera persona. Esto es de perogrullo.

Si en lugar de la basura legislativa que vomitan los parlamentos democráticos en forma de mandatos caprichosos tuviésemos una Ley universal, estable, evolutiva, no creada, descubierta, justa y digna de ser respetada; el empresario que sufre una huelga tendría el derecho a reemplazar, temporal o permanentemente, a los huelguistas. La libertad de interrumpir toda relación laboral debe ser irrestricta por ambas partes. Solo la coacción gubernamental, basada en la falaz teoría marxista de la explotación, puede inclinar la balanza en favor de los sindicatos mediante el establecimiento de una legislación laboral arbitraria y antijurídica.

La falacia de la «inversión» pública

Es muy frecuente ver titulares en los medios de comunicación afirmando que tal o cual Administración Pública ha «invertido» cierta cantidad de dinero en una infraestructura, en servicios sociales o en crear empleo, por citar algunos ejemplos. Hoy, intentaremos demostrar que los gobiernos no invierten, solamente gastan. Comenzaremos definiendo cuáles son las características de una verdadera inversión, es decir, la inversión privada. 

En primer lugar, las inversiones son realizadas en la economía con la expectativa de obtener un beneficio monetario sin descartar posibles pérdidas. Toda inversión está sujeta, en mayor o menor medida, al riesgo, que a su vez se mide por el grado de expectativa de ganancia o pérdida para los inversores. 

En el sector público, los políticos y burócratas, supuestos «inversores» que juegan a ser empresarios con el dinero de los demás, están exentos de riesgo ya que nunca soportarán en sus carnes los costes de equivocarse. La diferencia entre un inversor y un político, por tanto, es la existencia o no de responsabilidad económica. El empresario tendrá poderosas razones para asumir riesgos calculados mientras que el político asumirá riesgos superiores e incluso temerarios. Existe, pues, una primera distinción en lo referente a riesgo y responsabilidad. 

En segundo lugar, si el empresario realiza inversiones productivas que benefician a los consumidores obtendrá una ganancia monetaria que se repartirá de forma alícuota entre los accionistas o partícipes ¿pero cuál es la ganancia del "inversor" público? solamente será dineraria en caso de corrupción, ya sabemos, la consabida mordida del 6% para el partido o para el bolsillo del político implicado. El beneficio también puede ser en especie mediante dádivas (inmueble, coche, traje) o por ganancias futuras en forma de cargos de responsabilidad en las empresas privadas que fueron agraciadas con los contratos públicos. La última forma legal de ganancia sería la reelección política.  

En tercer lugar, el inversor utiliza libre y voluntariamente su propio dinero, que ha sido previamente ahorrado, mientras que el político utiliza dinero proveniente de los impuestos, es decir, dinero obtenido mediante la coacción y sin que los ciudadanos puedan elegir en qué, dónde, cuándo y cuánto se invierte. Por tanto, el político no puede satisfacer a los consumidores porque lo primero que hace es privarles de emplear su dinero como mejor les convenga.

La mayoría de los ciudadanos no es consciente del daño que hacen estos «inversores» de pacotilla porque, como decía Frédéric Bastiat, se ve la obra pública construida pero no se ve la riqueza que el sector privado hubiese generado con ese mismo dinero. Sólo en algunos casos palmarios, como el aeropuerto de Castellón, es visible el despilfarro; en otros, como en la construcción del AVE, se intuye que la "inversión" ha sido desproporcionada. 

Por último, debemos entender que las Administraciones Públicas, por idénticas razones, no pueden generar empleo neto. Cada salario pagado con dinero público supondrá, en el mejor de los casos, la pérdida de otros tantos en el sector privado. Los trabajadores útiles de la economía privada serán reemplazados por trabajadores-clientes de los partidos políticos. En conclusión, cuando usted oiga hablar de «inversión pública» recuerde que es mentira: los políticos no invierten, en el mejor de los casos gastan y en el peor derrochan y despilfarran.   

Sobre la imposición de plantillas mínimas en los hoteles

Gloria Gutiérrez

En anteriores artículos ya hemos analizado las consecuencias de la intervención política en la economía y, en particular, en el sector del turismo en Canarias. Vimos el error que supone forzar la renovación de la planta hotelera o la pretensión arrogante de instaurar coactivamente un modelo económico único a toda la sociedad. La última perla intervencionista es la proposición no de ley que el grupo PSC-PSOE ha elevado a la Cámara regional para fijar plantillas mínimas en los hoteles. Creen algunos -como la diputada Gloria Gutiérrez- que es posible reducir el alto desempleo en las islas a golpe de decretazo, al más puro estilo estalinista. Estos indigentes intelectuales -también llamados "sus señorías"- tienen una fe ciega en el voluntarismo y en el poder de la coacción legislativa para obtener sus fines. La fuerza bruta que emana del Boletín Oficial suele ser la alternativa a su incapacidad intelectual o fruto de la ceguera ideológica. 

Según algunos políticos nacionalistas y socialistas (tanto monta, monta tanto), sindicalistas, tertulianos radiofónicos indocumentados e intelectuales de izquierda -entre otros- la plantilla de los hoteles en Canarias es insuficiente y se requeriría aumentar la contratación. Si el número de turistas aumenta cada año -afirman aquellos- pero el empleo no aumenta significa que los hoteleros están explotando a los trabajadores. En la entrada Turismo y empleo en Canarias apunté algunas razones por las cuales esto sucedía. Otra razón bastante manida para justificar la imposición de una plantilla mínima a cada hotel es la calidad. Vamos a ir refutando cada uno de los argumentos intervencionistas.

El primer y más importante motivo para oponernos a esta medida es de tipo ético y jurídico. Toda empresa es una propiedad privada y sólo compete a sus dueños organizar la producción. La regulación económica es inmoral pues viola el derecho natural de propiedad. En su día expliqué por qué los empresarios necesitaban de la filosofía. Ellos asumieron dócilmente las tesis socialistas del interés general, las necesidades colectivas, la función social de la empresa y otras majaderías que se incorporaron al derecho constitucional. Fue una desgracia pues esta perversión de la Ley convirtió a los capitalistas en meros dueños nominales (o jurídicos) de sus negocios. El político arrebató, mediante la legislación, el libre uso económico (ius fruendi) de la propiedad a sus legítimos dueños. El resto de la historia ya la sabemos.

En segundo lugar, los hoteles son sólo una parte del negocio turístico. Muchos otros sectores participan en esta actividad económica: líneas aéreas, cafeterías, restaurantes, coches de alquiler, casas rurales, tiendas de ropa y calzado, perfumerías, supermercados, discotecas, taxis, autobuses, parques acuáticos y de ocio, etc. Resulta arbitrario que se pretenda aumentar el número de camareras de piso en los hoteles y no el número de camareros en los bares.

En tercer lugar tenemos el mito de la calidad. Si queremos un turismo de calidad -afirman algunos- es preciso dar un servicio de calidad a los visitantes y ello pasa, entre otros factores, por disponer de más personal en los hoteles. Aquí sería preciso recordar la teoría subjetiva del valor. En el mercado todas las calidades son buenas para los consumidores. Un hotel con poco personal (y "menos" calidad) no es distinto de otro negocio -digamos un hipermercado- con poco personal. Muchos clientes están dispuestos a recibir un servicio más lento o incluso a no recibirlo a cambio de tarifas más reducidas. Muchos aparthoteles han podido sobrevivir a la crisis precisamente porque tenían la plantilla imprescindible para atender la recepción y poco más. Pocos hoteles hoy en día ofrecen servicio en las habitaciones porque los consumidores no están dispuestos a pagar un sobre coste.   

En cuarto lugar, ¿cómo sabe el órgano planificador cuál es la plantilla "adecuada" de cada hotel? Es posible que algún experto en econometría, utilizando ecuaciones ininteligibles, calcule de forma precisa y objetiva la plantilla óptima de cada establecimiento. La fórmula mágica integraría diversas variables debidamente ponderadas tales como: categoría del hotel, tipo de alojamiento del turista, metros cuadrados construidos, número de instalaciones y servicios, número y calidad de las habitaciones, número de camas,  temporada alta o baja, facturación anual de la empresa, etc. Como es lógico, el gobierno deberá crear un nuevo Cuerpo de Técnicos Inspectores o, en su defecto, una empresa pública que gestione y supervise el nuevo Sistema de Control de Plantilla Hotelera (SCPH). Es decir, más funcionarios y más impuestos.

En quinto lugar, la forma más plausible de regulación de plantilla sería utilizando el método de ensayo y error: el político ensaya y el posible error lo sufren los dueños y empleados del hotel así como sus clientes. Por ejemplo, el gobierno comienza forzando un aumento de plantilla de 5% sobre la plantilla existente y espera a ver si el hotel sobrevive o quiebra. En el primer caso, habremos tenido éxito ya que aumentamos el empleo un 5% a expensas del beneficio empresarial o de las rentas de los restantes factores de producción (tierra y bienes de capital). Suponemos aquí que la ocupación del hotel es constante y que no ha sido posible repercutir los mayores costes de personal en las tarifas del hotel. En el segundo caso (quiebra), habremos fracasado pues el negocio no habrá sido capaz de soportar los costes del incremento de plantilla y todos los trabajadores irán al paro. A priori, implantando la brillante medida podríamos ganar un 5% de empleo frente a una posible pérdida de 100%. 

Jesús Huerta de Soto

¿Cómo reaccionará el mercado frente a la agresión gubernamental? Los inversores tendrán otro motivo más para pensar: "que invierta su puta madre", frase acuñada por mi ilustre profesor D. Jesús Huerta de Soto. ¡Cuánta razón lleva el hombre!. Los inversores abandonarán Canarias o trasladarán sus inversiones a otros sectores de la economía que sean más remunerativos. Pero veamos qué pueden hacer los hoteleros. Si mantenemos la hipótesis anterior de 5% de incremento, los hoteles cuya plantilla se sitúe entre 20 y 39 empleados deberán contratar un trabajador más; entre 40 y 59 empleados, dos más; entre 60 y 79, tres más; y así sucesivamente a razón de un empleado más por cada veinte. Los hoteles con plantilla situada en la zona intermedia, lejos de los límites de corte (20, 40, 60, 80...) podrán seguir llevando su negocio con normalidad. La intervención, de momento, no les afecta. Cuando la plantilla alcance el punto en que ésta sea marginal (19, 39, 59, 79...) el empresario deberá tener en cuenta que, caso de necesitar más mano de obra, serán dos empleados (y no uno) los que deba contratar pues el incremento de 5% le afectará. Algo similar ocurre cuando el gobierno impone servidumbres (por ejemplo, contratación de discapacitados) a las empresas cuando alcanzan un mayor tamaño (50 empleados). En ambos casos el coste marginal de contratación se eleva artificialmente ejerciendo un efecto disuasorio o de resistencia sobre el empleo. Este efecto será directamente proporcional a la intensidad con que el órgano de planificación imponga sus mandatos, en este caso, una plantilla mínima. 

Algunos gerentes buscarán fórmulas para aprovechar al personal excedente sin asumir pérdidas. Por ejemplo, si obligaran al hotel a contratar un cocinero de más podrían emplearlo para vender comida preparada a otros bares y negocios de la zona. Otra solución sería pasar de tener un cocinero a jornada completa a dos cocineros a media jornada, y así repartir el trabajo. Menos rentable, e incluso ilegal, sería emplear al cocinero sobrante en otra función distinta, por ejemplo, en recepción. En general, se produciría trasvase de personal desde los oficios intervenidos hacia los no intervenidos, pero el daño seguiría existiendo.

En conclusión, hemos expuesto el perjuicio que para propietarios, empleados y consumidores supone cualquier injerencia gubernamental sobre la producción de los hoteles. Ni políticos ni funcionarios pueden hacerse con la información necesaria para fijar una plantilla óptima porque aquella surge ex novo, de forma dinámica en los procesos de mercado y sólo está al alcance de los empresarios. Realizar una nueva intervención en el mercado, esta vez fijando plantillas mínimas, sólo ahonda un poco más la tumba donde el gobierno canario entierra a las empresas.

El monopolio de Binter Canarias: un análisis económico

Esta mañana, mientras estudiaba el tratado de Murray N. Rothbard: El Hombre, la Economía y el Estado (capítulo X: El monopolio y la competencia) recibí una llamada telefónica: querían hacerme una encuesta sobre el transporte en Canarias. Queriendo escurrir el bulto, respondí astutamente: "ahora estoy estudiando", pero como si de un acto reflejo se tratara pregunté seguidamente por la identidad del contratante del estudio de mercado; la mujer me respondió escuetamente: Binter Canarias. Súbitamente cambié de opinión y dije a la encuestadora: "Adelante, con mucho gusto responderé a todas sus preguntas". ¡Joder que casualidad! -pensé. No podía dejar pasar la oportunidad de desahogarme y denunciar el insufrible monopolio que padecemos los residentes es las islas (no tan) afortunadas. Para compensar el mejor clima del mundo que disfrutamos los dioses nos castigaron con políticos intervencionistas asesorados por economistas keynesianos. 

Según Rothbard, en el libre mercado no existe posibilidad alguna de monopolio, esta figura sólo puede darse bajo la coacción institucional en forma de privilegio o intervencionismo. Tal es el caso de Binter Canarias, un monopolio sutilmente establecido a la sombra de una legislación tan innecesaria como absurda denominada Obligaciones de Servicio Público. Un monopolio tiende a reducir la producción e incrementar los precios por encima de lo que el libre mercado le permitiría en otras circunstancias no intervenidas. Por este motivo, un vuelo entre islas con Binter puede costar lo mismo o incluso más que otro desde el archipiélago a Madrid, Barcelona o Londres con otra compañía. Esto significa que, en proporción a la distancia recorrida por el avión, Binter es hasta 20 veces más cara que las aerolíneas de bajo coste como Ryan Air, easyJet o Norwegian. Esta es la insólita forma que tienen nuestros "servidores públicos" de mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Pero hoy sólo vamos a estudiar la reacción del mercado ante los precios de monopolio. 

En primer lugar, analizaremos la conducta de aquellos consumidores cuya demanda es muy elástica para precios situados por encima del que fijaría el libre mercado. En nuestro caso, demanda elástica significa que si el precio del billete de avión sube, los consumidores viajarán menos en avión (y viceversa). Estos consumidores son muy sensibles a los cambios de precio. Veamos algunas categorías:

a) Los turistas peninsulares y extranjeros -sin descuento de residente- una vez en Canarias, si desean hacer turismo entre islas, se enfrentan a tarifas prohibitivas (Tenerife-Lanzarote: 92€), incluso superiores a las pagadas para llegar desde ciudades remotas situadas a miles de kilómetros; ¿a que es difícil de entender?. La alternativa para visitar otras islas es dejarlo para el próximo viaje, volando directamente desde sus países de origen. Las islas -las más pequeñas- que poseen menos conexiones aéreas con el continente saldrán perjudicadas y recibirán menos visitas que las islas mejor conectadas. Otra posibilidad viable y económica es viajar a otras islas en barco, sobre todo cuando el trayecto es corto, por ejemplo: Los Cristianos (Tenerife) - San Sebastián de la Gomera ó Playa Blanca (Lanzarote) - Corralejo (Fuerteventura).

b) El segundo grupo lo forman turistas residentes en las islas que, aún teniendo el descuento de residente (50%), por un precio similar o ligeramente superior prefieren viajar a otros destinos continentales antes que hacerlo entre islas. Por ejemplo, prefieren ir a Londres antes que a Fuerteventura. Aquí también se incluye a los turistas canarios que sustituyen el avión por el barco (Fred Olsen y Naviera Armas), mucho más económico y que además permite llevar el vehículo particular.

Existen otros dos grupos cuya demanda es inelástica, es decir, personas que en menor o mayor medida se ven obligados a volar entre islas aunque el precio del billete de avión se vea incrementado. c) El tercer grupo lo componen viajeros de negocios, empleados públicos en comisión de servicio y trabajadores desplazados a otras islas (que vuelven a casa los fines de semana). En función de las circunstancias personales de cada cuál, su demanda será más o menos inelástica. Por ejemplo, las empresas y AAPP pueden reducir la frecuencia de viajes en avión y emplear sustitutivos como la videoconferencia. Estos viajeros presentan un margen de sustitución reducido ya que la utilización del barco puede representar un elevado coste de oportunidad; es decir, si utilizan el barco pueden perder un tiempo laboral más valioso que el ahorro monetario obtenido.

d) El cuarto y último grupo presenta una demanda muy inelástica, se trata de personas que necesariamente aumentarán el gasto en transporte y seguirán volando entre islas a pesar de la subida de tarifas. Aquí podríamos incluir a personas con elevada capacidad adquisitiva, políticos (disparan con pólvora de rey), funcionarios y asalariados cuyos empleadores costean los viajes, pacientes que viajan por imperativo médico o viajeros con fuerte aversión al viaje en barco (mareo).

Henry D. Thoreau

A pesar de la intervención del mercado y de la creación de un monopolio, el mercado siempre busca y encuentra soluciones. Como decía Henry D. Thoreau [1]: "Si el comercio y las industrias no tuvieran la elasticidad del caucho, no alcanzarían jamás a saltar por encima de los obstáculos que los legisladores les están poniendo de continuo por delante". 

En conclusión, frente a la agresión institucional que supone el monopolio, los consumidores podrán reaccionar de estas cuatro maneras: a) absteniéndose de viajar entre islas; b) reduciendo la frecuencia de los viajes entre islas; c) sustituyendo el avión por el barco o por otros medios de relación (videoconferencia); d) asumir la pérdida económica que supone el mayor coste del precio de monopolio. Pero toda intervención del mercado no es neutra, hay ganadores y perdedores. ¿Quiénes ganan? Los políticos y burócratas del Gobierno de Canarias y la empresa monopolística Binter Canarias. ¿Quiénes pierden ? Los consumidores canarios en general, los turistas peninsulares y extranjeros y, especialmente, las economías de las islas menores que reciben menos viajeros. Triste paradoja que las Obligaciones de Servicio Público, creadas en 1998 para "proteger" a los pobrecitos canarios de las "imperfecciones" del libre mercado, sirvan sólo para hundirnos más en la miseria.

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[1] Henry Thoreau. Del deber de la desobediencia civil. Editorial Pi. p. 15