El cuerpo como propiedad privada: un análisis ético

En este artículo intentaré hacer una defensa de la propiedad privada basada en el principio ético de la no agresión al cuerpo de otra persona. Empezaremos la argumentación introduciendo una premisa inicial: el propio cuerpo es la primera propiedad privada que el ser humano posee; no admitirlo nos llevaría al absurdo de que nadie podría disponer de su propio cuerpo, o bien, a la esclavitud: existe un tercero que es el dueño del cuerpo de otro. Por tanto, admitamos prima facie que todos los hombres son libres y que cada cuál es dueño de su propio cuerpo.

Alberto (A), Benito (B) y Camilo (C) son tres enfermos terminales que necesitan urgentemente sendos trasplantes de pulmones, hígado y riñones, respectivamente. Si no son trasplantados pronto morirán todos. Víctor (V) es un cuarto hombre sano. Se realiza una votación y por mayoría A, B y C deciden sacrificar a V para obtener sus órganos sanos y realizar los trasplantes. La mayor utilidad del resultado sería, en este caso, la justificación de la medida adoptada: al fin y al cabo tres vidas son más valiosas que una vida. ¿Por qué entendemos que esta acción es inmoral? porque A, B y C han iniciado la violencia para arrebatar a V su cuerpo, que es su propiedad privada. La primera conclusión obtenida es que la mayor "utilidad" de muchos, algo que habitualmente llamamos "interés general", no justifica violar la propiedad privada de un solo hombre. En primer lugar, no existe una unidad de medida que nos permita comparar utilidades interpersonales; y aunque la hubiera, matar a V y extraer sus órganos en beneficio de A, B y C sería igualmente inmoral. Tampoco sería admisible sacrificar a V apelando a otro tipo de razones como la edad, parentesco, sexo o importancia social de los personajes en escena. ¿Y qué ocurriría si el Parlamento de la nación, elegido democráticamente, promulgara una ley que autorizara disponer del cuerpo de V? Entendemos que la legislación, per se, pueda modificar la moralidad del hecho en cuestión. Siempre han existido leyes inmorales. Y como decía Tácito: "cuanto más corrupto es el Estado, más leyes tiene".

Supongamos ahora que A, B y C reducen su nivel de violencia y deciden "solamente" extirpar un pulmón, medio hígado y un riñón de V para que los cuatro puedan vivir. Además, cada uno de ellos pagará a V, a modo de compensación, un millón de euros por la expropiación forzosa de sus órganos. En este caso, aún siendo menor la agresión, la inmoralidad del acto permanece pues V es forzado a realizar un intercambio no consentido. Da igual que sea un particular o el Estado el que viole el cuerpo de V, entendido como su propiedad exclusiva. Hasta este momento de nuestro razonamiento, solamente un psicópata, discreparía de nuestra conclusión: en ningún caso es ético violar el cuerpo de una persona porque su cuerpo es su propiedad privada y a nadie, excepto a su dueño, le corresponde decidir su uso.

En el derecho romano, la propiedad incluye tres derechos: a) ius utendi o derecho de uso; b) ius fruendi o derecho a obtener sus frutos; y c) ius abutendi o derecho de abuso sobre la propiedad. En lo que respecta al propio cuerpo, esto significa que podemos legítimamente usar nuestro cuerpo con libertad, obtener los frutos de nuestro trabajo o incluso abusar de nuestro cuerpo flagelándonos o consumiendo drogas. Si tenemos una vivienda, podemos usarla directamente, alquilarla o incluso abandonarla hasta que sea una ruina. Si tenemos dinero, podemos gastarlo juiciosamente, prestarlo para obtener una renta o dilapidarlo en los juegos de azar. Todas estas acciones son éticamente permisibles siempre y cuando no inicien la violencia contra otras personas o contra sus propiedades privadas. Como decía Lysander Spooner: "los vicios no son crímenes". Prohibir el consumo de ciertas sustancias, la homosexualidad o la prostitución -libre y consentida- entre adultos significa una violación del derecho a decidir sobre el propio cuerpo. O como dice Antonio Escohotado: "de la piel para dentro mando yo". De igual modo, la donación de órganos o incluso su intercambio comercial, hecho de forma voluntaria, es perfectamente ético desde esta óptica.

Desde la ética de la propiedad privada ¿cómo sería visto el servicio militar obligatorio? Si el propio cuerpo es una propiedad privada, el Estado dispone, durante un periodo, del uso (ius utendi) y los frutos del trabajo (ius fruendi) de esa propiedad: el cuerpo del conscripto. El Estado no solo viola la libertad del individuo sino que le impide obtener el producto de su trabajo durante el tiempo que está en filas. El coste de oportunidad es lo que el ciudadano pierde cuando es reclutado a la fuerza y deja de estudiar o trabajar y, en su caso, mantener a su familia. Evidentemente, un militar profesional que accede voluntariamente al Ejército está ejerciendo íntegramente su derecho de propiedad. Por tanto, la conscripción no deja de ser una modalidad de esclavitud temporal donde el Estado es el amo que se apropia del derecho de uso del cuerpo del esclavo. Eso sí, todo amparado por la legislación. En caso de guerra, esta violación se vuelve más intensa pues el Estado puede abusar (ius abutendi) del cuerpo del militar causándole indirectamente la muerte o la invalidez.

En conclusión, hemos visto que ni una supuesta mayor "utilidad" basada en el número, el intercambio forzoso o el criterio de legalidad pueden modificar la condena ética que supone violar el cuerpo de otra persona. Si no es admisible que A, B y C dispongan del cuerpo de V, tampoco lo es que un conjunto de personas D, E, F, etc. que actúan al frente del Estado, dicten mandatos que afecten al libre uso del cuerpo como propiedad privada, ya sea en forma de restricciones, prohibiciones o servidumbres.

¿Es peligrosa la deflación?

Escucho esta mañana en la radio a dos antiguos compañeros de colegio, economistas de profesión, alertando sobre la "peligrosa" deflación. Entendemos por deflación la bajada de los precios resultante de cambios en la relación monetaria. Para entendernos, los precios bajan por dos motivos: a) Se reduce la oferta de dinero, es decir, aumentan los saldos de tesorería de los consumidores; la gente, por así decirlo, "atesora" una mayor cantidad de dinero y reduce su consumo. Por ejemplo, una persona decide no irse de vacaciones para liquidar una deuda. b) Aumenta la productividad y los empresarios pueden ofrecer a los consumidores productos más baratos y eficientes. Por ejemplo, una empresa se traslada de España a China y puede fabricar teléfonos móviles más baratos. Los precios bajarán en proporción a la mayor demanda (por retención) de dinero y a la mayor productividad de las empresas. Estos dos factores, pueden sumarse o contrarrestarse mutuamente. Es posible que los precios se estabilicen si a) aumenta y b) disminuye en igual proporción.

La mayoría de economistas -mainstream- sostiene, según la tesis de John Maynard Keynes (Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, 1936), que la deflación perjudica a la economía, a saber, se reduce el consumo y aumenta el desempleo. Según los keynesianos, las crisis cíclicas de la economía pueden mitigarse si el gobierno interviene oportuna y convenientemente. Es decir, los políticos pueden conjurar la crisis si aplican "medidas anticíclicas" tales como los "estímulos económicos". Un buen ejemplo de "estímulo" fue el ruinoso Plan "E" del gobierno de Zapatero o pócima keynesiana cuyo resultado fue rematar al enfermo. Por fortuna, cada día quedan menos defensores -como Paul Krugman- de Lord Keynes y cobra fuerza la tesis de los economistas de la Escuela Austriaca de Economía: Mises, Hayek, Rothbard y Huerta de Soto, por citar los más relevantes. Estos autores opinan que la causa del ciclo económico es de origen monetario: la inflación causada por el gobierno (a través del Banco Central) que aumenta la masa monetaria y por la expansión artificial del crédito que provoca la Banca Privada (orquestada por el Banco Central). Ambos fenómenos tienen el mismo efecto: un cambio acelerado en la relación monetaria que desajusta la estructura del capital. Ahora veamos por qué la deflación, lejos de ser peligrosa, tiene efectos deseables:

Jesús Huerta de Soto

1. La deflación forma parte de la "purga de errores" cometidos durante la primera fase del cliclo económico: auge o expansión monetaria que ocasiona las consabidas "burbujas". La recesión económica, como dice el profesor Huerta de Soto, es la resaca que llega inevitablemente después de la borrachera de crédito artificial (que no es producto de ahorro genuino). La deflación es la reacción del mercado para que los precios inflados vuelvan a la "normalidad" (es una forma de hablar ya que no hay precios "normales"). Por ejemplo, si durante la burbuja inmobiliaria los precios de la vivienda subían anormalmente 12% anual, es inevitable que durante la recesión se haga el ajuste en sentido contrario. Lo malo -como afirma Rothbard- es que tanto inflación como deflación no son neutras, o sea, benefician a unos y perjudican a otros. La subida de precios beneficia a los que venden y perjudica a los que compran; y viceversa.

2. La deflación compensa los desajustes ocasionados por la inflación. Esto es especialmente cierto con aquellas personas que tienen ingresos fijos: asalariados, funcionarios y pensionistas. Cuando los precios subían en mayor cuantía que su ingreso perdían capacidad adquisitiva pero con la deflación sucede al revés: pueden comprar más bienes con el mismo dinero. Los vendedores, durante el auge, ganan más dinero y durante la recesión ganan menos dinero o incluso sufren pérdidas. Por tanto, la subida o bajada de precios no afecta por igual a todos los agentes económicos. La deflación sanea, por tanto, los nocivos efectos producidos por la inflación.      

3. La deflación no puede causar desempleo. Esto es más difícil de ver. Supongamos que Repsol, como consecuencia de la caída de los precios del crudo, se ve obligada a reducir los salarios de sus trabajadores. Si durante la fase de auge (vacas gordas) los salarios suben, por igual motivo, también deberían bajar durante la recesión (vacas flacas). Pero ¿cuál es el problema? que muchos convenios colectivos no permiten este ajuste y el despido es la única solución. Esta ha sido la gran tragedia de España y la causante de tres millones de parados más. Si el mercado laboral fuese completamente libre no habría desempleo involuntario, es decir, todos aquellos dispuestos a trabajar tendrían un empleo. Por tanto, sólo la rigidez salarial provocada por sindicatos y gobierno es la causante del desempleo masivo que se produce durante la fase deflacionaria. Pero vayamos más lejos, supongamos que Repsol debe despedir, en todo caso, 1.000 trabajadores ¿dónde se colocarán? El mercado los podrá situar en otros sectores de la economía; con la gasolina más barata, las empresas de transporte podrán ampliar sus operaciones y necesitarán contratar más personal. Los consumidores también dispondrán de un dinero extra en sus bolsillos para gastarlo en consumo: comida, bares, ropa, ocio, servicios, etc. Por tanto, la deflación puede provocar el trasvase de trabajadores de un sector a otro de la economía e incluso la reducción de los salarios pero, si el mercado no es interferido, no puede provocar desempleo neto.

Contra el Estado autonómico

Es un principio de la ciencia política que un gobierno, ceteris paribus, mejora cuando se descentraliza, o sea, cuando la toma de decisiones está más próxima a los ciudadanos. Desde esta óptica, el proceso de descentralización autonómica española de 1978 supuso un avance teórico en el modelo de Estado. Y digo teórico porque no me cabe la menor duda de que el Estado autonómico, diseñado para dar satisfacción política a vascos y catalanes, ha sido un error histórico monumental. Nadie pensó, en su día, que las autonomías se convertirían en diecisiete Leviatanes que crecerían hasta convertirse en una de las peores cleptocracias conocidas. Cleptocracia es el gobierno de los ladrones. La creación, en 1978, de un cuarto nivel administrativo ha resultado un fiasco en toda regla y un perjuicio neto para los españoles que han visto mermadas su libertad y su renta.

En primer lugar, la reducción de la libertad individual es debida a la facultad legislativa de las regiones. Los diecisiete parlamentos autonómicos (más Ceuta y Melilla), con 1.218 diputados autonómicos -por desgracia, gente trabajadora- no cesan de vomitar basura legislativa. Se legisla de forma sectaria, arbitraria y a golpe de ocurrencia o capricho. Una desgracia. El deterioro de la Ley (en mayúscula) ha sido brutal. La consecuencia de tanta intervención y regulación es que los ciudadanos, para poder alcanzar sus fines, se acostumbran a incumplir la ley o a buscar subterfugios, trampas o favores de los políticos y funcionarios. Otra grave consecuencia es la parálisis económica. No hay desarrollo porque el coste derivado de la regulación es muy alto. Además, la legislación (al contrario que la Ley) no es estable y provoca inseguridad jurídica, algo que ahuyenta a los inversores. Más leyes y normas significa, en realidad, mayor dependencia de quien otorga las licencias y permisos. Ya lo decía Tácito: "Cuanto más corrupto es el Estado, más leyes tiene".   

En segundo lugar, el crecimiento de las autonomías ha ido mermando poco a poco, hasta dejar exangüe, el bolsillo del contribuyente. Según Javier Sevillano, entre 1987 y 2013, las autonomías multiplicaron por 4,35 sus funcionarios, pasando de 363.900 a 1.585.500. Pero además, los funcionarios autonómicos son, de media, más onerosos que los de la Administración General del Estado. 

Echando la vista atrás, en lugar de crear autonomías, hubiera sido preferible descentralizar el Estado hacia las provincias, islas y municipios, manteniendo los tres niveles administrativos. Por ejemplo, Suiza es un país altamente descentralizado en lo político (especialmente a nivel municipal) pero los suizos solo deben sufragar tres niveles gubernamentales (federal, cantonal y comunal) frente a los cinco (europeo, central, autonómico, provincial-insular y municipal) de los españoles. A mayor lastre político y funcionarial, menor producción económica y menor nivel de vida.

Por último, el tercer gran problema de las autonomías ha sido su vocación centralizadora. Los gobernantes autonómicos, con su política de "café para todos", han sembrado la discordia entre las diputaciones, cabildos y ayuntamientos. En Canarias, donde cada isla tiene problemas singulares, la egolatría de los nacionalistas ha beneficiado a los habitantes de unas islas a expensas del resto. La tan absurda como innecesaria ley de Obligaciones de Servicio Público no sólo ha impedido la entrada de Ryan Air en el mercado interinsular, además ha supuesto sotto voce el monopolio de la aerolínea Binter Canarias. El resultado está a la vista: tarifas escandalosas que empobrecen a los consumidores y que perjudica, en mayor medida, la economía de las islas menores. Otro ejemplo, la moratoria turística, fruto del nuevo nacional ecologismo que practica Coalición Canaria, sigue perjudicando a los propietarios de tierras, inversores, empresarios, trabajadores y consumidores. La moratoria perjudica a todas las islas pero, relativamente, a unas más que otras, por ello, no es de extrañar que en Gran Canaria surjan voces proponiendo el abandono de la Autonomía. El archipiélago podría seguir desarrollándose si no fuera por el corsé económico que supone el intervencionismo. Pero vayamos aún más lejos. Imaginemos siete islas compitiendo entre sí por atraer residentes, inversores y turistas, y no lo que tenemos ahora: un "solo pueblo" económicamente deprimido, cuyo gobierno festeja la salida de la multinacional Repsol y promueve la autarquía económica. 

Nacionalismo canario y autarquía

En los últimos años Coalición Canaria (CC), al igual que nacionalistas vascos, catalanes y gallegos, ha ido avanzando en su proyecto soberanista, aspiración legítima que yo respeto. La cuestión, a mi entender, no es si nos gobiernan desde Madrid o desde Canarias, lo importante es que estemos "poco" gobernados; como decía R. W. Emerson: "cuanto menor el gobierno, mejor". Por eso CC me parece más peligrosa que otros partidos, porque los nacionalistas quieren gobernar con mayor intensidad. Y las leyes sirven para imponer o prohibir. Todo aumento legislativo, algo que lamentablemente mide la "productividad" de los políticos, significa menos libertad individual y más confiscación de la riqueza.

Todo nacionalismo busca el ideal de sociedad en un pasado mítico, glorioso e idealizado: Platón identificó la mejor forma estatal en las antiguas aristocracias tribales de Esparta y Creta, Mussolini quería resucitar el Imperio Romano, Hitler quería instaurar un régimen nacional socialista que durara 1.000 años y Franco definía España como "unidad de destino en lo universal". Como Canarias no posee un pasado imperial al que poder resucitar, los nacionalistas canarios se han inspirado en la ecología y en el "estado de naturaleza". Su inspiración se basa en la sana, bucólica y pastoril vida de los primitivos habitantes de las islas: los guanches. 

En el discurso de los nacionalistas canarios se observa la principal seña de identidad de los regímenes totalitarios: La autarquía económica. Se pretende fomentar la "soberanía alimentaria" y el autoconsumo de los productos canarios reduciendo la dependencia exterior (Manifiesto Canarias20). Para ello se ponen barreras arancelarias (AIEM) que benefician a los productores canarios a expensas de todos los consumidores (que representan el interés general). Se subsidian los sectores más tradicionales (agricultura, ganadería, artesanía) mediante un holding de empresas públicas deficitarias (valga la redundancia) que tiene un doble cometido: fomentar los sectores de la economía "tradicional" y comprar los votos de los agraciados: viticultores (Bodegas Insulares Tenerife, SA), ganaderos (Granja Teisol, SL.) y artesanos (Empresa Insular de Artesanía, SA). Este sistema transfiere las rentas de la población urbana a la rural, importante caladero de pesca del voto nacionalista.

La moratoria turística obedece a este nacionalismo ecologista. Hay que evitar que se construyan más hoteles y fomentar el sector primario para que el paisaje no se deteriore aún más. Hay que volver a cultivar los campos abandonados. En la mente obtusa del nacionalista no cabe que un noble campesino canario sustituya las cabras y la guataca -señas de identidad nacional- por la denigrante pajarita de camarero de hotel. La norma arbitraria e intervencionista que impide construir cierto tipo de hoteles en ciertas islas solo obedece a la ceguera ideológica. Ya hay "demasiados" hoteles -dicen los profetas nacionalistas- como si la cantidad óptima les hubiera sido misteriosamente revelada. Y para sustentar sus tesis sólo aportan apocalípticas metáforas: los hoteles "devoran" el territorio y "consumen" el suelo. Esta tropa no atiende a razones, ni respeta la Ley, ni los derechos de propietarios e inversores, ni las preferencias de los consumidores. 

Otra forma de autarquía es la "autosuficiencia energética", propuesta en el V Congreso Nacional de CC. Es una contradicción tratar de impedir la extracción de petróleo y declarar, al mismo tiempo, la autosuficiencia energética, como si Canarias pudiera subsistir exclusivamente con energías renovables. En la sociedad utópica y ecologista de CC, todos deberemos circular en vehículos eléctricos, todas las casas tendrán paneles solares; se prohibirá -bajo severa sanción- el gas butano, la gasolina y el diesel. Y todo se hará a golpe de boletín oficial y velando por el "interés general". Todos deberán plegarse al nacionalismo ecológico y a la ingeniería social por el bien del pueblo canario. Canarias será, sin duda, la "plataforma experimental" donde ensayar el Nacional Ecologismo. Seremos la envidia del mundo, el referente de una nueva sociedad limpia y sostenible. Esta es la ensoñación de los nuevos ingenieros sociales. Es preocupante hallar, a la vez, tanta radicalidad, farfolla y penuria intelectual en los documentos de CC. 

Por último, pondré de relieve otra contradicción de CC que se aprecia en las continuas alusiones (Manifiesto Canarias20) a la internacionalización, liderazgo, globalización, innovación, competitividad, etc. No es posible afirmar lo anterior y a la vez sostener que el "empleo debe ser ocupado en primer lugar por las personas que ya residen en Canarias". Los políticos canarios (todos) ya han conseguido dificultar la llegada de productos foráneos (AIEM), dificultar la entrada de nuevas líneas aéreas en los vuelos interinsulares (Obligaciones de Servicio Público) y ahora sólo falta impedir la llegada de extranjeros que compitan laboralmente con los residentes. Los canarios podrán trabajar en todo el mundo pero los de fuera no podrán trabajar en Canarias, mientras haya un solo canario en paro. Pretenden la autarquía laboral pero, de momento, España y la UE se lo impiden. 

La principal característica del nacionalismo es el uso de la violencia para alcanzar sus fines: todos los individuos habrán de plegarse forzosamente a la realización del proyecto nacionalista. Todo nacionalismo deriva forzosamente en un sistema socialista y totalitario: Hitler, Mussolini y Franco eran nacionalistas y socialistas, de derechas, pero colectivistas al fin y al cabo.  Da pánico imaginar que estos fanáticos enemigos de la libertad, de la propiedad privada y del comercio, pudieran gobernar algún día una Canarias independiente. Sería como para salir corriendo (o volando). Tal vez, el insularismo pueda servir de freno al ansia de poder de esta pandilla de ególatras regionales que sólo buscan poder y dinero ¿Quién iba a decirnos que el pleito insular podría ayudar? Si Canarias se independizara de España, lo único que podría salvarnos de la tiranía sería la inmediata secesión de todas las islas.

Charlie Hebdó y la libertad de expresión

A raíz del atentado terrorista al semanario satírico Charlie Hebdó se suscita en la sociedad el debate sobre si deben existir o no límites a libertad de expresión. En una sociedad libre, un texto, dibujo o imagen no es algo que sea considerado como "acto de agresión". La agresión, entendida como violencia, sólo procede de un acto físico que atente contra la integridad personal o contra la propiedad privada. Es importante distinguir entre lo que pudiera ser una acción inmoral, provocadora u obscena -como una viñeta satírica- de aquella otra que implica violencia física, como un asesinato. Intentaré justificar este criterio de demarcación propio del pensamiento "liberal" y más concretamente de la corriente "anarco-capitalista", que yo comparto plenamente. Es decir, sostengo que dentro de una sociedad libre la conducta de Charlie Hedbó, aunque fuera moralmente reprobable, es legítima, mientras que la acción terrorista no lo es. 

Leo Bassi

La llamada "libertad de expresión" no es otra cosa que el derecho irrestricto a usar la propiedad privada, es decir, el derecho a usar el propio cuerpo (voz, manos, mente) y otros medios (imprenta, papel, tinta, etc.) como mejor convenga.  Ahora bien, es innegable que la libertad de expresión, sin censura, puede ocasionar -y de hecho causa- una ofensa. "Sentirse ofendido" es un estado psicológico subjetivo que difiere de una persona a otra; por ejemplo, las parodias del payaso italiano Leo Bassi ofenden a algunos católicos y a otros no. En segundo lugar, una misma persona puede sentirse más o menos ofendida dependiendo de quien profiera la "ofensa". Como vemos, "sentirse ofendido" es algo tan variable y subjetivo que no proporciona una base jurídica sólida para poder afirmar que hablar, escribir o dibujar pueda ser, stricto sensu, un delito. Desde esta óptica, otras figuras jurídicas como la "injuria", "calumnia" y "blasfemia" dejarían de tener cabida en el código penal. Una primera conclusión es que sin que media agresión física a la persona o a la propiedad no hay delito posible.

Ahora bien, en una sociedad libre ¿de qué forma se castiga algo moralmente reprobable pero que no constituye delito? La sanción debe ser privada. Si una persona ofende a otra, ésta podría retirarle su amistad, ignorarla e incluso devolverle la ofensa. La palabra se combate con la palabra. Ahora bien, cuando el Gobierno pretende legislar sobre la moral o los sentimientos subjetivos de determinados grupos, no solo comete un grave error jurídico sino que vulnera un principio sobre el que se asienta la sociedad abierta: la libertad de expresión, que es una forma específica de ejercer un derecho de propiedad. En este sentido, es preocupante la declaración de Ángeles Carmona, presidente del Observatorio de la Violencia Doméstica y de Género, que sugiere prohibir los piropos que hacen los hombres a las mujeres (al revés nunca es falta) porque -según ella- suponen una "auténtica invasión en la intimidad de la mujer, que hay que erradicar". Semejante dislate sólo puede provenir de la infame ideología de género y de la misandria: el odio al varón. 

Pero volvamos al caso Charlie Hebdó. Si algunos islamistas se ofenden por ciertas viñetas satíricas siempre pueden abstenerse de comprar la revista y además organizarle un boicot "pacífico"; por ejemplo, los ofendidos pueden manifestarse y persuadir a otros consumidores para que no compren el semanario; e incluso podrían recaudar fondos y adquirir la propiedad de la revista para modificar su línea editorial o incluso despedir a todos los dibujantes. Todas estas soluciones privadas son legítimas pues respetan el principio de no agresión (física). Por último, el mercado, a través del mecanismo de precios, ejerce una acción moderadora y disuasoria sobre aquellos que insultan, difaman o son pendencieros. Se trata de un incremento en las primas satisfechas en concepto de seguridad. Si Charlie Hebdó es un medio provocador y está amenazado por ello, sus superiores gastos de seguridad deberían ser sufragados internamente contratando seguridad privada. Si el Gobierno ofrece protección pública, los costes derivados de su conducta se externalizan sobre el conjunto de los contribuyentes.

Sindicatos, huelgas y empresarios

Esta mañana, tras el primer partido de padel del año, un joven amigo me pregunta qué opino de los sindicatos; "es una mafia legalizada cuyo objetivo es conseguir para los empleados condiciones laborales mejores de las que podrían obtener en el libre mercado", le respondo presumiendo de haber leído a Mises, Hayek y Rothbard.

Los sindicatos son organizaciones que benefician a sus afiliados a expensas de que otras personas no tengan trabajo. Así de simple. Los sindicatos crean desempleo pues en ausencia de la coacción sindical, habría más personas trabajando con salarios más bajos que los actuales. A continuación intentaré argumentar por qué la actividad sindical, apoyada mediante privilegios gubernamentales, es manifiestamente antisocial e injusta. Comenzaré analizando lo que ocurre en una huelga. Los trabajadores quieren obtener mejoras laborales (salario, descanso, beneficios, etc.) y organizan la huelga para presionar a la propiedad de la empresa y conseguir que ésta acceda a sus pretensiones. Damos por hecho que las negociaciones pacíficas, caso de haberlas, no han surtido efecto y que el sindicato opta por usar medios violentos.

En primer lugar, dejar de trabajar en un derecho inalienable de toda persona. Nadie, excepto un esclavo, está obligado a seguir trabajando si no lo desea. Pero si un empleado tiene derecho a rescindir unilateralmente su contrato laboral, igual derecho le asiste el empresario. Abandonar la empresa o despedir son las dos caras de la misma moneda, el mismo derecho ejercido desde dos partes distintas. 

El empleado en huelga no cobra el salario correspondiente al trabajo no realizado en su empresa pero es libre, en principio, de optar libremente por: a) formar parte de los piquetes: grupos de vulgares matones que amenazan, rompen y agreden. b) ser un esquirol y trabajar para sí mismo o incluso para un segundo empresario, mientras dure la huelga. Sin embargo, el gobierno prohibe al empresario reemplazar a los huelguistas por nuevos trabajadores, de esta manera la empresa sufre pérdidas económicas y cede ante la presión. Así, a través de una doble coacción -sindical y gubernamental- los empleados obtienen una retribución superior al valor descontado de su productividad marginal. Es decir, cobran más de lo que cobrarían en ausencia de violencia. Algo parecido sucede con la prohibición de UBER en España: decenas de miles de personas podrían trabajar como taxistas amateur ganando pequeñas cantidades de dinero pero la presión de los taxistas "autorizados" sobre el gobierno lo impide. Es incorrecto afirmar, por tanto, que el "mercado laboral" sea rígido, todo lo contrario, la institución Mercado siempre es flexible y dinámica; la rigidez sólo es achacable a la "legislación laboral".

Ahora imaginemos que fuera el empresario -como en la novela La Rebelión de Atlas- el que se pusiera en huelga. Supongan que el patrón cree que su plantilla no rinde lo suficiente y decide cerrar la empresa una semana para que los trabajadores "reflexionen" al respecto. Si la ley fuera igual para ambas partes, los empleados no trabajarían ni cobrarían durante esa semana pero además tampoco serían autorizados a trabajar en ninguna otra empresa, debiendo reincorporarse todos a su trabajo al finalizar la huelga. Nadie podría abandonar la empresa, es decir, nadie podría "despedir" a su patrón. Esto resultaría injusto puesto que si una parte (empresario) incumple el contrato, la otra parte (empleado) debería quedar libre de toda obligación. Con otro sencillo ejemplo tal vez podamos verlo mejor: en una pareja de novios, si una parte decide interrumpir la relación amorosa durante un tiempo, no puede legítimamente impedir que la otra parte inicie otra relación con una tercera persona. Esto es de perogrullo.

Si en lugar de la basura legislativa que vomitan los parlamentos democráticos en forma de mandatos caprichosos tuviésemos una Ley universal, estable, evolutiva, no creada, descubierta, justa y digna de ser respetada; el empresario que sufre una huelga tendría el derecho a reemplazar, temporal o permanentemente, a los huelguistas. La libertad de interrumpir toda relación laboral debe ser irrestricta por ambas partes. Solo la coacción gubernamental, basada en la falaz teoría marxista de la explotación, puede inclinar la balanza en favor de los sindicatos mediante el establecimiento de una legislación laboral arbitraria y antijurídica.

La falacia de la «inversión» pública

Es muy frecuente ver titulares en los medios de comunicación afirmando que tal o cual Administración Pública ha «invertido» cierta cantidad de dinero en una infraestructura, en servicios sociales o en crear empleo, por citar algunos ejemplos. Hoy, intentaremos demostrar que los gobiernos no invierten, solamente gastan. Comenzaremos definiendo cuáles son las características de una verdadera inversión, es decir, la inversión privada. 

En primer lugar, las inversiones son realizadas en la economía con la expectativa de obtener un beneficio monetario sin descartar posibles pérdidas. Toda inversión está sujeta, en mayor o menor medida, al riesgo, que a su vez se mide por el grado de expectativa de ganancia o pérdida para los inversores. 

En el sector público, los políticos y burócratas, supuestos «inversores» que juegan a ser empresarios con el dinero de los demás, están exentos de riesgo ya que nunca soportarán en sus carnes los costes de equivocarse. La diferencia entre un inversor y un político, por tanto, es la existencia o no de responsabilidad económica. El empresario tendrá poderosas razones para asumir riesgos calculados mientras que el político asumirá riesgos superiores e incluso temerarios. Existe, pues, una primera distinción en lo referente a riesgo y responsabilidad. 

En segundo lugar, si el empresario realiza inversiones productivas que benefician a los consumidores obtendrá una ganancia monetaria que se repartirá de forma alícuota entre los accionistas o partícipes ¿pero cuál es la ganancia del "inversor" público? solamente será dineraria en caso de corrupción, ya sabemos, la consabida mordida del 6% para el partido o para el bolsillo del político implicado. El beneficio también puede ser en especie mediante dádivas (inmueble, coche, traje) o por ganancias futuras en forma de cargos de responsabilidad en las empresas privadas que fueron agraciadas con los contratos públicos. La última forma legal de ganancia sería la reelección política.  

En tercer lugar, el inversor utiliza libre y voluntariamente su propio dinero, que ha sido previamente ahorrado, mientras que el político utiliza dinero proveniente de los impuestos, es decir, dinero obtenido mediante la coacción y sin que los ciudadanos puedan elegir en qué, dónde, cuándo y cuánto se invierte. Por tanto, el político no puede satisfacer a los consumidores porque lo primero que hace es privarles de emplear su dinero como mejor les convenga.

La mayoría de los ciudadanos no es consciente del daño que hacen estos «inversores» de pacotilla porque, como decía Frédéric Bastiat, se ve la obra pública construida pero no se ve la riqueza que el sector privado hubiese generado con ese mismo dinero. Sólo en algunos casos palmarios, como el aeropuerto de Castellón, es visible el despilfarro; en otros, como en la construcción del AVE, se intuye que la "inversión" ha sido desproporcionada. 

Por último, debemos entender que las Administraciones Públicas, por idénticas razones, no pueden generar empleo neto. Cada salario pagado con dinero público supondrá, en el mejor de los casos, la pérdida de otros tantos en el sector privado. Los trabajadores útiles de la economía privada serán reemplazados por trabajadores-clientes de los partidos políticos. En conclusión, cuando usted oiga hablar de «inversión pública» recuerde que es mentira: los políticos no invierten, en el mejor de los casos gastan y en el peor derrochan y despilfarran.