Contra el impuesto progresivo

Hoy voy a escribir en contra del impuesto progresivo e intentaré señalar por qué es perjudicial para la sociedad en su conjunto. Comenzaré afirmando sin ambages que todo impuesto, del tipo que sea y por pequeño que sea, constituye un robo de la propiedad privada. Toda exacción es una agresión institucional al individuo basada en un supuesto derecho de cobro por los servicios públicos que presta el gobierno. La legitimidad del impuesto se sustenta en un frágil e imaginario «contrato social» que todavía nadie ha visto ni firmado. 

El impuesto sobre la renta se remonta a 1799 (William Pitt «El Jóven», Inglaterra) y se popularizó a partir del nacimiento del Estado social, a finales del siglo XIX. En menos de 20 años, doce países (Japón 1887, Alemania 1891, Nueva Zelanda 1891, Canadá 1892, Holanda 1892, Italia 1894, Austria 1896, Suecia 1897, Dinamarca 1903, Noruega 1905, Francia en 1909 y EEUU 1914) introdujeron este impuesto, aunque el tipo marginal nunca superó el 10% (excepto Italia, que era 20%). El aumento de la confiscación se debió, principalmente, a las necesidades de los gobiernos para financiar las guerras y el sostenimiento del Estado social. 

El impuesto más simple y menos lesivo es el de capitación: todos los individuos señalados por el gobierno pagan una misma cantidad, al margen de su renta. Un segundo tipo es el impuesto proporcional que grava la renta con un tipo marginal único; es el llamado flat tax. Esto no significa que todos paguen lo mismo pues el 10% de 1.000€ no es la misma cantidad que el 10% de 10.000€. Aunque existe una fiscalidad «plana» todos los contribuyentes pagan cantidades distintas. Este sistema, admitido generalmente en la sociedad como justo, obedece al principio fiscal de «capacidad de pago», en línea con la infame regla marxista que reza: «De cada cuál según su capacidad». Nadie en el libre mercado aplica esta regla. Sólo en contadas ocasiones, los proveedores cobran una tarifa superior a quienes tienen mayor renta y si estos no están conformes se van a la competencia. Nadie sensato admitiría que a la salida del supermercado o del bar le pidieran su nivel de renta para aplicar un cobro «progresivo». Es curioso cómo en la mente humana pueden cohabitar amigablemente dos formas distintas de entender la justicia.

En el impuesto progresivo, la tasa progresa conforme lo hace el objeto imponible (renta). Por ejemplo, el que gana 1.000€ paga 10%, el que gana 2.000€ paga 20% y así sucesivamente hasta fundir los plomos a los que más ganan, tal y como sugerían Marx y Engels en el decálogo de medidas del Manifiesto Comunista, en 1848.

Hecha esta breve introducción, describiré los daños que ocasiona el impuesto progresivo a la sociedad. Primero, se trata de un impuesto antisocial pues la escala de gravamen actúa como una escalera donde cada peldaño es un obstáculo para el progreso de los más aptos y el descenso de los menos aptos. Recordemos que, en el libre mercado, el éxito económico lo obtienen aquellos que mejor han servido los intereses de los consumidores. Si la renta de un cirujano es 10 veces la renta de un enfermero es porque el primero rinde a los consumidores servicios de mayor valor que el segundo. Penalizar al más productivo, que es quien mejor sirve los intereses de la sociedad, es una medida claramente antisocial pues se opone a los deseos del público, expresados en el plebiscito diario del mercado y conducido por el sistema de precios. 

Alberto Benegas Lynch (h)

En segundo lugar, el impuesto progresivo (al contrario que el impuesto proporcional) altera las posiciones patrimoniales relativas de las personas y esto provoca una mala asignación de los factores productivos, que son siempre escasos. Si el cirujano tiene menos dinero (porque el gobierno se lo quita) la inversión en equipamiento (bienes de capital) para su consultorio será menor. Pero como los salarios dependen de la cantidad de capital disponible, el salario del enfermero también será menor de lo que hubiera sido en otro caso. En términos agregados y netos, el beneficio procedente de la redistribución que efectúa el gobierno siempre será menor que el beneficio derivado del aumento de salarios reales en una economía altamente capitalizada porque en el primer caso es preciso alimentar una burocracia improductiva (valga la redundancia). Por este motivo, como afirma el profesor Alberto Benegas Lynch (h), el impuesto progresivo, cual boomerang, actúa de forma «regresiva» perjudicando a todos los asalariados y especialmente a aquellos con menor renta.

Gérard Depardieu

En tercer lugar, el impuesto progresivo actúa como un freno a la producción, al trabajo y al esfuerzo. Aquellos trabajadores marginales, cuyas rentas se sitúan próximas al siguiente tramo en la escala de gravamen, procurarán no aumentar su esfuerzo para evitar el siguiente rejonazo fiscal. Evitarán pasar de un tipo marginal inferior a otro superior porque este hecho merma la productividad marginal del trabajo y hace, relativamente, más valioso el tiempo libre. De modo inverso, aquellos trabajadores marginales cuyas rentas se sitúan en la parte baja de un tramo superior procurarán reducir su esfuerzo para desplazarse al tramo inferior de la escala de gravamen. Otras personas con rentas altas -deportistas de élite, artistas, directivos- trasladan su residencia a países menos hostiles (fiscalmente) como hizo el actor Gérard Depardieu, en 2012, cuando François Hollande anunció un tipo marginal «solidario» de 75% para las rentas superiores al millón de euros. Por último, están los que optan por la contraeconomía. Todos ellos, ricos y pobres, actuarán de forma racional para defenderse de la depredación fiscal.

A dónde va nuestro dinero

En ocasiones se argumenta que determinados negocios turísticos, como el «todo incluido», el alquiler vacacional o los cruceros no son demasiado rentables para el destino turístico porque los clientes realizan sus pagos en origen y gran parte del dinero se queda fuera. Otras veces se dice justo lo contrario: el dinero de las compras realizadas en origen, en corporaciones extranjeras como Carrefour o Ikea, se va a Francia o Suecia y no se queda en España. Hoy intentaré explicar adónde va nuestro dinero cada vez que realizamos una compra y veremos que estos lamentos carecen de lógica económica. Para saberlo, basta con seguir el rastro a cada euro. Independientemente de dónde y cómo se realice el pago, el dinero tiene que ir al bolsillo del dueño de los factores de producción: tierra, capital y trabajo. Da igual que un turista pague en origen o en destino, su dinero sufragará absolutamente todo aquello que consuma durante sus vacaciones (transporte, hotel, alimentación, excursiones); la única diferencia es que, en el primer caso, el cliente pagará la factura total a la agencia de viajes que, a su vez, deberá realizar pagos al transportista y al hotel; éste, a su vez, deberá pagar los salarios de los trabajadores y las facturas a proveedores: artistas, alimentación, bebidas, agua, electricidad y un largo etcétera de gastos menores; además, todas las empresas participantes en la economía deberán pagar impuestos y tasas diversas como IBI, basura, vados, etc. Por tanto, el dinero siempre acudirá a retribuir al productor del producto o servicio. 

En el segundo caso, las empresas extranjeras (Carrefour, Ikea, Decathlon) radicadas en España pagarán todos los costes operativos que se producen en origen (salarios, proveedores) y también a todos sus suministradores de mercancías ubicados por todo el mundo; finalmente, en caso de tener beneficios, la corporación repartirá dividendos. Pero en una economía moderna ¿quiénes forman la propiedad de una multinacional?, la mayoría son pequeños ahorradores repartidos por todo el mundo que son accionistas o partícipes de fondos de inversión. El dinero se reparte de una forma intrincada por toda la economía global.

En tercer lugar, los ataques contra el «todo incluido» tampoco se justifican. Supongamos, a efectos dialécticos, que el consumo por visitante permanece invariable; si el turista consume dentro del hotel la cerveza que antes consumía en el bar de la zona, esta elección incrementa las ventas del primero y disminuye las del segundo pero la fábrica -o el distribuidor- en ambos casos, vende la misma cantidad de cerveza. Los hoteles necesitarán más trabajadores y los bares menos, el factor trabajo se traslada de un negocio a otro pero el empleo, en su conjunto, no se resiente. Los cambios que suscita el «todo incluido» forman parte del dinamismo del mercado, producto de los cambiantes gustos de los consumidores. Un buen empresario no se queja de los gustos de sus clientes sino que procura conocerlos y satisfacerlos. Un mal empresario (mercantilista) acude a su amigo, el político de marras, para que éste haga una ley a su medida, ley que favorece sus intereses a expensas de los intereses de competidores y consumidores. Este es el llamado capitalismo de amiguetes. 

Por último, tenemos el negocio del alquiler vacacional, formato muy apreciado por una cantidad creciente de turistas y que mejora la economía de muchas familias. Pues bien, como este sistema funciona, llegan los «defensores del interés general» para legislar, prohibir, regular, hostigar y amenazar a los propietarios con sanciones. La consecuencia es la destrucción de este mercado y la mayor pobreza de miles de afectados pues los turistas se desplazarán a otros destinos. La excusa para la intervención es que el alquiler vacacional evade impuestos y hace competencia desleal a los empresarios turísticos, que sí pagan impuestos. El alquiler vacacional ha funcionado libremente en España durante decenios pero el político saqueador (valga la redundancia) siempre necesita más dinero, lo que confisca habitualmente nunca es suficiente para satisfacer su voracidad.

La sanidad, ¿no se vende?

Ahora que estamos en campaña electoral las mentiras y falacias que habitualmente profieren los políticos se multiplican y amplifican sin que periodistas y contertulios hagan nada por desenmascarar las trampas dialécticas de estos fantoches y vendedores de crecepelo. En su mayoría socialdemócratas, estos afirman que determinadas cosas -como la sanidad o la educación- no están en venta. Hoy me propongo refutar esta afirmación. La realidad es bien distinta pues lo único que no se vende ni se compra es un bien ilimitado -como el aire- o aquello carente de valor -como un trozo de piedra. La sanidad, de todos es sabido, es un bien económico, es decir, es escaso en términos relativos pues la demanda supera a la oferta. También es evidente que los medicamentos se venden en las farmacias, que los médicos y enfermeros venden su trabajo a cambio de dinero o que los hospitales deben pagar las facturas de agua y luz. Como decía Milton Friedman "nada es gratis". Quienes afirman que la sanidad debería ser gratis, en el fondo, pretenden robar los medicamentos a las farmacias, el equipamiento hospitalario a los fabricantes y esclavizar a los trabajadores de la sanidad. La salud o la atención sanitaria, aunque lo proclamen todas las constituciones del mundo, no es un derecho del hombre sino una necesidad humana sujeta a las leyes de la economía. Precisamente, porque la salud es altamente valorada por las personas, los medicamentos y servicios de la salud son objeto de intercambio económico y reflejan precios de mercado. "La salud no tiene precio" es otra estupidez similar. Pero, ¿por qué alguien afirma que la sanidad no está en venta?

Ludwig von Mises

La primera confusión es que nadie compra o vende "sanidad", en general. Los pacientes no van "al" médico, van a "un" médico concreto (aunque ellos no lo elijan y sea impuesto por el jerarca de turno). Decía Ludwig von Mises en su monumental tratado "La Acción Humana" que es un error hablar de economía en términos de "clases" y no de forma concreta; todo intercambio económico es siempre marginal, referido a unidades de producto y servicio específicos. Un consumidor, por ejemplo, no elige entre la sanidad o la educación, tal vez deba elegir entre suscribir un seguro médico privado o enviar a su hijo a un colegio privado. De igual modo, tampoco existen servicios más "esenciales" que otros, tal y como afirma Samuelson y otros teóricos de los "bienes públicos". 

En segundo lugar, afirmar que "la sanidad no se vende", creo yo, es propio de la ideología marxista. En el Manifiesto Comunista, Carlos Marx decía que el dinero no "tenía entrañas". Es propio de ensoñadores y de mentes infantiles creer que es posible organizar un paraíso en la tierra, un país de jauja donde no exista el dinero, ni la propiedad privada y donde todo sea de todos. Detrás de estas ideas, que sólo son deseos, usted hallará toda clase de parásitos, ladrones y enemigos del comercio -como dice Escohotado en su libro. Esta tropa socialista y autoritaria, todos ellos enemigos de la realidad, es altamente peligrosa para la sociedad pues la única forma que tienen de conseguir sus "nobles" objetivos es apelando a la violencia legislativa (valga la redundancia). El fin -dicen ellos- justifica los medios. Sin embargo, la única forma que una persona tiene para conseguir la mejor sanidad posible al mejor precio posible lo constituye el libre mercado y la producción capitalista en el seno de una sociedad abierta. Todo lo demás son eslóganes electorales de estafadores a la caza de votos.

Apostamos por...

Apostamos por las energías limpias, apostamos por la igualdad, apostamos por un turismo de calidad, apostamos por la seguridad alimentaria, apostamos por la educación y la sanidad públicas, apostamos por más recursos para la dependencia, apostamos por la cultura, apostamos por el ajedrez en la escuela, apostamos por el empleo estable y de calidad, etc. «Apostamos por... » es la frase de moda que todo político, sindicalista, ideólogo, ingeniero social o lobista utiliza para disfrazar sus perversas intenciones. En el fondo, estos sedicentes jugadores, en realidad, no quieren otra cosa que utilizar la legislación para prohibir o saquear. Son unos ladrones de tomo y lomo que pretenden privilegios y dinero. Cuando apuestan por las energías limpias lo que pretenden es subvencionarlas a expensas del contribuyente. Cuando algunos artistas dicen apostar por la «cultura» quieren que el gobierno les reduzca el IVA o que financie sus mediocres creaciones; estos comedores del pesebre estatal quieren una retribución superior a la que les asigna libremente el mercado. Pretenden que los consumidores paguen fiscalmente por consumir productos y servicios que no desean ni valoran. Algo que es bueno no precisa de la fuerza para ser consumido. Sólo los que fracasan comercialmente, cual mendigos, «apuestan» porque el Estado les saque las castañas del fuego. 

Apostamos por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres es la frase políticamente correcta que se utiliza para imponer a las empresas cuotas y servidumbres que privilegian a las mujeres a expensas de los empresarios y de sus compañeros de trabajo. Las feminazis que apuestan por la discriminación positiva de la mujer, mediante la coacción legal, deben reconocer su incapacidad para competir en el libre mercado. La envidia y el odio les impide reconocer su fracaso profesional y por eso culpan a la naturaleza o a la sociedad de algo que solo es achacable a su propia ineptitud.

Apostamos por...es la frase preferida del político intervencionista. Apostamos por un turismo de calidad es la frase falaz que sirve para prohibir la construcción de hoteles, excepto los de lujo, o para prohibir que los propietarios alquilen sus apartamentos a los turistas. Apostamos por un transporte seguro y de calidad es la excusa para prohibir la libre competencia de empresas como UBER y Blablacar. Apostamos por el ajedrez significa el intento de que nuestros hijos aprendan, por cojones, el ajedrez en la escuela y así sucesivamente. Detrás de cada «apostamos por», en plural, hay un saqueador que quiere tu dinero o un déspota que desea imponer su voluntad a los demás y en lugar de recurrir a la persuasión utiliza la violencia política (valga la redundancia). Obviamente, la sociedad no es un casino. Cuando alguien va al casino apuesta su propio dinero y es libre de jugarse todo lo que es suyo pero estos ludópatas del Estado quieren apostar siempre con el dinero de los demás.

La ciencia y su presunción de rentabilidad

Reconozco que la radio es mi gran fuente de inspiración. Escucho lo que para mí son falacias económicas y siento un impulso irrefrenable por sentarme a escribir. Hoy hablaré de la ciencia y de su «insuficiente» financiación pública. Periodistas e investigadores se lamentan de que talentosos investigadores españoles deben abandonar su patria porque no tienen oportunidades para investigar en condiciones adecuadas. Los sueldos de los investigadores en España —afirman los tertulianos— son bajos en comparación con los de otros países de la UE. Evidentemente, a cualquiera le gustaría cobrar más. Otra queja es la poca estabilidad laboral.  La continuidad de los proyectos no está garantizada por falta de fondos económicos. Y el argumento principal para reclamar más «inversión» pública en investigación científica es su presunta rentabilidad social. Para ello, aluden a sesudos estudios que afirman que por cada euro invertido en ciencia, la sociedad recupera el doble o triple de la cantidad invertida. Esto es falso. Si fuera cierto, el problema de la pobreza en el mundo quedaría resuelto de un plumazo. Otros informes vinculan gasto en ciencia y creación de empleo. No deja de ser sospechoso que ni un solo estudio de este tipo afirme que el gasto en ciencia haya producido rentabilidades negativas. La causa es evidente: todos esos análisis de rentabilidad son falaces. En el sector público, por mucho que algunos se empeñen, no hay forma racional de medir la rentabilidad económica porque no hay cálculo económico. Solamente la cuenta de resultados de una empresa puede indicarnos si los costes de una línea de investigación se justifican o no. Afirmar que toda investigación per se produce un retorno positivo a la sociedad es tanto como afirmar que la actividad científica es intrínsecamente rentable. La ciencia económica refuta esta tesis.

La investigación científica sufragada públicamente no es una excepción a la norma y presenta las deficiencias propias de cualquier sistema público: a) Incentivos. Son los propios investigadores (sean o no funcionarios) o sus jefes políticos quienes deciden qué investigar. Ellos tienen intereses particulares que no siempre coinciden con los intereses de los contribuyentes, que son quienes pagan sus sueldos. Además, el prestigio que tiene la ciencia es usado instrumentalmente para justificar todo tipo de políticas. Antes de que una ley se promulgue es habitual observar cómo una legión de científicos en nómina de la Administración, como los zapadores, va despeando el terreno de obstáculos. Por ejemplo, si el gobierno quiere prohibir que se fume dentro de los vehículos, asistiremos a una avalancha de estudios «científicos» que estiman en miles los muertos al año por esta causa, la mayoría de ellos niños inocentes. De esta manera, la verdad científica (siempre provisional) es fácilmente pervertida y sustituida por la verdad «oficial» que dicta el gobierno.

b) No existe forma racional de saber si una investigación ha sido o no rentable porque no hay cálculo económico; y tampoco es posible afirmar que la ciencia genera empleo porque no es posible aislar, en el experimento, el resto de variables que actúan. Las ciencias empíricas y las ciencias sociales emplean métodos distintos, y es un error confundir correlación con causalidad. Por tanto, es falaz hablar de «inversión» pública en ciencia cuando de lo que realmente hablamos es de "gasto público" en ciencia. Inversión pública es un oxímoron.

c) La ciencia no es gratis. Todo euro asignado al gasto en investigación ha debido ser previamente confiscado a los ciudadanos, y estos poseen necesidades propias, tal vez más urgentes que la investigación científica. Los defensores del gasto público olvidan el coste de oportunidad, es decir, lo que hubieran podido hacer los contribuyentes con su dinero si no se lo hubieran arrebatado. En el libre mercado son los consumidores quienes determinan, mediante el mecanismo de precios, la producción de la ciencia para atender las necesidades más perentorias de la sociedad.

En conclusión, la ciencia económica refuta la tesis de la rentabilidad garantizada del gasto en ciencia. Reclamar una mayor asignación de dinero público para la investigación científica no se justifica y solo puede obedecer a los intereses de grupo. Algunos investigadores repiten el conocido mantra de sindicalistas y socialistas: «Queremos empleo estable y de calidad». Quieren vivir del dinero confiscado a los demás y eludir la molesta incertidumbre que les ofrece el libre mercado.

El municipalismo como solución al problema catalán

El debate sobre la independencia de Cataluña consiste básicamente en un planteamiento de suma cero. La sociedad catalana está dividida y tanto si Cataluña permanece en España como si se independiza la insatisfacción de la mitad de su población está asegurada. La pugna actual entre los gobiernos español y catalán tiene por objeto únicamente el poder político sobre un territorio: el primero, para mantenerlo, y el segundo, para arrebatárselo al primero. Pero el bienestar de la población parece no importar demasiado a los gobernantes de uno y otro lado del Ebro. 

Respecto a la cuestión de la ilegalidad o inconstitucionalidad de la independencia de Cataluña, esta propuesta es absolutamente liberal. Las leyes deben servir a los ciudadanos y no constituir un obstáculo para que puedan alcanzar sus legítimos fines, incluida la libertad política y el cambio de statu quo. Yo defiendo el concepto hoppeano de secesión indefinida, es decir, los catalanes pueden secesionarse de España y, a su vez, los gerundenses o araneses pueden hacerlo de Cataluña. Esto es jurídicamente viable. El Principado de Liechtenstein admite constitucionalmente la secesión democrática de cada uno de sus once municipios. Por eso, el municipalismo puede ser la solución que proporciona mayor bienestar al mayor número de personas y reduce la pugna social entre facciones.

1. Territorio. Se organiza un referendum de independencia donde se acata el resultado a nivel municipal. Cada dos legislaturas se repite el referendum de tal manera que los municipios pueden cambiar de adscripción nacional cada ocho años. El statu quo político es reversible. Tras la consulta, el territorio de Cataluña es un mosaico de municipios catalanes y españoles, cada uno sujeto a las leyes respectivas de cada Estado. Cada residente podrá encontrarse en alguna de estas cuatro situaciones: a) español en municipio español; b) catalán en municipio catalán; b) español en municipio catalán; y d) catalán en municipio español.

2. Soberanía. El nuevo Estado Catalán fija su capital y completa sus instituciones. Ejerce soberanía sobre todos los municipios cuyo resultado haya sido favorable a la independencia. El Estado español mantiene la suya sobre el resto de municipios. Las competencias municipales serán fijadas por cada Estado.

3. Nacionalidad. Cada español residente en Cataluña será libre de elegir su nacionalidad. Podrá hacerse utilizando una segunda papeleta (nombre, apellidos y DNI) en el mismo acto de la consulta o posteriormente. A los abstencionistas se les asignará, de oficio, la nacionalidad española, inicialmente, sin perjuicio de que se establezcan mecanismos de cambio de nacionalidad.  

4. Relaciones internacionales. En un proceso como el que se describe: negociado, amistoso, libre de coacción y amenazas, no existe motivo alguno que justifique la expulsión del nuevo Estado catalán de las instituciones europeas o internacionales. La vigencia del tratado de Schengen permite una total libertad de circulación de personas, empresas y capitales en todo el territorio, tal y como sucede actualmente cuando una persona circula entre la Seo de Urgell, Andorra y Francia. El euro sigue siendo la moneda común de ambos Estados.

5. Nacionalismo. Todas aquellas personas que posean un fuerte sentimiento nacional y que, tras el referendum, hayan quedado residiendo en un municipio «extranjero» tienen dos opciones: a) mantener su residencia y esperar un cambio de resultado en la próxima consulta; b) mudarse a un municipio de su nacionalidad preferida. Este último caso supondría, sin duda, el afianzamiento de mayorías nacionales en determinados municipios, aumentando la satisfacción de un mayor número de individuos. 

6. Defensa, Seguridad y Justicia. Podrán acordarse cuotas para el reparto de instalaciones y medios de estas instituciones, que deberán radicarse finalmente en sus respectivos territorios. La Policía Local quedará vinculada a cada municipio y sus agentes podrán mantener su nacionalidad independientemente de cambios en la soberanía de los municipios.

7. Competencia política. La descentralización política que supone el municipalismo, junto con el principio de reversibilidad de adscripción nacional, constituye una innovación política que proporciona grandes ventajas para las personas. Los Estados, y los municipios en particular, se ven obligados a competir fiscalmente y los ciudadanos no sólo pueden cambiar de Estado cada ocho años sino que, con muy poco esfuerzo, podrá también "votar con los pies". Las inversiones se encaminarán hacia los municipios más atractivos fiscalmente, estables, pacíficos y que proporcionen mayor seguridad jurídica; mientras que los peor gobernados se irán despoblando (y empobreciendo) paulatinamente. Además, está la ventaja de que no hay redistribución forzosa de las rentas de los ciudadanos que pertenecen a municipios de distintos Estados.  

8. Conflictividad social. Las políticas lingüística, educativa y cultural perderán influencia como medios de adoctrinamiento político y deberán ponerse al servicio de los ciudadanos. Los padres disconformes con estas políticas podrán enviar a sus hijos a estudiar a otros municipios colindantes. Sin embargo, no cabe descartar intentos de limpieza étnica. Algunas corporaciones nacionalistas radicales intentarán expulsar de su territorio a las minorías para consolidar su identidad nacional. Aun así, el número total de insatisfechos siempre será menor que en una solución total: todos españoles o todos catalanes.

Muchos calificarán esta propuesta de utópica, heterodoxa o absurda. No ha sido concebida buscando la soberanía de naciones o estados sino otra soberanía más importante: la del individuo. Este modelo innovador, pacífico, municipalista y reversible permite alcanzar la necesaria paz social en Cataluña a la vez que introduce una saludable competencia política entre Estados. La alternativa que nos ofrece la política ortodoxa no es sino la confrontación social permanente, consecuencia de otra lucha, la que libran las élites políticas de uno y otro bando por el monopolio del poder.

Mejor liquidar que rescatar

Excelente entrevista que nos explica por qué las Cajas de Ahorro nunca debieron ser rescatadas con el dinero de millones de contribuyentes. Solo discrepo de una cosa: el motivo por el que una entidad financiera, como cualquier empresa, debe ser liquidada no es "económico" (que sea más barato) sino "jurídico". Las pérdidas de un negocio privado debe recaer exclusivamente en sus propietarios y nunca en el conjunto de la población.